Ceremonia sobre el acuerdo financiero del proyecto de la desaladora de Casablanca
El Gobierno financia con 340 millones de euros obras hídricas en Marruecos mientras recorta en España el trasvase Tajo-Segura
El Ejecutivo respalda los proyectos del país africano para acabar la sequía mientras legisla para reducir la llegada de agua a Alicante, Murcia y Almería
El Gobierno de España ha oficializado un respaldo financiero de cerca de 340 millones de euros para la construcción de una gran planta desaladora en Casablanca, Marruecos. La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, participó en la ceremonia institucional que pone en valor la financiación de este proyecto, adjudicado a un consorcio liderado por la empresa española Acciona.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene este plan mediante tres instrumentos de apoyo público: un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de 250 millones de euros, un seguro de crédito de CESCE que cubre hasta el 80 % de un tramo de 70 millones, y un préstamo de 31 millones del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) de COFIDES.
Esta infraestructura, que será la mayor desaladora de África con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos anuales, se enmarca en una estrategia de cooperación bilateral que refuerza los vínculos institucionales y económicos. Este proyecto se presenta como un hito en la gestión hídrica frente al «estrés climático».
Sin embargo, el entusiasmo gubernamental por esta inversión en el exterior contrasta drásticamente con la política aplicada dentro de nuestras fronteras, donde el Ejecutivo central impulsa recortes estructurales en el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital para el sureste peninsular.
El contraste de la inversión exterior
La paradoja no ha pasado inadvertida para el sector agrario nacional. Mientras el Ministerio de Economía facilita fondos públicos millonarios para dotar a Marruecos de nuevas infraestructuras hídricas -en un país que, además, ya desarrolla sus propias «autopistas del agua» e inversiones proyectadas hasta 2050-, la realidad en las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de una precariedad extrema. Los datos oficiales publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este lunes dibujan un mapa de sed: los embalses de Alicante se sitúan al 50,79 %, los de Murcia al 35,14 %, y los de Almería caen hasta un crítico 12,05 %.
Estado de los embalses por provincias
Este escenario de escasez es agravado por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, contemplando un incremento de los caudales ecológicos que, en la práctica, mermará a la mitad el volumen de agua transferible hacia el sureste.
Para los regantes, este «hachazo» a la infraestructura no solo es una cuestión de gestión técnica, sino un golpe directo a la supervivencia del sector agroalimentario español.
Un agravio para la agricultura nacional
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha denunciado con contundencia esta «doble vara de medir».
Durante su intervención en el acto de los IV Premios Tribunal de las Aguas de Orihuela, Barrachina calificó de «incoherencia y agravio» que el Gobierno impulse la ingeniería hídrica en territorio marroquí mientras, simultáneamente, condena a la asfixia a miles de agricultores, regantes y familias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. «Resulta incomprensible que el Ejecutivo central destine recursos y respaldo político a proyectos fuera de nuestras fronteras mientras castiga al tejido productivo que es motor de Europa», afirmó el conseller, tildando la política de Moncloa de carente de una visión de Estado y basada exclusivamente en criterios ideológicos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Marruecos, Aziz Akhannouch, en una imagen de archivo
La crispación ha llegado también al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Su presidente, Lucas Jiménez, ha calificado de «traición de primer nivel» la estrategia del Gobierno. Según los regantes, resulta inaceptable que el Ejecutivo busque financiación para interconexiones de cuencas en Marruecos -un competidor directo en los mercados internacionales- mientras desmantela un sistema de trasvases consolidado bajo la bandera de un cambio climático que, curiosamente, parece exigir mayor rigor en España que en el exterior.
Jiménez sostiene que la gestión del agua se ha convertido en una pieza de intercambio político donde las necesidades de los regantes del sureste español siempre salen perdiendo, ignorando además la paradoja de que, en el último ejercicio, el Tajo ha llegado a enviar a Portugal excedentes hídricos muy superiores a las obligaciones legales, sin que ese caudal se aprovechara para aliviar el déficit de las cuencas receptoras nacionales.
El laberinto judicial y político
El conflicto se dirime ahora en un complejo tablero donde las administraciones socialistas han terminado enfrentadas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha forzado al Ministerio para la Transición Ecológica a comparecer ante los tribunales, exigiendo la aplicación inmediata de unos recortes que benefician a su cuenca cedente, aunque ello suponga el estrangulamiento económico de otras regiones.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trata de mantener el equilibrio entre sus pretensiones y su cálculo electoral, los regantes han logrado al menos un respiro jurídico reciente: el Tribunal Supremo ha anulado la capacidad de la Confederación Hidrográfica del Segura para determinar de forma discrecional qué superficies tienen derecho a recibir agua del trasvase.
Este veredicto supone un precedente vital para el futuro, aunque no resuelve el grueso del tema: el recorte del trasvase sigue en pie y la dependencia hídrica del campo español es cada vez más frágil. Con los niveles de los embalses del Segura en cotas alarmantes y el campo asomado al abismo hídrico, la financiación de 340 millones de euros para Marruecos se ha convertido en el símbolo de la desidia hacia los territorios españoles regados por el trasvase.
La política de apoyo a infraestructuras externas ha evidenciado una realidad incómoda: para el Ejecutivo de Sánchez, la gestión del agua parece depender más de cálculos de oportunidad estratégica que de la necesidad urgente de garantizar el agua en casa.
En este tablero, el sureste español se pregunta hasta cuándo podrá sostener la «huerta de Europa» mientras el agua, paradójicamente, fluye con mayor facilidad hacia los proyectos del sur del Mediterráneo que hacia los campos de regadío alicantinos, murcianos y almerienses.
