Imagen de archivo de varios almendros secos en la provincia de Alicante
El Gobierno respalda los trasvases en Marruecos y cede mil hectómetros cúbicos a Portugal mientras escatima 100 al sureste español
La política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un laberinto de paradojas que asfixia al sureste español. Mientras la Región de Murcia y Alicante aguardan con zozobra el inminente fallo del Tribunal Supremo sobre el recorte de 100 hectómetros cúbicos (hm³) en el trasvase Tajo-Segura, la hemeroteca y los datos oficiales de este mes de mayo dibujan una realidad difícil de digerir para el sector agrario.
El Ejecutivo, que el pasado mes de enero ya abrió un frente de malestar al comprometer apoyo para infraestructuras y transferencias de agua en Marruecos -competidor directo del campo español-, permite ahora que el Tajo desborde generosidad hacia Portugal mientras mantiene el «hachazo» sobre los regantes nacionales.
Esta contradicción no es nueva, pero se ha agudizado con el paso de los meses. Si en enero la noticia era el apoyo de Sánchez a los planes hídricos de Rabat, en abril se constató que el río Tajo ya había enviado a Portugal toda el agua estipulada para el año hidrológico, superando las obligaciones en más de 1.000 hm³ de excedente. Todo ello ocurre mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene un pulso judicial contra el Gobierno de su propio partido para forzar una reducción inmediata de las transferencias al Segura, ignorando unos niveles de reserva en la cabecera del Tajo que no se veían en décadas.
Un invierno de abundancia ignorado
A fecha de este lunes, los datos del Ministerio para la Transición Ecológica son demoledores y dejan en evidencia la narrativa de la escasez que sostiene Page. La cuenca del Tajo se encuentra al 79,16 % de su capacidad, con 8.752 hm³ embalsados, una cifra que pulveriza la media de los últimos diez años (7.309 hm³). El corazón del trasvase, el sistema Entrepeñas (628 hm³) y Buendía (1.014 hm³), suma un total de 1.642 hm³. Esta reserva en la cabecera es, por sí sola, casi tres veces superior a toda el agua almacenada en la cuenca del Segura, que apenas alcanza los 666 hm³ (58,42 %).
Estado de los embalses por cuencas
A pesar de esta robustez hídrica, el Gobierno de Sánchez ha permitido que Portugal reciba el 113 % del caudal anual requerido (3.054 hm³ transferidos frente a los 2.700 hm³ del Convenio de Albufeira) cuando aún falta medio año hidrológico por recorrer. Esta «generosidad» exterior contrasta con la rigidez aplicada al sureste, donde cada hectómetro cúbico se disputa en los tribunales como si la cabecera estuviera exhausta.
Frente judicial de Page contra Sánchez
La tensión política ha alcanzado un nuevo pico este mes de mayo. Emiliano García-Page ha logrado que se admita a trámite su recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio por lo que considera «inactividad» del Ejecutivo central a la hora de aplicar los recortes. Page exige «retratarse» y forzar el cumplimiento de unos caudales ecológicos que, en la práctica, suponen el desmantelamiento progresivo del trasvase. Esta postura ha sido calificada de «batalla ficticia» por la oposición en Castilla-La Mancha, que acusa al dirigente socialista de buscar rédito electoral mientras permite que el agua acabe en Portugal.
Desde el sector agrario, la indignación es absoluta. Lucas Jiménez, presidente del Scrats, recuerda que mientras en España se cuestionan los trasvases por razones climáticas, el acuerdo bilateral de enero con Marruecos contempla que España busque financiación para interconexiones de cuencas en el país vecino. «Es una traición de primer nivel», denuncia Jiménez, señalando que se utiliza el dinero de los contribuyentes españoles para potenciar a un rival comercial que no cumple con los estándares sociolaborales ni ambientales de la Unión Europea.
Zozobra en el sureste ante el Supremo
El desenlace de este conflicto se juega ahora en el Tribunal Supremo. Los regantes de Alicante y Murcia viven pendientes de un fallo que determine la legalidad de una planificación que consideran arbitraria. Para la Generalitat Valenciana, representada por el conseller Miguel Barrachina, la situación es «infame»: se «hurta» agua al Tajo-Segura para inundar Portugal y se financian presas en Marruecos mientras se «racanea» la supervivencia del campo valenciano, murciano y andaluz.
En juego no solo están los 100 hm³ de recorte previstos, sino la viabilidad de un modelo que sostiene millones de árboles y miles de empleos. El fallo judicial marcará si la política hídrica de Pedro Sánchez sigue priorizando los compromisos exteriores y las exigencias de Page sobre la realidad estadística de unos embalses de cabecera que, hoy por hoy, rebosan un agua que se le niega al sureste.
