El Gobierno, obligado a explicar qué trasvases financiará a Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura para Alicante y Murcia

La política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido definitivamente al sector agrario del Sureste español. Los agricultores y regantes de Alicante y Murcia están en pie de guerra tras conocerse el compromiso del Ejecutivo de impulsar y buscar financiación para infraestructuras hidráulicas en Marruecos mientras consolida los recortes al Trasvase Tajo-Segura, columna vertebral del regadío en esta parte del país. Tal y como informó El Debate, el anuncio ha sido recibido en el campo como la confirmación de un agravio que consideran ya insostenible.

En este contexto, el senador del Partido Popular por Alicante, Agustín Almodóbar, ha registrado en el Senado una extensa batería de preguntas con el objetivo de obligar al Gobierno a dar explicaciones detalladas sobre los acuerdos alcanzados con el país africano en materia hídrica. El PP pretende esclarecer qué tipo de trasvases, infraestructuras y proyectos está dispuesto a financiar España fuera de sus fronteras mientras limita o cuestiona este tipo de soluciones dentro del territorio nacional.

Las preguntas ponen negro sobre blanco una contradicción que el sector lleva tiempo denunciando: el Ejecutivo rechaza en España las transferencias entre cuencas por razones climáticas y medioambientales, pero avala esa misma lógica cuando se trata de Marruecos. Almodóbar reclama conocer los criterios técnicos y políticos seguidos para tomar estas decisiones y cuestiona que se destinen fondos públicos a inversiones hidráulicas en terceros países sin un plan nacional del agua que garantice seguridad hídrica y equilibrio territorial en España.

Fondos públicos y prioridades internas

El senador 'popular' exige información precisa sobre las cantidades comprometidas, los plazos de ejecución y, en su caso, los mecanismos de devolución de las inversiones. También pregunta qué impacto cuantitativo tendrá esta financiación en los Presupuestos Generales del Estado y si afectará a partidas destinadas al agua, la agricultura o las ayudas frente a la sequía en España.

Otro de los ejes del escrito registrado en la Cámara Alta es la ausencia de alternativas. Almodóbar cuestiona si el Gobierno ha valorado inversiones dentro del país con un impacto económico y social equivalente antes de comprometer recursos con Marruecos, y si se ha tenido en cuenta el efecto de estas decisiones sobre los agricultores del Sureste, que afrontan recortes de agua, encarecimiento energético y una creciente dependencia de la desalación.

Competencia y agravio comparativo

Las preguntas también recogen el malestar de los productores hortofrutícolas, que ven cómo el Ejecutivo facilita el desarrollo hidráulico de un competidor directo en los mercados europeos. El senador alicantino pide al Gobierno una valoración técnica y económica del impacto que estas inversiones pueden tener sobre la competitividad del sector español y cómo responde a las acusaciones de discriminación formuladas por los regantes.

Además, plantea si se han exigido contrapartidas concretas a Marruecos en términos de empleo, comercio o acceso a recursos, y si se ha garantizado que los proyectos financiados con dinero español respeten estándares ambientales y laborales estrictos, una de las grandes reclamaciones del campo español frente a la competencia de terceros países.

Control parlamentario

El control del gasto y la fiscalización democrática ocupan también un lugar destacado en la iniciativa del PP. Los de Feijóo preguntan qué mecanismos de evaluación se aplicarán para asegurar la eficiencia del uso de los fondos y si los acuerdos alcanzados con Marruecos se someterán a una supervisión parlamentaria independiente.

Por último, el senador alerta del desgaste institucional que puede provocar esta política. Cuestiona si el Gobierno es consciente de que priorizar intereses geoestratégicos en la relación con Marruecos puede erosionar la confianza de las comunidades autónomas en la gestión centralizada del agua y alimentar la sensación de abandono en territorios especialmente vulnerables a la escasez hídrica.

Con esta ofensiva en el Senado, el PP busca poner contra las cuerdas al Ejecutivo y dar voz al malestar creciente de un sector que se siente castigado por las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Un conflicto que vuelve a situar el agua en el centro del debate político y que amenaza con intensificarse si no llegan explicaciones claras y soluciones concretas para el Sureste español.