Pleno extraordinario para el pago de la sentencia del APR7 de Serra Gelada
Benidorm afrontará una indemnización de 350 millones por Serra Gelada mientras los propietarios reivindican su derecho «sin perjudicar el interés general»
El Ayuntamiento aprueba un plan de pago con 60 millones iniciales este año, amortización anual y compensaciones en suelo tras una sentencia firme que reconoce la reclamación de la familia Murcia Puchades por unos terrenos cedidos hace más de dos décadas
El Ayuntamiento de Benidorm deberá hacer frente a una indemnización de 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos del Parque Natural de Serra Gelada, en cumplimiento de una sentencia firme que condena a la administración local por unos suelos cedidos hace más de veinte años. La familia Murcia Puchades, titular de esos terrenos, ha reiterado que desde el inicio del proceso ha defendido su derecho a recibir la compensación que considera legalmente correspondiente, al tiempo que asegura haber mantenido una postura orientada a evitar perjuicios para el interés general del municipio.
Así lo ha trasladado el despacho Domingo Monforte Abogados, representante legal de los propietarios, en un comunicado difundido después de que el pleno municipal aprobara este martes el plan diseñado por el Consistorio para afrontar el pago de la condena judicial.
El acuerdo aprobado establece un primer abono de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de este año. Esta cantidad se financiará mediante recursos propios del Ayuntamiento y a través de un préstamo de 55 millones formalizado tras la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico.
Un plan de pagos a largo plazo
A partir de 2027 comenzará el período de amortización obligatoria de la deuda. El plan prevé pagos anuales del principal que no podrán ser inferiores al ocho por ciento de los recursos corrientes ordinarios incluidos en el presupuesto municipal de cada ejercicio.
Además del pago directo, el documento contempla fórmulas de compensación mediante suelo municipal. Por un lado, se establece una dación en pago obligatoria que permitirá saldar los 67,38 millones de euros correspondientes a los intereses generados hasta la fecha. Esta operación deberá materializarse en un plazo máximo de cinco años.
Por otro lado, el acuerdo abre la puerta a sucesivas daciones en pago adicionales destinadas a reducir la deuda restante -tanto el principal como los intereses que se devenguen a partir del 1 de enero de 2027- mediante la cesión de terrenos de titularidad municipal que deberán ser pactados entre ambas partes.
«Actitud constructiva»
Desde el despacho que representa a la familia Murcia Puchades se recuerda que el órgano judicial ha requerido el pago íntegro de la condena dentro de un plazo determinado en fase de ejecución de sentencia. No obstante, los propietarios subrayan que, pese a contar con ese respaldo judicial, han optado por mantener una actitud «constructiva y abierta al diálogo» con el Ayuntamiento.
Según el comunicado, la propuesta acordada responde precisamente a ese planteamiento: articular una fórmula que permita cumplir la sentencia sin comprometer el funcionamiento ordinario del Consistorio ni trasladar el coste de la indemnización a la ciudadanía.
Evitar impactos en servicios e impuestos
En este sentido, los representantes legales de los propietarios aseguran que la solución planteada busca evitar efectos negativos sobre la calidad de los servicios públicos municipales, preservar el empleo en el Ayuntamiento y garantizar que no sea necesario incrementar impuestos o tasas para hacer frente al pago.
Asimismo, sostienen que el plan se ha diseñado para que resulte «asumible» dentro del presupuesto municipal, sin afectar a las subvenciones y ayudas destinadas a colectivos sociales, culturales, deportivos o asistenciales, y evitando cualquier escenario de intervención externa de las cuentas públicas.
«La posición de los propietarios ha sido siempre firme en la defensa de sus derechos, pero compatible con una visión equilibrada y respetuosa con el interés general», señalan desde el despacho de abogados.
A su juicio, la propuesta aprobada por el Ayuntamiento demuestra que es posible ejecutar una sentencia firme mediante soluciones «razonables, proporcionadas y sostenibles», manteniendo abierta la negociación para alcanzar un acuerdo que resulte beneficioso tanto para las partes implicadas como para el conjunto de la ciudad de Benidorm.