Cuenta atrás para que Benidorm resuelva el desafío más grande de su historia

Benidorm afronta el momento económico más delicado de su historia reciente. El Ayuntamiento, presidido por el alcalde del Partido Popular, Toni Pérez, dispone de un margen de apenas diez días para diseñar una salida a una deuda que supera ampliamente su capacidad presupuestaria anual. Se trata de 350 millones de euros que el Consistorio debe abonar tras una resolución judicial favorable a la familia de constructores Murcia Puchades por la pérdida de aprovechamiento urbanístico de unos terrenos ligados al entorno del parque natural de la Serra Gelada.

El tiempo corre para el Gobierno local, que debe presentar ante el Juzgado una propuesta viable para cumplir la sentencia y evitar una situación de quiebra técnica. El plazo inicial para hacerlo expiraba la semana pasada, pero los servicios jurídicos municipales solicitaron una ampliación de diez días con el fin de ganar margen y analizar distintas fórmulas de financiación.

Las últimas novedades al respecto señalan que los propietarios del suelo en Serra Gelada han presentado ante el juzgado un plan de pagos que, en principio, sería del todo asumible por el Consistorio. Ésta debería abonar los 353 millones de euros en un plazo de 30 años. La medida deberá ser aprobada en el pleno municipal que se celebrará el próximo martes. El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Murcia Puchades por los terrenos con una carencia de cinco años y 60 millones de euros ya en 2026.

Consistorio y empresas coinciden tanto en términos como en tiempos, si bien la medida extraordinaria está pendiente de firma conjunta antes de remitirla formalmente ante la Justicia en aras de buscar una salida al pleito.

El origen del conflicto se sitúa a comienzos de los años 2000, cuando el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con los propietarios de varios terrenos que durante décadas habían sido considerados urbanizables en el planeamiento local. La posterior creación del parque natural de la Serra Gelada en 2005 modificó ese escenario, al incorporar definitivamente esos suelos al espacio protegido, lo que anuló las expectativas de desarrollo urbanístico de sus dueños. Como compensación, el Consistorio se comprometía a otorgarles derechos de aprovechamiento en otros sectores urbanísticos.

Ese sistema de compensación nunca llegó a concretarse plenamente. Tras dos prórrogas del convenio, las sociedades vinculadas a la familia Murcia Puchades decidieron romper el acuerdo en 2018 y acudir a los tribunales, reclamando una indemnización económica o una compensación equivalente en suelo. En su demanda, fijaron el valor de los terrenos en 283 millones de euros.

Una sentencia que dispara la deuda

El litigio se prolongó durante varios años y atravesó diferentes instancias judiciales. El Ayuntamiento intentó frenar la obligación de pago mediante sucesivos recursos, incluido el presentado ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acabó dando la razón a los propietarios, que obtuvieron el reconocimiento de su derecho a ser indemnizados. Los intereses generados durante el largo proceso judicial elevaron finalmente la cifra a 350 millones de euros.

El alcalde Toni Pérez ha resumido en varias ocasiones la evolución del conflicto señalando que lo que en su origen era un acuerdo basado en compensaciones urbanísticas acabó transformándose en una «reclamación dineraria imposible de atender».

La magnitud de la cantidad a pagar plantea un problema evidente para las arcas municipales. Benidorm no dispone de liquidez suficiente para afrontar un desembolso de esa envergadura y, además, su modelo de desarrollo urbano, basado en una fuerte concentración de edificaciones en altura, deja muy limitado el suelo disponible para ofrecer como alternativa de compensación.

Primeras vías de financiación

Ante esta situación, el gobierno municipal ha comenzado a explorar fórmulas para obtener recursos. La primera iniciativa ha sido solicitar al Ministerio de Hacienda un préstamo de 55 millones de euros a través del Fondo de Impulso Económico, una herramienta estatal destinada a ayudar a los ayuntamientos a afrontar pagos derivados de resoluciones judiciales firmes.

Esta financiación se articula mediante fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y debería devolverse en un periodo de doce años, con un interés del 3,5 % que empezaría a aplicarse a partir de 2027. Según el alcalde, la ciudad puede asumir esa operación «sin menoscabar los servicios que presta y sin una subida de impuestos».

La oposición municipal ha interpretado esta medida como un primer alivio financiero, aunque subraya que solo cubre una pequeña parte del problema económico al que se enfrenta el municipio.

Negociaciones y posibles acuerdos

Mientras se buscan recursos, el Ayuntamiento también mantiene conversaciones con los representantes de la familia Murcia Puchades con el objetivo de explorar un acuerdo que permita ejecutar la sentencia de manera menos gravosa para las arcas públicas. El Consistorio ha informado al Juzgado de este proceso de diálogo, abierto en el marco de un trámite de audiencia previo a la definición del plan de pago.

Una de las fórmulas que se estudian consiste en compensar parte de la deuda mediante la entrega de suelo municipal. Sin embargo, el margen es reducido, ya que el término municipal apenas cuenta con grandes áreas pendientes de desarrollo urbanístico.

En este contexto ha aparecido el respaldo de la Generalitat Valenciana. Su presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado públicamente al Ayuntamiento su disposición a colaborar y ha asegurado que el consistorio contará con «toda la ayuda que necesite». El dirigente autonómico ha defendido además que el problema tiene su origen en decisiones tomadas hace años, por lo que considera que la situación actual del Gobierno municipal «no es nada reprochable».

La ayuda autonómica, aún sin concretar

El apoyo del Consell podría traducirse en diferentes mecanismos de colaboración institucional. Entre las alternativas figura una aportación económica, la adquisición por parte de la Generalitat de determinados activos municipales o la cesión de suelo autonómico que el Ayuntamiento pudiera utilizar como parte de la compensación a los propietarios.

Por el momento, ninguna de estas fórmulas se ha detallado públicamente, y en el Consistorio reconocen que todavía se está analizando cuál podría ser la vía más viable. La complejidad jurídica y financiera del caso dificulta la elaboración inmediata de una estrategia cerrada.

Desde la oposición, la portavoz socialista Cristina Escoda ha advertido de la gravedad de la situación económica que se avecina y ha señalado que «el horizonte económico es negro».

Pérdida de autonomía financiera

El desafío no se limita a encontrar dinero para cumplir la sentencia. El Ayuntamiento también tendría que reorganizar sus cuentas para generar superávit, con el que atender tanto los préstamos que pueda solicitar como el resto de compromisos derivados de la resolución judicial.

Si las soluciones actuales no fueran suficientes, el Consistorio podría verse obligado a recurrir al Fondo de Financiación de Entidades Locales, un mecanismo estatal diseñado para asistir a ayuntamientos con graves tensiones de tesorería.

Acceder a este sistema garantizaría liquidez inmediata, pero supondría una fuerte supervisión por parte del Ministerio de Hacienda. El departamento estatal pasaría a examinar las cuentas municipales, establecería límites al gasto y tendría capacidad para intervenir en la política fiscal del Ayuntamiento.

Por ahora, el Gobierno local descarta esa vía, ya que implicaría perder buena parte de su autonomía financiera. Solo se contemplaría como último recurso para evitar una situación límite en la principal capital turística de la Comunidad Valenciana, que afronta ahora una cuenta atrás decisiva para encauzar una crisis con efectos potenciales durante los próximos años.