Canal del trasvase Tajo-Segura
Agua para Portugal, sequía para el sureste español: el castigo político al trasvase Tajo-Segura
La generosidad con el país vecino contrasta con la parálisis de un Gobierno central que congela los envíos a Alicante y Murcia pese a registrar reservas históricas en la cabecera
Este jueves, miles de alicantinos volverán a peregrinar hasta la Santa Faz en una tradición nacida de la sequía. En 1489, la rogativa buscaba lluvia; hoy, más de cinco siglos después, la petición sigue siendo la misma, aunque con distinto destinatario. El agua continúa siendo una necesidad en el sureste, ahora condicionada por decisiones políticas.
El contraste con la situación en la cabecera del Tajo es evidente. La cuenca almacena actualmente 8.908 hectómetros cúbicos, el 80,57 % de su capacidad, según los últimos datos oficiales. Un nivel que no solo refleja normalidad, sino una situación de clara abundancia respecto a la media de los últimos años.
Ese excedente ha permitido incluso cumplir con creces los compromisos internacionales. A comienzos de febrero, el Tajo ya había transferido a Portugal 3.054 hectómetros cúbicos, superando el 113 % del volumen anual fijado en el Convenio de Albufeira, cuando aún restaba medio año hidrológico por delante.
En paralelo, la cuenca del Segura apenas alcanza los 645 hectómetros cúbicos, un 56,58 % de su capacidad. Una cifra que, pese a mejorar respecto a ejercicios anteriores, sigue muy lejos de garantizar estabilidad para el regadío y el abastecimiento en el sureste.
Abundancia sin respuesta
Los datos de los embalses refuerzan esa imagen de desequilibrio. Entrepeñas y Buendía, claves para el trasvase, suman más de 1.600 hectómetros cúbicos almacenados, con niveles muy por encima de la media de la última década. Grandes presas como Alcántara o Valdecañas también presentan registros elevados.
Con este escenario, la falta de decisiones claras por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los principales focos de crítica. Pese a la disponibilidad de recursos, el Ejecutivo mantiene en suspenso la actualización de las reglas del trasvase, escudándose en los procesos judiciales abiertos.
Estado de los embalses por cuencas
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dejado claro que no habrá movimientos hasta que se resuelvan las sentencias pendientes, al considerar «temerario» anticipar decisiones. Una posición que, en la práctica, retrasa cualquier definición sobre el futuro del sistema en un momento de excedente hídrico.
Presión política y estrategia
Mientras tanto, el pulso político continúa. El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su ofensiva judicial para endurecer las condiciones del trasvase, incluso en un contexto que permitiría derivaciones máximas de forma automática.
Desde la oposición, se acusa a Emiliano García-Page de utilizar el agua como herramienta electoral, pero las críticas también alcanzan al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no fijar una posición clara. La combinación de abundancia en la cabecera y bloqueo político en Madrid alimenta la sensación de incertidumbre en las regiones receptoras.
El debate se ha extendido además al plano nacional. Propuestas como un pacto estatal del agua han sido rechazadas por el Gobierno castellanomanchego, lo que evidencia la dificultad de alcanzar consensos en una materia cada vez más tensionada.
El Sureste reclama soluciones
En la Comunidad Valenciana y Murcia, el mensaje es coincidente: el problema no es la falta de agua, sino su gestión. El consejero valenciano Miguel Barrachina ha defendido que no se puede «regatear» el recurso al sureste mientras se cumplen sobradamente compromisos internacionales.
También ha insistido en la necesidad de mantener las aportaciones históricas del trasvase y avanzar en infraestructuras que permitan aprovechar mejor el agua disponible. Un planteamiento que coincide con el del sector agrario, que reclama estabilidad y planificación a largo plazo.
La comparación con Portugal se ha convertido en uno de los argumentos más recurrentes: mientras el país vecino ya ha recibido más de 3.000 hectómetros cúbicos, en España se discute el envío de cantidades muy inferiores a zonas con déficit estructural.
Un conflicto con calendario
La falta de decisiones no elimina el problema, sino que lo traslada en el tiempo. El Gobierno central mantiene una posición de espera, condicionado por los tribunales, pero con el riesgo de que el debate se agrave a medida que avance la legislatura.
El calendario político añade presión. En 2027 coincidirán elecciones municipales, autonómicas y generales, y el agua apunta a convertirse en uno de los ejes de la campaña, especialmente en el arco mediterráneo.
En territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el trasvase es clave para la economía, cualquier recorte puede tener un coste electoral significativo para la izquierda. La gestión de los tiempos por parte del Ejecutivo no es ajena a ese contexto.
Al mismo tiempo, la confrontación entre territorios y dentro de los propios partidos refuerza la dimensión política del conflicto. El agua no es solo un recurso natural: es también un factor decisivo en el equilibrio territorial y en la disputa por el poder.
Cinco siglos después de aquella rogativa en Alicante, la necesidad sigue siendo la misma. La diferencia es que ahora la respuesta no depende del cielo, sino de decisiones que, por el momento, el Gobierno sigue aplazando.
