El caso Zapatero obligará a Illa a explicar sus vínculos con China y el megacontrato que adjudicó a Huawei

La presión política sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aumenta un poco más después de que Junts, Vox y el PP hayan registrado solicitudes de comparecencia para que dé explicaciones sobre las relaciones del Govern con empresas chinas, especialmente con Huawei, y sobre la investigación judicial relativa a la campaña electoral del PSC en las elecciones catalanas de 2024.

El origen de la ofensiva parlamentaria se encuentra en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el presunto entramado de corrupción que afecta al PSOE y que también ha situado en el foco al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según las informaciones incorporadas a la causa, Zapatero habría recibido entre 2020 y 2025 un total de 2,6 millones de euros mediante 174 transferencias procedentes de distintas empresas, algunas de ellas vinculadas a China.

A partir de esas revelaciones, la oposición en Cataluña ha dirigido la atención hacia los contratos adjudicados por la Generalitat a la multinacional tecnológica Huawei. En octubre de 2025, el Govern formalizó un contrato de 127 millones de euros para el despliegue y la gestión de la red de fibra óptica que conecta miles de equipamientos públicos catalanes, entre ellos hospitales, centros educativos, juzgados, parques de bomberos y comisarías de los Mossos de Esquadra.

Junts ha registrado una petición formal para que Illa comparezca y detalle cómo se gestaron los vínculos institucionales con empresas chinas. Desde la formación sostienen que la adjudicación a Huawei se produjo pese a las advertencias emitidas por la Unión Europea sobre los riesgos de seguridad asociados a compañías chinas de telecomunicaciones en infraestructuras críticas.

El partido de Carles Puigdemont también reclama explicaciones por el viaje institucional que Illa realizó a China el año pasado, durante el cual se reunió con directivos de Huawei en encuentros celebrados sin presencia de medios de comunicación. Junts cuestiona igualmente el nombramiento de Demetri Rico como director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), después de haber trabajado para Huawei en Europa entre 2017 y 2020.

Sin embargo, el cerco parlamentario no se ha limitado a Junts. El PP ha registrado también una petición de comparecencia para que Illa informe sobre la presunta financiación irregular de la campaña electoral del PSC y sobre las adjudicaciones realizadas por el Govern a empresas extranjeras relacionadas con las investigaciones judiciales abiertas en torno a Zapatero.

Los populares consideran que las «causas de presunta corrupción» que afectan al PSOE también alcanzan políticamente al PSC y sostienen que el president debe ofrecer explicaciones públicas ante el pleno del Parlament. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha recordado, además, que su partido ya había advertido meses atrás sobre las «amistades peligrosas» de Illa con el entorno chino.

Fernández ha recuperado también las sospechas sobre Xiaojuan Li, conocida como «Chili» en algunas investigaciones policiales, y ha vinculado de nuevo su nombre con las adjudicaciones de material sanitario realizadas durante la etapa de Illa al frente del Ministerio de Sanidad. Desde el PP catalán sostienen que los catalanes deben conocer si los contratos adjudicados a Huawei pueden comprometer datos sensibles gestionados por la Administración catalana.

Vox se ha sumado a las peticiones de comparecencia. El presidente del grupo parlamentario, Ignacio Garriga, ha centrado parte de sus críticas en la financiación de la campaña electoral del PSC de 2024 y ha reclamado saber «cómo y quién» pagó aquellos comicios. Garriga ha llegado a preguntarse públicamente si alguna empresa china o alguna persona vinculada a la supuesta trama investigada participó en esa financiación.

La presión sobre el Govern se ha intensificado todavía más después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya ordenado a la UCO requerir al PSOE toda la documentación económica y contable relativa a la campaña del PSC en las elecciones al Parlament celebradas el 12 de mayo de 2024.

La petición judicial incluye contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad y servicios electorales presentados tanto ante la Sindicatura de Cuentas como ante el Tribunal de Cuentas. La resolución forma parte de la investigación sobre el presunto entramado corrupto vinculado al área de organización socialista y coincide con los registros efectuados por la UCO en dependencias de Ferraz y otros inmuebles relacionados con la causa.

La respuesta del PSC

El PSC ha respondido mediante un comunicado en el que ha defendido que la campaña electoral se desarrolló «con total transparencia» y ha asegurado haber cumplido «en todo momento» con la legislación vigente. Los socialistas catalanes dejan claro que pondrán toda la documentación requerida a disposición del juzgado y que colaborarán con la justicia «en todo lo necesario».

Pese a ello, la oposición considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora resultan insuficientes. Junts, PPC y Vox sostienen que la investigación judicial, los contactos institucionales con China y el contrato adjudicado a Huawei han situado al Govern bajo una creciente presión política que, a su juicio, obliga a Illa a comparecer cuanto antes en el Parlament.

A esa presión se añade además otra derivada sensible para la política catalana: las informaciones policiales que apuntan a un supuesto intento de mediación de Zapatero para obtener una comisión del 3 % vinculada al proyecto de Hard Rock en Vila-seca y Salou. Un extremo que la oposición considera especialmente delicado porque conecta la investigación con decisiones estratégicas adoptadas en Cataluña y con posibles irregularidades en la contratación pública.