Impulso Ciudadano intenta anular la amnistía de Quim Torra: «Hemos presentado recurso, vemos una base sólida»

La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano (IC) ha movido ficha para reavivar el debate en torno a la amnistía concedida al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra, en un proceso que había quedado dilatado durante meses por un error en el procedimiento, que hizo que las partes recibiesen hace unos días una notificación que debería haberles llegado hace más de un año.

En concreto, se trata del auto en el que el juzgado de lo penal número 12 de Barcelona rechaza las alegaciones presentadas por IC en septiembre de 2024 contra la amnistía del sucesor de Carles Puigdemont. Cabe recordar que Torra había sido condenado a 15 meses de inhabilitación y a una multa de 24.000 euros por desobedecer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al no retirar a tiempo una pancarta favorable a los presos y los prófugos separatistas de la fachada del Palacio de la Generalitat.

En su escrito, Impulso Ciudadano alegaba que los hechos por los que fue Torra no eran amnistiables –porque «el elemento nuclear de los mismos –decían– no era el contenido de la pancarta sino el incumplimiento de los requerimientos derivados del uso inadecuado de los edificios públicos»–, y que la Ley de Amnistía era inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea (UE).

Estas alegaciones fueron rechazadas por el juzgado hace más de un año, argumentando que el Tribunal Constitucional (TC) ya se había pronunciado sobre estos tres extremos. Aprovechando que el retraso en la notificación a las partes reabre el plazo para recurrir, desde IC explican a El Debate que ya han presentado un recurso de apelación.

Contraria al derecho de la UE

En su recurso, la entidad no insiste en la cohesión de la inconstitucionalidad de la amnistía –«lo seguimos pensando, pero los tribunales ordinarios han de seguir en este caso la interpretación del TC», dicen– pero sí insisten en que la norma aprobada por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es contraria al derecho comunitario.

Lo hacen en base a dos argumentos. El primero es que la función del TC no es dilucidar sobre si una norma es contraria o no al derecho europeo, sino a la Constitución Española, y que además en este tema los tribunales ordinarios no están vinculados por la jurisprudencia del TC.

El segundo argumento gira en torno a si el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea es directamente aplicable o no. Desde IC consideran que la Ley de Amnistía supone «una clara discriminación por razón de ideología», lo que contravendría dicho artículo. Y explican que hace un mes, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dejó claro que dicho artículo sí es aplicable directamente, como el resto del derecho comunitario.

«Creemos que hay una base sólida para plantear un recurso contra el auto del juzgado», señalan desde IC. Con todo, cabe recordar que en noviembre de 2025 el TC rechazó la cuestión planteada por el TSJC sobre la causa por desobediencia contra Torra –advertían de que conllevaría «consecuencias equivalentes al olvido penal»–, dando vía libre a la aplicación de la amnistía.

Tras conocer la noticia, el expresidente catalán aseguró que rechazaba la amnistía. «Ni la he pedido ni la quiero», escribía en X, asegurando que lo que hizo fue «desobedecer una orden injusta e ilegal» y que su única aspiración es ganar las demandas presentadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Para Rafael Arenas, presidente de Impulso Ciudadano, la cuestión va más allá del caso concreto de Torra. «Tenemos la confianza de que al final se reconozca lo que para nosotros es evidente, que es que la Ley de Amnistía vulnera el estado de derecho y desprotege a los ciudadanos», asegura, y señala que la norma también atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

«Las acciones que habrían podido plantear los ciudadanos por la vulneración de sus derechos durante el procés –por ejemplo, la normativa sobre datos personales– ya no van a poder ser investigadas», lamenta, señalando que, además, «desde el punto de vista político la amnistía legitima el golpe de Estado que fue el procés». «Por eso –concluye– seguimos peleando, porque sería malo para todos que se diera por bueno que cuando unas determinadas fuerzas políticas llegan al poder puedan mediante una ley hacer pasar por legal lo que fue ilegal y delictivo».