La UCO detecta pagos ocultos para una «campaña oscura» del PSC en las últimas elecciones catalanas

La investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre una presunta trama vinculada al PSOE ha ha situado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, bajo la lupa. Las diligencias impulsadas por el juez Santiago Pedraz y las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto el foco sobre la campaña de las elecciones catalanas de mayo de 2024, los comicios que devolvieron al PSC a la primera posición y permitieron a Illa acceder a la presidencia de la Generalitat.

El movimiento judicial llega, además, en un momento especialmente delicado para el socialismo español. Las investigaciones que afectan al entorno del PSOE han provocado una intensa ofensiva política de la oposición contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese contexto, Salvador Illa ha mantenido una defensa firme tanto del jefe del ejecutivo español como de las siglas socialistas, reivindicando la actuación del PSOE y rechazando las acusaciones lanzadas desde la oposición.

Sin embargo, la evolución de la investigación ha introducido un nuevo elemento de desgaste político para el Govern. La Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE toda la documentación económica relacionada con la campaña catalana de 2024. El requerimiento incluye contratos, facturas, gastos de propaganda y publicidad, así como toda la información contable remitida en su día a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Cuentas.

Según publica El Economista, las sospechas de los investigadores giran en torno a la posible existencia de una denominada «campaña oscura», una estrategia orientada presuntamente a influir en la opinión pública mediante la difusión de informaciones interesadas o noticias falsas y a desmovilizar a electorados rivales durante el proceso electoral. Se trata, por ahora, de una hipótesis de investigación que la Guardia Civil trata de acreditar o descartar a partir de la documentación intervenida y de los movimientos económicos analizados.

La causa forma parte de una investigación más amplia sobre una supuesta estructura organizada que habría operado en el entorno del PSOE. Según la línea de investigación abierta por la Audiencia Nacional, algunas de las personas investigadas habrían mantenido una «unidad de acción» destinada a influir en procedimientos judiciales que afectaban al partido y a sus dirigentes.

Entre los elementos que examina la UCO figura un pago de alrededor de 20.000 euros a la periodista Patricia López, fallecida recientemente, a través de la sociedad Grupo Crónica Libre. Según recoge el auto judicial, la operación habría sido canalizada como una campaña publicitaria incluida en el plan de medios del partido. Los investigadores intentan determinar cuál fue la finalidad real de ese desembolso y si estaba vinculado a la difusión de determinados contenidos de interés para la organización.

Las pesquisas también han puesto bajo la lupa anotaciones y documentación intervenida a Leire Díez, exmilitante socialista e investigada en el procedimiento. En esos documentos aparecen referencias a la creación de un medio de comunicación y a una estrategia identificada internamente como «Operación PSOE». Para los investigadores, estas referencias podrían apuntar a una estructura orientada a influir tanto en el debate público como en determinadas causas judiciales.

La campaña costó casi 3 millones de euros

Paralelamente, la investigación ha recuperado algunos elementos ya señalados en su momento por la Sindicatura de Comptes. El órgano fiscalizador constató que el PSC contó con un presupuesto electoral cercano a los 2,9 millones de euros durante la campaña catalana y detectó determinadas incidencias contables, entre ellas pagos realizados fuera de la cuenta electoral habilitada para los comicios. También apuntó a servicios prestados por empresas cuya facturación superaba determinados límites legales.

No obstante, aquellas observaciones no suponían por sí mismas la acreditación de ninguna conducta delictiva ni establecían relación alguna con la investigación abierta actualmente por la Audiencia Nacional. Precisamente por ello, la nueva documentación requerida por el juez pretende aclarar si existe algún vínculo entre aquellos movimientos económicos y las sospechas que ahora manejan los investigadores.

Desde el PSC aseguran que ya ha recopilado toda la documentación solicitada y que colaborará plenamente con la justicia. Los socialistas insisten en que el auto judicial no atribuye ninguna irregularidad a la campaña catalana ni señala responsabilidad alguna por parte del partido o de Salvador Illa.

Pero el debate ha saltado rápidamente del terreno judicial al político. Junts per Catalunya ha exigido la comparecencia inmediata del presidente de la Generalitat en el Parlament para que dé explicaciones públicas sobre las informaciones conocidas. La portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha reclamado transparencia y garantías, mientras que el expresidente Carles Puigdemont ha instado a Illa a ofrecer explicaciones y abandonar lo que considera una estrategia de victimización política.

La ofensiva de Junts no es casual. Las elecciones de mayo de 2024 supusieron un cambio de ciclo en Cataluña al poner fin a una década de gobiernos encabezados por fuerzas independentistas. El PSC logró imponerse en las urnas y abrió una nueva etapa política que culminó con la investidura de Salvador Illa. Cualquier duda sobre aquella campaña tiene, por tanto, una evidente dimensión política y simbólica.