Carles Puigdemont y Toni Comin, en el Parlamento Europeo
Bruselas se desentiende de la denuncia de Puigdemont y dice que corresponde a España aplicar la amnistía
La Comisión recuerda que la resolución del TJUE sobre la amnistía es una respuesta a preguntas de los tribunales españoles
No tiene muchos visos de recorrido la denuncia presentada contra España por el expresidente prófugo de Cataluña, Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig ante la Comisión Europea por no aplicar de forma inmediata la amnistía después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara el pasado miércoles que el proceso independentista no empleó dinero de los fondos europeos.
En concreto, los denunciantes se quejan de que el lunes pasado el Tribunal de Cuentas español reconociera la recepción de la respuesta del TJUE pero no lo aplicara de inmediato, dando diez días a las partes para que se pronuncien.
La Comisión Europea ha asegurado que corresponde a los tribunales españoles aplicar la amnistía, en un intento de desentenderse de las quejas de los catalanes. «Corresponde a los tribunales remitentes ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia», explica en declaraciones a El Debate una portavoz de la Comisión Europea.
Es decir, que vuelca la responsabilidad sobre la aplicación de la amnistía al Tribunal Supremo de España, que es quien preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), su posición acerca de la presunta utilización de fondos europeos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La portavoz de la Comisión ha confirmado que se ha recibido la denuncia presentada por Puigdemont, Comín y Puig. Y ha explicado que la misma tendrá el recorrido que tienen todas las denuncias de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión Europea: «Tras su recepción, las reclamaciones se examinan, registran y evalúan antes de tomar una decisión», señala esta portavoz.
Una vez realizada esta aclaración, la Comisión Europea asegura que «no tenemos más comentarios al respecto por el momento».
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Aún cuando la reclamación de los independentistas fuera admitida, lo cual no significaría que estuviera de acuerdo con la misma, la Comisión Europea tardaría meses en dar una respuesta definitiva ya que, según su procedimiento, la Comisión llamaría a los denunciantes para escucharles. Una vez hecho esto, propondría al Gobierno español que presente alegaciones y le daría un plazo de varios meses. Solo después, la Comisión realizaría un informe con su opinión al que nuevamente daría un plazo a las partes para proponer alegaciones. Y solo después de analizarlas, enviaría el caso al TJUE o lo desecharía.
