Dos intérpretes no logran traducir del catalán al castellano y los abogados acaban preguntando en español

Todos los intervinientes dominan el español. Pero en un juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona ha sido necesario recurrir a intérpretes para traducir las preguntas del catalán al español. El problema es que los intérpretes han fallado y, al final, los propios abogados han tenido que cambiar de idioma para poder continuar.

La escena se ha producido durante el juicio por las lesiones sufridas por Roger Español durante la jornada del referéndumm ilegal del 1 de octubre. La abogada Laia Serra, de Òmnium Cultural, ha formulado en catalán una pregunta al jefe policial de la unidad Camel de la Policía Nacional y la intérprete no ha conseguido traducirla correctamente al castellano. El presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, ha llegado a plantear la posibilidad de detener la vista y buscar otro intérprete.

Serra ha optado inicialmente por traducirse ella misma la pregunta para evitar más retrasos. Después ha llegado una segunda intérprete, pero tampoco ha resuelto completamente el problema. Finalmente, la propia abogada ha decidido continuar el interrogatorio en castellano. Benet Salellas, abogado de Roger Español, también ha comenzado preguntando en catalán y ha acabado recurriendo al castellano ante las dificultades de traducción.

Y ahí está la paradoja: para garantizar que unas preguntas formuladas en catalán pudieran ser comprendidas en castellano se ha puesto en marcha un servicio de interpretación que ha acabado obligando a los propios abogados a abandonar el catalán y hablar directamente en español.

No había, en este caso, una barrera lingüística entre los protagonistas. Los abogados han utilizado el castellano y los policías interrogados han respondido en esta lengua. La dificultad ha aparecido al introducir un intermediario para trasladar de una lengua a otra unas preguntas que finalmente podían formularse directamente en castellano.

Explicaciones de la Generalitat

El catalán es una lengua oficial y la legislación permite a abogados, partes, testigos y peritos utilizarlo en los procedimientos judiciales en Cataluña. La normativa contempla también la intervención de intérpretes en las actuaciones orales cuando resulta necesario.

Pero el episodio de Barcelona ha mostrado hasta qué punto puede complicarse el sistema cuando se recurre a la interpretación incluso entre personas que se comunican en castellano: una primera intérprete no ha podido traducir una pregunta, ha sido necesario buscar una segunda y los abogados han terminado cambiando al español para poder continuar con normalidad.

La Generalitat ha tenido que pedir explicaciones por los fallos. El Departamento de Justicia ha requerido a la empresa encargada del servicio para que aclare lo ocurrido y determine si se han producido incumplimientos de las condiciones contratadas. Los servicios de traducción e interpretación judicial están externalizados, salvo las traducciones del castellano al catalán realizadas por los servicios lingüísticos de la Administración de Justicia.

A su vez, los grupos parlamentarios de ERC, Comunes y CUP han registrado unaa petición para que comparezca ante el Parlament el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, por las «incidencias» en este servicio de traducción.

El resultado deja una imagen difícil de explicar: se ha necesitado un intérprete para pasar del catalán al castellano, el intérprete no ha conseguido hacerlo correctamente y la solución ha sido que los abogados hablen directamente en castellano.