Illa reivindica la transparencia del PSC ante la ofensiva de la oposición: «¿Qué más explicaciones quieren?»

La sombra de las investigaciones que salpican al entorno del PSOE ha vuelto a colarse este miércoles en el Parlament. Junts, ERC, PP, Vox y Comunes han pedido explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre esta cuestión, y sobre la financiación de la campaña electoral del PSC de 2024, los contratos de la Generalitat con la tecnológica china Huawei y las informaciones que han situado a dirigentes socialistas en el foco político y mediático durante las últimas semanas.

Lejos de eludir la polémica, Illa ha defendido la actuación de su partido y ha rechazado las acusaciones lanzadas desde la oposición. «¿Qué más explicaciones quieren?», ha preguntado el jefe del ejecutivo catalán durante su intervención, en la que ha insistido en que tanto él como el PSC han actuado «con total transparencia» y han facilitado toda la información requerida.

El presidente de la Generalitat ha recordado que las cuentas de la campaña electoral de 2024 fueron fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas y que la documentación solicitada por la Audiencia Nacional ya ha sido remitida a la justicia. Además, ha asegurado que los informes de control sitúan al PSC en una posición favorable respecto a otras formaciones políticas. De ahí que haya reivindicado que su partido está «libre de corrupción».

Críticas de la oposición

La presión más intensa ha llegado desde Junts. La presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha acusado a Illa de no ofrecer explicaciones suficientes sobre el contrato adjudicado a Huawei para reforzar la red pública de fibra óptica de la Generalitat y sobre las referencias a Cataluña que aparecen en las investigaciones relacionadas con el expresidente Zapatero. La dirigente posconvergente le ha reprochado que no haya comparecido específicamente para abordar estas cuestiones y ha cuestionado la falta de respuestas, a su juicio, sobre varios asuntos que afectan al PSC.

Illa ha respondido que el Govern ya ha dado explicaciones en sede parlamentaria a través del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y ha acusado a Junts de ignorar deliberadamente las aclaraciones ofrecidas. «¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que diga?», ha replicado, insistiendo en que toda la información relativa a la campaña electoral está auditada y sometida a control público.

También ERC ha aprovechado la sesión para advertir al Govern de que la corrupción constituye una «línea roja». El presidente del grupo republicano, Josep Maria Jové, ha reclamado que se aparten de forma inmediata las posibles «manzanas podridas» que puedan existir dentro de cualquier organización política y ha reprochado a Illa lo que considera una doble vara de medir entre las investigaciones que afectan actualmente al PSOE y las causas judiciales abiertas contra el independentismo durante los años del procés.

El presidente catalán ha coincidido en señalar que la corrupción es incompatible con la acción política y ha defendido que la mejor forma de combatirla pasa por reforzar los mecanismos de prevención y actuar con contundencia cuando se detectan irregularidades. Al mismo tiempo, ha reivindicado el respeto a la presunción de inocencia y al trabajo de los tribunales.

Desde las filas del PP, Alejandro Fernández ha elevado el tono al vincular políticamente a Illa con antiguos dirigentes socialistas investigados judicialmente, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y ha advertido de que las distintas causas que afectan al PSOE proyectan una imagen muy negativa sobre el partido. Vox, por su parte, ha anunciado que solicitará que el presidente de la Generalitat declare como testigo en las diligencias relacionadas con la presunta financiación irregular de los socialistas.

Illa ha rechazado de plano cualquier insinuación sobre su implicación en irregularidades. Ha asegurado que nunca ha mantenido relaciones de favor con ninguna empresa y que no tiene «nada que esconder». Además, ha aprovechado para devolver los ataques tanto al PP como a Vox, cuestionando las contradicciones de los populares respecto a Junts y aludiendo a la financiación de la formación que preside Santiago Abascal.

Los Comunes han adoptado una posición más intermedia. Su líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha reconocido la existencia de episodios de lawfare en la política española, pero ha advertido de que no todas las investigaciones pueden explicarse bajo ese prisma. Por ello, ha reclamado tanto a Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero que comparezcan públicamente cuanto antes para aclarar las dudas existentes.

El presidente catalán ha respondido que ambos darán explicaciones y ha defendido la reacción del PSOE ante los casos que afectan a algunos de sus dirigentes. A su juicio, los socialistas han actuado con rapidez y transparencia, una actitud que, ha afirmado, no siempre se produce en otras formaciones políticas.

La sesión ha evidenciado hasta qué punto las turbulencias que atraviesa el PSOE en el ámbito estatal han irrumpido ya de lleno en la política catalana. A las puertas de una negociación clave para la estabilidad parlamentaria del Govern, la oposición ha encontrado en estos casos un nuevo frente para desgastar a Illa, mientras el presidente trata de marcar distancias entre las investigaciones abiertas y la gestión de su ejecutivo al frente de la Generalitat.