El independentismo fracasa: el bloqueo policial al boicot en la Sagrada Familia no pasa de ser un lloriqueo

El independentismo llevaba años sin una gran cita internacional en Barcelona sobre la que proyectar su relato político. La visita del Papa León XIV parecía una oportunidad perfecta para volver a colocar el llamado «conflicto catalán» ante las cámaras de todo el mundo. Sin embargo, el resultado fue muy distinto al esperado: una movilización reducida, un intento frustrado de introducir simbología independentista en el interior de la Sagrada Familia y una cascada de quejas posteriores que no han logrado ocultar el verdadero balance de la jornada.

La protesta convocada por la ANC y Òmnium Cultural apenas congregó a un centenar de personas en el exterior del templo. Controlada en todo momento por los Mossos de Esquadra, la concentración transcurrió sin incidentes relevantes y sin capacidad alguna para alterar el desarrollo del acto presidido por el Pontífice.

El episodio que ha generado la polémica se produjo en el interior de la basílica. Según las informaciones conocidas, el dispositivo de seguridad detectó que varios integrantes de trece corales, unas 600 personas, portaban partituras con esteladas impresas y tenían la intención de interpretar «Els Segadors», una pieza que no figuraba en el programa oficial de la ceremonia religiosa. Ante esa situación, la seguridad decidió desalojarlos discretamente para evitar que el acto derivara en una reivindicación política.

La consecuencia inmediata fue que la organización sustituyó la actuación coral prevista por música grabada en el tramo final de la ceremonia. Para los millones de espectadores que siguieron el evento por televisión, el cambio pasó prácticamente inadvertido. El supuesto boicot nunca llegó a producirse.

Pataleta de los partidos

Sin embargo, una vez frustrada la iniciativa, el debate se ha trasladado al terreno político. CUP, Junts y ERC han exigido explicaciones por la actuación policial, mientras entidades como Òmnium y la ANC han hablado de vulneración de la libertad de expresión e incluso han reclamado responsabilidades políticas.

La CUP ha registrado preguntas parlamentarias para aclarar quién dio las órdenes y bajo qué criterios se impidió el acceso de personas que portaban esteladas, mientras que Junts ha calificado la actuación de «intolerable» y ha solicitado comparecencias tanto del ministro del Interior como de la consejera catalana. Desde ERC también se han pedido explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

El discurso, sin embargo, choca con otro hecho difícilmente discutible: la dirección de la Sagrada Familia ha recordado que «Els Segadors» no formaba parte del programa oficial y que durante las celebraciones religiosas no está permitida la exhibición de banderas en el interior del templo. Es decir, la actuación de la seguridad respondió a la preservación del desarrollo previsto de un acto litúrgico y no a una modificación improvisada de las normas.

Las fuentes policiales han ido incluso más allá al señalar que la intención era evitar un boicot organizado que utilizara un acontecimiento religioso de dimensión internacional como escaparate político. Una vez detectada esa posibilidad, la intervención impidió que se alterara la ceremonia y evitó imágenes que habrían monopolizado la atención mediática.

Paradójicamente, el mayor ruido se ha producido después. Incapaz de convertir la visita papal en una demostración de fuerza, el independentismo ha desplazado el foco hacia la actuación policial y ha construido un relato de persecución política. Pero los hechos reflejan una realidad diferente: la movilización fue reducida, el intento de protesta no llegó a ejecutarse y el acto se desarrolló conforme al programa previsto.

La polémica posterior, alimentada por comunicados, peticiones de comparecencia y acusaciones de «caza de brujas», parece responder más a la necesidad de explicar un fracaso político que al impacto real de una protesta que apenas dejó huella en el desarrollo de la visita del Papa a Barcelona.