Cataluña pide endurecer la pena por tener armas de fuego: los Mossos temen que la próxima víctima sea inocente

Más que una sucesión de ajustes de cuentas, los últimos tiroteos registrados en Cataluña han sido, según el análisis de los Mossos de Esquadra, la manifestación de un fenómeno mucho más complejo: la actuación de estructuras de criminalidad organizada que cada vez resuelven sus conflictos con armas de fuego en espacios públicos. Esa es la advertencia que ha lanzado el intendente Toni Rodríguez, quien ha alertado incluso del riesgo de una «consecuencia exocriminal», es decir, que personas completamente ajenas a esas disputas puedan acabar convirtiéndose en víctimas colaterales.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Departamento de Interior ha anunciado su intención de impulsar un endurecimiento de las penas por tenencia ilegal de armas y por el cultivo y tráfico de marihuana. La propuesta pasa por elevar hasta cinco años de prisión la condena por portar un arma de fuego de forma ilícita y aumentar de la actual horquilla de entre uno y tres años hasta otra de entre seis y nueve años las penas para las grandes plantaciones y el tráfico de cannabis. El Govern ya trabaja en la documentación necesaria para trasladar la iniciativa al Congreso de los Diputados.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que el objetivo es «endurecer» las condenas para disuadir el uso de armas y dotar a las administraciones de mejores herramientas frente a una delincuencia que, según ha explicado, está mayoritariamente vinculada al negocio de la marihuana y al narcotráfico. En la misma línea, el director general de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que actualmente la tenencia ilegal de armas «sale bastante gratis», ya que en pocas ocasiones supone el ingreso efectivo en prisión, y ha apostado por equiparar la legislación española a la de países como Italia o Alemania.

La preocupación policial, sin embargo, no responde únicamente a un aumento de los incidentes. Interior ha explicado que durante los primeros meses de 2026 se han registrado 139 avisos relacionados con armas de fuego, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior. El primer trimestre del año ha cerrado con un 23% menos de incidentes que en 2025 y, hasta mayo, el descenso acumulado ha sido del 7,8%.

Pese a ello, los responsables policiales consideran que la naturaleza de estos episodios resulta especialmente preocupante. Toni Rodríguez ha explicado que detrás de muchos de los homicidios y tiroteos existen estructuras de criminalidad organizada y que el principal foco de inquietud se encuentra en las redes de narcotráfico, cuyos conflictos se están trasladando a las calles. Entre los perfiles que recurren a las armas figuran desde delincuentes comunes hasta grupos dedicados a múltiples actividades ilícitas, aunque son las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas las que concentran la mayor atención de los investigadores.

Los Mossos de Esquadra han advertido de que estas organizaciones no solo utilizan las armas para proteger plantaciones o cargamentos, sino también para resolver disputas entre clanes rivales. Algunas investigaciones apuntan, además, a enfrentamientos entre grupos criminales balcánicos que mantienen una guerra desde hace años y que han intensificado su actividad en Cataluña. El riesgo, según la policía, es que estos ajustes de cuentas terminen afectando a ciudadanos sin ninguna relación con esos conflictos.

El asesinato cometido este miércoles en la calle Balmes de Barcelona ha ejemplificado esa preocupación. Un hombre disparó contra su víctima a plena luz del día y huyó del lugar, pese a encontrarse frente a una comisaría de la Policía Nacional y coincidiendo con un amplio despliegue policial por la visita del Papa León XIV a Cataluña. El crimen sigue bajo investigación y no se descarta su relación con el narcotráfico.

Los datos aportados por Interior muestran además una evolución en el tipo de armas utilizadas. El 50% de las empleadas en los incidentes registrados este año son consideradas «dudosas», ya que no han sido recuperadas y no puede confirmarse si eran reales o simuladas. El 35% corresponden a armas falsas y el 15% a armas reales. En comparación con 2025, aumenta de forma significativa el uso de armas falsas, mientras disminuye el porcentaje de armas reales identificadas.

También crece el protagonismo de las armas cortas. Si en 2025 representaban el 54% de las armas intervenidas, durante la primera mitad de 2026 ya alcanzan el 70%, según las cifras facilitadas por el Departamento de Interior.

En cuanto a las consecuencias de esta violencia, los Mossos de Esquadra han contabilizado seis fallecidos y 18 heridos por arma de fuego en lo que va de año, frente a los ocho muertos y 28 heridos registrados durante todo 2025. De los seis homicidios de este año, la policía ha señalado que todos presentan indicios de estar relacionados con estructuras organizadas, la mayoría vinculadas al narcotráfico.

Preocupación de los sindicatos policiales

La preocupación también ha llegado a los sindicatos policiales. Desde USPAC han reclamado reformas legislativas, policiales y penitenciarias para hacer frente a una delincuencia cada vez más organizada y violenta. Por su parte, el sindicato SAP-ME ha pedido evitar tanto el alarmismo como el negacionismo, aunque ha insistido en la necesidad de reforzar las unidades de investigación e inteligencia y de dotar de más formación y protección a los agentes de seguridad ciudadana, que suelen ser los primeros en intervenir en este tipo de sucesos.

Para Interior, la respuesta pasa ahora por la vía legislativa. El Govern considera que un endurecimiento de las penas permitiría no solo incrementar el efecto disuasorio, sino también facilitar medidas como la prisión provisional y evitar que Cataluña se convierta en un territorio especialmente atractivo para las organizaciones criminales internacionales.