Illa entrega a una exresponsable de Colau el mando de la nueva dirección que vigilará y sancionará en materia de vivienda

La Generalitat ultima la creación de la Dirección General de Disciplina de Vivienda, un nuevo órgano llamado a convertirse en la punta de lanza de la política inspectora y sancionadora del Govern en materia de vivienda. Al frente estará Fuensanta Alcalá, quien durante los mandatos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona fue la responsable de desplegar el modelo de inspección y disciplina con el que el consistorio abrió expedientes a grandes tenedores y persiguió los incumplimientos de la normativa de vivienda.

Su nombramiento, que el ejecutivo prevé formalizar a finales de julio, da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por Salvador Illa con los Comunes a cambio de su apoyo a los presupuestos. La formación de Jéssica Albiach había condicionado ese acuerdo a la creación de un órgano específico que asumiera las funciones de inspección y sanción y acompañara la futura ley contra la denominada compra especulativa de vivienda, todavía en tramitación parlamentaria.

La nueva dirección general concentrará las competencias de control sobre el cumplimiento de la normativa de vivienda y será una de las piezas clave del nuevo marco regulatorio que impulsa el Govern junto a los Comunes. La intención es reforzar la capacidad sancionadora de la Generalitat frente a las infracciones vinculadas al mercado residencial y centralizar unos expedientes que hasta ahora dependían de distintos organismos de la Administración catalana.

El perfil elegido no es casual. Alcalá es una jurista con una larga trayectoria en la administración pública, pero su nombre quedó especialmente ligado a las políticas de vivienda impulsadas por Ada Colau. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Barcelona para dirigir el recién creado Departamento de Disciplina de Vivienda, desde donde se diseñó el sistema de inspecciones que caracterizó buena parte de la estrategia municipal contra los grandes propietarios y los pisos que incumplían la normativa.

Antes de esa etapa había ocupado distintos cargos en la Generalitat y en organismos públicos relacionados con la vivienda, entre ellos la Agencia de la Vivienda de Cataluña, el antiguo Departamento de Política Territorial y varias empresas públicas del sector.

Su regreso a la administración autonómica llega, además, después de haber recibido este año dos contratos menores del Departamento de Territorio y Vivienda. Uno de ellos, por 4.840 euros, consistía en la elaboración de un estudio sobre mecanismos de protección de la vivienda habitual, un informe que forma parte de la documentación utilizada por la Generalitat para fundamentar la futura regulación contra la compra especulativa. El segundo, por 5.808 euros, tenía como objeto la formación de inspectores de vivienda en materia de contención de rentas, precisamente los funcionarios encargados de aplicar el régimen sancionador previsto por la normativa.

Desde los Comunes reivindican el nombramiento por la experiencia de Alcalá en la gestión de políticas públicas de vivienda y consideran que su perfil garantiza la aplicación efectiva de la legislación. Para el PSC, la creación de esta dirección general forma parte del acuerdo alcanzado con sus socios parlamentarios para reforzar el cumplimiento de la normativa en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales prioridades de la legislatura.

La previsión del Govern es aprobar la creación de la nueva Dirección General de Disciplina de Vivienda en la reunión del Consejo Ejecutivo prevista para el 28 de julio. Con ello, el Ejecutivo dará un paso más en el despliegue del pacto alcanzado con los Comunes y situará al frente del nuevo organismo a una de las figuras que mejor conocen el modelo de disciplina de vivienda impulsado por Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona.