Fachada de la sede del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, en una imagen de archivo
Cataluña
La Fiscalía Anticorrupción investiga el descontrol en las ayudas del gobierno catalán a jóvenes extutelados
También investigan la posible existencia de «plazas fantasma» para la acogida de jóvenes
La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat para jóvenes extutelados, después de que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) le advirtiera de falta de control en las empresas encargadas del seguimiento de esas prestaciones.
Según fuentes jurídicas recogidas por Efe, el ministerio público tiene abiertas unas diligencias de investigación sobre la línea de prestaciones económicas a extutelados y la posible existencia de «plazas fantasma» para la acogida de jóvenes, en las que ha pedido la colaboración de la OAC.
La OAC, de hecho, ya investigaba por su parte las denuncias que un educador social presentó por posibles irregularidades en las prestaciones de la antigua Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), de cuya gestión se encargaba una UTE formada por la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundació Resilis.
Pagos indebidos
A las denuncias de supuestas irregularidades en la gestión de prestaciones, presentadas el año pasado, se sumó un informe de la Sindicatura de Cuentas que elevaba a 167,5 millones de euros los pagos indebidos de la DGAIA entre 2016 y 2024 y alertaba de la falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las ayudas.
Las denuncias coincidieron con el caso de la menor que fue víctima de una red de pederastas del barrio barcelonés del Raval mientras estaba tutelada, lo que propició una crisis que llevó al Govern a reformar la DGAIA, ahora denominada Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y a asumir directamente el seguimiento de las prestaciones económicas a los jóvenes tutelados.
La OAC ha finalizado la investigación que abrió por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a extutelados y ha remitido ya sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, en las que descarta indicios de delito en la gestión de las prestaciones económicas.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Pese a no apreciar fraude en las ayudas, la OAC sí insta a la Fiscalía a investigar si se cumplieron las cláusulas de los contratos firmados con las empresas encargadas de la gestión de las prestaciones, tras detectar deficiencias en el seguimiento de las mismas.
La OAC mantiene abierta una segunda investigación, también en colaboración con la Fiscalía, sobre la denuncia de «plazas fantasma», recursos habitacionales para extutelados pagados por la administración pero que no consta que fueran utilizados por los jóvenes a los que iban destinados.
En esta segunda investigación, Antifraude está analizando la documentación relacionada con los contratos que la DGAIA firmó con las empresas adjudicatarias de la gestión de la prestación.
El pasado mes de mayo, la exconsejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, anunció que su departamento asumirá a partir del 1 de enero de 2027 el servicio de seguimiento de las prestaciones económicas de los jóvenes extutelados y que, por tanto, éste no volverá a salir a licitación.
