Guardias civiles denuncian que Marlaska vende como «optimización» el desmantelamiento del cuerpo en Cataluña

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado una vez más el desmantelamiento «pausado pero constante» del cuerpo en Cataluña, así como el «vaciado de competencias». La organización había pedido a la Dirección Adjunta Operativa explicaciones sobre dicho «desmantelamiento encubierto».

En un duro comunicado emitido tras recibir la respuesta, lamentan que el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska usa un lenguaje burocrático y «trufado de eufemismos» para «enmascarar» la pérdida real de presencia, capacidad operativa y arraigo territorial en la comunidad autónoma. Entre estos eufemismos están términos como «optimización de recursos» o «reorganización de unidades».

Uno de los ejemplos más sangrantes a juicio de Jucil es el cierre de la unidad del Seprona en Puigcerdà (Gerona) hace meses, sin que se hayan convocado vacantes ni sustituciones para cubrir los puestos, a pesar de que los alcaldes de la comarca habían reclamado públicamente mantener el servicio medioambiental. También se cerraron las patrullas del Seprona en Falset, en la provincia de Tarragona.

Para Jucil, esto resulta especialmente preocupante ante un escenario de altas temperaturas y una oleada «devastadora» de incendios forestales: en lo que va de 2026 Cataluña acumula ya más de 4.500 hectáreas arrasadas por el fuego, consolidando la mala tendencia que marcó 2025.

«Pretender justificar estos cierres bajo el compromiso de mantener el número provincial de especialistas demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad del campo», lamentan desde Jucil, señalando que en la lucha contra los incendios y los delitos medioambientales «no se puede dejar desasistida ni la más mínima porción de terreno». Concentrar a los agentes en las capitales equivale, dicen, a vaciar la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales y de montaña, «donde la prevención y la rapidez de respuesta resultan vitales».

Unidades subacuáticas

Jucil también rechazan la supresión de unidades como los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit (Gerona), así como el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) en Tarragona. Ante la excusa de integrar estas demarcaciones en otros núcleos para «homogeneizar capacidades», Jucil alerta de que se trata «de un repliegue en toda regla» que deja descubiertas zonas estratégicas del litoral y reduce la inmediatez ante emergencias complejas.

Como ya ocurrió en La Cerdaña, también aquí las autoridades locales han mostrado su oposición al recorte. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, pidió por carta que se mantuviese la presencia de los submarinistas de la Guardia Civil en la Costa Brava, una preocupación compartida con otros ayuntamientos de la zona.

En este caso, la intención de Interior es centralizar estos efectivos en Barcelona, y el temor de los municipios de la zona es que esto aumente el tiempo de respuesta ante emergencias como la que ocurrió hace apenas dos meses, cuando un menor desapareció en la bahía de Roses (Gerona). Para Jucil, este recorte “supone una pérdida de capacidad operativa y de proximidad difícilmente compatible con las necesidades de seguridad de este litoral".

Falta de transparencia

Para Jucil también resulta «alarmante» que el Estado Mayor reconozca no tener constancia formal de que las actas de las Juntas de Seguridad entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña sean remitidas oficialmente a la Dirección General de la Guardia Civil. A juicio de la asociación, esta opacidad «evidencia una preocupante falta de consideración hacia la escala técnica del cuerpo en las decisiones políticas que determinan el futuro de la seguridad pública en el territorio».

También lamentan que la falta de transparencia es «generalizada», y que Interior se niega de forma «sistemática» a facilitar datos concretos y pormenorizados sobre las cifras reales del catálogo de puestos y su grado de ocupación efectiva en el territorio catalán. En todo ello, además, flota la intención del Gobierno de traspasar las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra, algo que Jucil prevé que empezará a ejecutarse el próximo mes de noviembre.