Malestar en la Guardia Civil por la eliminación de una unidad de buzos en la Costa Brava

Durante casi tres décadas, los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han formado parte del paisaje cotidiano de la Costa Brava. Sus embarcaciones patrullaban las aguas de las Islas Medas, participaban en rescates de alta complejidad, vigilaban el patrimonio arqueológico sumergido y combatían el furtivismo marino. Ahora, esa presencia permanente toca a su fin.

El Ministerio del Interior ha decidido cerrar definitivamente la base del GEAS de L’Estartit (Gerona) y centralizar el servicio en Barcelona, una medida que ha provocado una inusual coincidencia de críticas entre asociaciones profesionales de la Guardia Civil y alcaldes de distintos municipios del litoral gerundense. Todos comparten una misma preocupación: que la desaparición de la unidad reduzca la capacidad de respuesta en uno de los tramos de costa con mayor actividad náutica y subacuática del Mediterráneo.

La decisión se enmarca en una reorganización impulsada por la Dirección General de la Guardia Civil que contempla la integración de efectivos en Barcelona y Madrid. Interior sostiene que el servicio no se verá afectado y que la concentración de recursos permitirá mejorar la operatividad. Sin embargo, en la Costa Brava pocos parecen compartir ese diagnóstico.

Desde la asociación profesional JUCIL denuncian que la medida constituye un nuevo episodio del «desmantelamiento progresivo» de la Guardia Civil en Cataluña. Según sus cálculos, la nueva estructura reducirá significativamente la plantilla operativa disponible, lo que supondrá una pérdida de capacidad en una especialidad altamente cualificada y especialmente necesaria en un litoral sometido a una intensa presión turística.

En términos similares se ha pronunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su responsable en Cataluña, Alfonso Merino, considera que la desaparición de la base de L’Estartit constituye «una afrenta más» contra la presencia del cuerpo en la comunidad autónoma. A su juicio, el principal problema no es administrativo sino operativo: la distancia. «En un rescate marítimo el tiempo de respuesta es fundamental», advierte. Si los especialistas tienen que desplazarse desde Barcelona para intervenir en una emergencia frente al Cap de Creus, las Islas Medas o cualquier punto de la Costa Brava, los minutos pueden resultar decisivos.

La queja de los alcaldes

La inquietud no se limita al ámbito policial. También se ha extendido entre los municipios costeros que durante años han convivido con una unidad considerada estratégica para la seguridad marítima de la zona.

El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, fue el primero en dirigirse formalmente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para solicitar la paralización del cierre. En una carta remitida tras conocer la decisión, el regidor defendió la importancia de mantener una unidad especializada en un enclave que concentra una de las mayores actividades de buceo recreativo de España.

«No sólo hablamos de rescates. Hablamos de proximidad», explica Colomí. El alcalde sostiene que la presencia permanente de los GEAS proporcionaba una garantía adicional en un litoral caracterizado por sus cuevas submarinas, acantilados y zonas de difícil acceso. «Cuando hay una emergencia, cada minuto cuenta. Si unos submarinistas tienen un problema dentro de una cueva, el tiempo puede ser vital», señala.

El regidor reconoce haber recibido una respuesta de la Dirección General en la que se le asegura que el servicio no sufrirá merma alguna y que la centralización permitirá disponer de más efectivos. Sin embargo, mantiene sus dudas. «Precisamente eso es lo que ponemos en cuestión. No creemos que la respuesta pueda ser la misma si los equipos tienen que venir desde Barcelona», sostiene.

La preocupación es especialmente intensa en L’Estartit y su entorno. Sólo en las Islas Medas se registran decenas de miles de inmersiones cada año, una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de la zona. Los GEAS no sólo intervenían en rescates y operaciones policiales; también realizaban labores preventivas, mantenían contacto permanente con centros de buceo y desarrollaban acciones de concienciación sobre seguridad.

Además, los alcaldes recuerdan que la unidad desempeñaba funciones de vigilancia del patrimonio subacuático y de lucha contra actividades ilegales como el furtivismo del coral. Una labor silenciosa que, temen, será más difícil de desarrollar desde una base situada a más de un centenar de kilómetros.

La historia de la unidad comenzó en octubre de 1998. Desde entonces, la base de L’Estartit se convirtió en un punto de referencia para las operaciones subacuáticas de la Guardia Civil en el noreste peninsular. Con el cierre, la Costa Brava pierde una presencia especializada que durante años formó parte de su dispositivo de seguridad marítima.

Mientras Interior defiende que la reorganización permitirá optimizar recursos, en los municipios afectados predomina la sensación de que el territorio pierde un servicio difícilmente sustituible. La verdadera prueba llegará cuando se produzca la próxima emergencia en el mar. Entonces se comprobará si la centralización prometida desde Madrid ofrece la misma respuesta que durante casi treinta años proporcionó una pequeña base instalada a pie de costa en L’Estartit.