Imagen de archivo del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil

Imagen de archivo del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia CivilEP

Cataluña

15 alcaldes ligados a Junts y ERC defienden a la Guardia Civil en su territorio frente a Marlaska

Gobiernos locales de la Cerdaña y la Costa Brava se han posicionado contra el «desmantelamiento» que denuncia Jucil

Esta semana, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil volvió a denunciar el «desmantelamiento pausado pero constante» del cuerpo en Cataluña, en un comunicado en el que criticaban que, al reclamar información sobre los cierres de unidades en territorio catalán, la respuesta desde el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska se escudaba en «eufemismos» como «optimización de recursos» o «reorganización» de efectivos.

Todo ello, lamentan desde Jucil, con el objetivo de «enmascarar» lo que en realidad supone una pérdida real de presencia, capacidad operativa y arraigo territorial en Cataluña. Los dos casos más flagrantes –con permiso del anunciado traspaso de competencias de seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra– son, para Jucil, el cierre de la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la Cerdaña o del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) en la Costa Brava.

En ambos casos, además, los anuncios de cierre de unidades se han encontrado con el rechazo de buena parte de los gobiernos de los municipios cercanos, dándose la paradoja que hay una quincena de alcaldes vinculados a partidos secesionistas como Junts o ERC –formaciones habitualmente contrarias a la misma– defendiendo la presencia de la Guardia Civil en su territorio.

El caso más claro es el de Isidre Chia, alcalde de Bolvir, de Junts. En declaraciones recogidas por El Debate, Chia señalaba que en este caso «lo que prevalece es el sentido común», y que no sería de sentido común sacudirse de encima unas prestaciones policiales que funcionan bien. «No se pueden perder los que tenemos, ya sean Mossos, Policía Nacional, Agentes Rurales o Guardia Civil. Todos son bienvenidos para nosotros», señalaba Chia en mayo de 2025.

El alcalde de Bollvir, Isidre Chia

El alcalde de Bolvir, Isidre ChiaCerdanya.cat

Chia es también presidente del Consejo Comarcal de la Cerdaña, que agrupa a los 17 municipios que forman parte de esta comarca. De ellos, diez están gobernados por alcaldes de Junts –Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Meranges, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà y Urús–, mientras que hay al menos otros dos –Montellà i Martinet y Riu de Cerdanya– en los que ERC forma parte de la candidatura que gobierna.

En mayo de 2025, este organismo votó una moción para pedir refuerzos de la Guardia Civil en la zona. En texto advertía de que la supresión del Seprona en la zona implicaría «una reducción notable en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales», así como una «pérdida de control» sobre las armas de fuego y los explosivos. La votación se superó casi por unanimidad, con una sola abstención, la del consejero de ERC por Isòvol.

En la Costa Brava

Además de estos 12 municipios liderados por alcaldes nacionalistas que daban apoyo a la Guardia Civil en la Cerdaña, el otro caso donde gobiernos locales afines al independentismo han pedido que los agentes no se vayan es en la Costa Brava, donde se hace un par de meses se anunció la supresión de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit (Gerona).

Ante la excusa de integrar estas demarcaciones en otros núcleos para «homogeneizar capacidades», Jucil alerta de que se trata «de un repliegue en toda regla» que deja descubiertas zonas estratégicas del litoral y reduce la inmediatez ante emergencias complejas. Los GEAS están especializados en rescates y prevención.

Como en el norte de Cataluña, también aquí las autoridades locales manifestaron su oposición. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí –de la formación municipalista Unitat i Progrés Municipal (UPM), pero que gobierna en coalición con ERC–, pidió por carta que se mantuviese la presencia de los submarinistas de la Guardia Civil en la Costa Brava, ya que hacen una tarea «muy importante».

Según recogía El País, Colomí pasó la iniciativa al resto de alcaldes de la zona y le siguieron otros, como es el caso de Calonge i Sant Antoni –gobernada por Jordi Soler, ex de Convergència i Unió– y de Begur, gobernada por Maite Selva, ex de Junts. Cadaqués –cuya alcaldesa, Maria Pia Serinyana, pertenece a una formación municipalista– también se sumará.

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