Los pequeños municipios de Cataluña alertan de que el relevo de secretarios puede bloquear su funcionamiento

Los pequeños ayuntamientos catalanes afrontan este mes un nuevo problema que puede comprometer su funcionamiento ordinario: el relevo de los secretarios-interventores interinos por funcionarios habilitados por el Estado. La toma de posesión de 31 nuevos profesionales con destino en Cataluña, publicada el pasado 8 de agosto en el Boletín Oficial del Estado, ha generado inquietud entre los municipios de menor población, que temen perder a trabajadores que conocen su funcionamiento y quedarse nuevamente sin una figura imprescindible para la gestión diaria.

La Asociación de Micropueblos considera que la falta de secretarios-interventores es un problema estructural que afecta especialmente a las localidades pequeñas y advierte de que los nuevos nombramientos pueden provocar que algunos municipios que habían conseguido estabilizar su situación vuelvan al punto de partida. Su presidente, Joan Solà, reclama a la Generalitat acompañamiento y soluciones adaptadas a la realidad de cada localidad.

La preocupación tiene una explicación sencilla: el secretario-interventor no es una figura administrativa más. En los municipios pequeños concentra funciones esenciales para que el Ayuntamiento pueda funcionar, desde dar fe de los acuerdos y tramitar pagos hasta preparar y convocar los plenos o gestionar subvenciones. Cuando no existe esta figura, la actividad municipal puede quedar prácticamente bloqueada.

Un año sin poder convocar plenos

El caso de Collsuspina (Barcelona) refleja hasta qué punto puede llegar el problema. El municipio, de menos de 400 habitantes, llegó a estar un año sin poder celebrar plenos ordinarios debido a la falta de secretario. Después de 14 años con un interino, el Ayuntamiento recurrió a una persona externa designada por la Generalitat en 2023, pero también terminó marchándose. La solución llegó finalmente mediante una agrupación con Tavèrnoles, en Osona, compartiendo el mismo secretario.

Ahora esa solución vuelve a estar en riesgo. El nombramiento publicado por el Estado afecta precisamente a la plaza de Tavèrnoles, lo que implica la salida del actual secretario interino y, por extensión, su marcha de Collsuspina.

La alcaldesa, Laia Oller, entiende que el nuevo funcionario puede llegar con voluntad de trabajar, pero teme que un municipio tan pequeño no resulte suficientemente atractivo para alguien que acaba de superar unas oposiciones de alta exigencia. Si el nuevo titular decide solicitar una comisión de servicios para trasladarse a otro ayuntamiento de mayor tamaño, Collsuspina tendría que iniciar de nuevo la búsqueda de un secretario.

La alcaldesa, en declaraciones a la ACN, reclama que, en ese supuesto, se pueda recuperar a los profesionales que ya conocen el funcionamiento del municipio. Sobre todo, pide que las administraciones acompañen a los ayuntamientos para evitar que cada relevo les obligue a empezar de cero.

El problema de fondo: faltan profesionales

La Generalitat reconoce la dificultad. Francesc Belver, director general de Administración Local, explica que los nuevos funcionarios no ocuparán plazas que estén actualmente vacantes, sino puestos que hasta ahora estaban cubiertos por interinos. El motivo es el cumplimiento de la normativa europea destinada a reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

El problema es que el relevo de los interinos no resuelve necesariamente la falta de profesionales en aquellos municipios donde no existe ningún secretario. Además, la normativa impide que los interinos puedan cubrir determinadas comisiones de servicio, lo que limita las alternativas disponibles para los ayuntamientos más pequeños.

Las cifras dan una idea de la dimensión del problema. En Cataluña hay alrededor de 1.600 puestos de funcionarios con habilitación nacional, pero hasta hace poco solo algo más de 600 estaban cubiertos por funcionarios de carrera. La Generalitat calcula que faltan unos 900 profesionales para cubrir las necesidades existentes.

Desde el Govern admiten que no se trata de una carencia que pueda solucionarse a corto plazo. Belver apunta que la solución estructural no llegará «ni en un año ni en tres» y probablemente tampoco en cinco. Mientras tanto, la Administración catalana busca fórmulas provisionales para evitar que los ayuntamientos queden desatendidos.

Una bolsa de opositores

Una de las vías que prepara la Generalitat pasa por crear una bolsa de opositores que puedan prestar apoyo a los municipios que lo necesiten. El Govern prevé cerrar este otoño acuerdos con las cuatro diputaciones catalanas. La Diputación de Barcelona ya ha puesto en marcha una experiencia piloto basada en un curso becado que, según la Generalitat, ha dado resultados positivos.

También se pretende trabajar con las universidades para dar a conocer esta salida profesional y aumentar el número de candidatos. Otra de las medidas en estudio consiste en mejorar las condiciones de los puestos en los municipios pequeños, estableciendo unos mínimos salariales que permitan hacerlos más atractivos frente a las plazas de localidades de mayor tamaño.

La Asociación de Micropueblos, sin embargo, pide respuestas más inmediatas. Solà cuestiona incluso que las tomas de posesión se hayan fijado durante el mes de agosto, cuando buena parte de los ayuntamientos funcionan con servicios mínimos y los responsables municipales están de vacaciones.

La situación es todavía más delicada en aquellos ayuntamientos que ya parten de una vacante. Es el caso de Vilalba Sasserra, en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), con unos 790 habitantes. El municipio lleva ocho meses sin secretario-interventor y durante este tiempo no ha podido celebrar plenos ordinarios.

El alcalde, Joan Pons, explica que el Ayuntamiento había contado con una secretaria facilitada por la Generalitat, pero el límite legal de permanencia de tres años obligó a finalizar su relación con el consistorio. Con una plantilla de apenas diez trabajadores, el municipio tampoco dispone de un funcionario que pueda asumir internamente esas funciones.

El Ayuntamiento buscó incluso a secretarios de otros municipios que pudieran desplazarse algunas horas a Vilalba Sasserra, pero no encontró a nadie disponible. Para sacar adelante asuntos urgentes, como ayudas y subvenciones, ha tenido que recurrir a la asistencia de la Diputación de Barcelona, que proporciona temporalmente un secretario para poder celebrar determinados plenos extraordinarios.

El caso muestra la diferencia entre disponer de una solución estable y depender de asistencia puntual de otras administraciones. Para los pequeños consistorios, cada ausencia puede traducirse en retrasos administrativos y, en algunos casos, en la imposibilidad de aprobar decisiones necesarias para el municipio.

El problema se produce además en pleno proceso de reorganización de las competencias sobre estos funcionarios. La Generalitat aprobó en mayo una oferta pública de 540 plazas de secretarios, interventores y tesoreros para reforzar las plantillas municipales. Se trata de la primera oferta pública de estas características aprobada íntegramente por el Govern después de recuperar recientemente esta competencia.

La convocatoria contempla 432 plazas de acceso libre y otras 108 de promoción interna. De ellas, 242 corresponden a secretaría-intervención, 168 a intervención-tesorería y 130 a secretaría.

El proceso, sin embargo, está pendiente de la vía judicial. El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local Estatal ha presentado un recurso contra la oferta y ha solicitado medidas cautelares. La Generalitat sostiene que no quiere que esta disputa administrativa paralice la convocatoria y prevé reunirse en septiembre con el colegio para defender su posición.