La DGT agoniza en Cataluña: 19 funcionarios dejan su plaza por las condiciones laborales y CSIF alerta de un «colapso anunciado»

La Administración del Estado sigue perdiendo efectivos en Cataluña. Esta vez, en las plantillas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que afrontan una nueva salida de funcionarios tras el último concurso general de provisión de puestos de trabajo de la Jefatura Central de Tráfico. En total, 19 plazas de las cuatro provincias catalanas quedan vaciadas o cambian de destino y otras dos quedan desiertas, según los datos de la resolución publicada en el BOE.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que el resultado no es un episodio aislado, sino la confirmación de un problema que se repite concurso tras concurso: Cataluña se convierte en una puerta de entrada para funcionarios que, en cuanto tienen la oportunidad de obtener otro destino, abandonan la comunidad.

De los 19 funcionarios que dejan sus puestos, 14 se marchan definitivamente de Cataluña y solo cinco permanecen en territorio catalán, recolocándose en otros destinos. Para el sindicato, el dato refleja la dificultad de las jefaturas catalanas para consolidar unas plantillas estables.

El caso más llamativo se encuentra en Gerona. La Jefatura Provincial pierde cuatro efectivos y, además, una de las seis plazas convocadas queda desierta. Es decir, una sexta parte de los puestos ofertados no encuentra adjudicatario.

Barcelona tampoco queda al margen. La provincia pierde siete funcionarios y deja otra plaza sin cubrir. En Lérida y Tarragona son cuatro los efectivos que abandonan sus respectivos destinos en cada caso.

CSIF sostiene que el problema va mucho más allá de los efectos puntuales de un concurso de traslados. «Cataluña se ha convertido en un destino de paso para los funcionarios del Estado. Vienen porque necesitan una plaza, pero se marchan a la primera oportunidad», denuncia el sindicato, que responsabiliza al Ministerio del Interior de no haber puesto en marcha medidas para frenar esta dinámica.

El coste de vida, el problema

Entre las causas que apunta CSIF se encuentran la falta de incentivos económicos y el elevado coste de vida en Cataluña. El sindicato considera que, sin algún tipo de compensación, resulta muy difícil que los funcionarios opten por permanecer en las jefaturas catalanas cuando pueden solicitar otros destinos.

La organización reclama por ello un complemento de territorialidad o una indemnización por residencia que permita compensar ese sobrecoste y hacer más atractivas las plazas.

La situación tiene además una segunda derivada: la dificultad para sustituir a quienes se marchan. CSIF reclama la cobertura inmediata de las vacantes generadas y de las plazas que han quedado desiertas mediante fórmulas como las comisiones de servicio o personal interino de refuerzo.

El sindicato también pide que las próximas Ofertas de Empleo Público incorporen un dimensionamiento real de las necesidades de las jefaturas catalanas y que se creen plazas fijas con adscripción a estos destinos.

El ciudadano, el último eslabón

CSIF advierte de que la pérdida de funcionarios no se queda en las estadísticas de personal. La consecuencia, sostiene, puede terminar repercutiendo directamente sobre los ciudadanos que necesitan realizar trámites ante la DGT.

Más funcionarios que abandonan sus puestos implica, según el sindicato, mayor presión sobre unas plantillas ya ajustadas y puede traducirse en más esperas para obtener el permiso de conducir, retrasos en la tramitación de vehículos y mayores dificultades para conseguir cita previa o ser atendido.

«Lo que hoy pierde Tráfico en personal, mañana lo pagará la ciudadanía en forma de esperas, retrasos y peor servicio», advierte CSIF.

Los datos aportados por la organización sindical apuntan a que más de un 66 por ciento de las plazas convocadas en Cataluña quedan vacantes o son vaciadas tras la resolución del concurso.

Para CSIF, el Ministerio no puede limitarse a convocar plazas si después los funcionarios utilizan la primera oportunidad para marcharse. La organización reclama un plan de choque al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico para recuperar los efectivos perdidos, cubrir las vacantes y, sobre todo, conseguir que los profesionales que llegan a Cataluña tengan incentivos para quedarse.