Bolaños acusa a la «ultraderecha» de poner «palos en las ruedas» al Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta

El ministro Félix Bolaños ha aprovechado su visita a Barcelona para cargar contra la «ultraderecha» y la «antipolítica» por, a su juicio, dificultar la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria de Ceuta. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que quienes defienden estos postulados están «poniendo palos en las ruedas» para impedir que se solucionen los problemas y ha contrapuesto esa actitud con la del Ejecutivo, que, según ha reivindicado, trabaja para aportar soluciones.

Las declaraciones se han producido este viernes en el Palacio de la Generalitat, después de la reunión que Bolaños ha mantenido con Salvador Illa y con el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler. El ministro ha situado sus críticas en plena crisis migratoria de Ceuta, que ha provocado un enfrentamiento político y judicial en torno a la respuesta del Gobierno.

«¿En quién debe confiar la ciudadanía cuando se producen crisis o problemas que afectan a un colectivo de personas, por ejemplo, en Ceuta?», ha planteado Bolaños. Su respuesta ha sido que los ciudadanos deben confiar «en aquellos que aportamos soluciones» y no en quienes, según ha denunciado, utilizan la «antipolítica» para tratar de impedir que los problemas se resuelvan.

El ministro ha acusado a estos sectores de intentar que «nada se resuelva» y de buscar que «el odio siempre se esparza». Además, ha reprochado que algunos de estos planteamientos hayan sido asumidos en ocasiones por «la derecha tradicional».

Bolaños no ha mencionado expresamente la reciente batalla judicial en torno al campamento de acogida instalado por el Gobierno en el Puerto de Ceuta. El Sindicato Unificado de Policía había recurrido uso de unos 16.000 metros cuadrados del recinto portuario para instalar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas y había reclamado su suspensión por razones relacionadas con la seguridad, las emergencias, la prevención de riesgos laborales y la compatibilidad con la actividad portuaria.

La Audiencia Nacional ordenó inicialmente al Gobierno que no ejecutara la instalación mientras estudiaba la petición urgente del sindicato. Sin embargo, al día siguiente rechazó la suspensión cautelar solicitada por el SUP y consideró que concurrían razones de interés general para mantener la autorización, aunque dejó en manos de las medidas que adopte Interior las condiciones de seguridad necesarias para los agentes, los inmigrantes y el resto del personal.

El dispositivo ha comenzado finalmente a utilizarse este viernes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han iniciado de madrugada el traslado de inmigrantes que permanecían en las playas del Trampolín y Benítez hacia las instalaciones habilitadas en el puerto.

La cuestión de la seguridad había sido precisamente uno de los argumentos planteados durante los últimos días. Interior había ordenado reforzar temporalmente la protección del puerto al considerar que el campamento suponía un incremento de los riesgos para una infraestructura crítica y sensible. Entre las medidas contempladas figuran controles reforzados de acceso, inspecciones de vehículos y una vigilancia específica mediante cámaras del área de acogida y de las zonas operativas próximas.

En paralelo, Bolaños ha aprovechado su encuentro con Illa para reivindicar la «normalidad institucional» entre el Gobierno y la Generalitat. Ambos han repasado cuestiones como la lucha contra la multirreincidencia y la mejora de la Administración de Justicia. El ministro ha ofrecido además su «total disponibilidad» para ampliar el Plan de Choque contra la Multirreincidencia en Barcelona más allá del 31 de diciembre de 2026, fecha inicialmente prevista para su finalización.

Bolaños ha defendido que esta cooperación entre administraciones permite «abordar y resolver los problemas que tiene la ciudadanía de Cataluña», en una jornada en la que sus acusaciones contra la «ultraderecha» han situado nuevamente la gestión de la inmigración en el centro del discurso político del Gobierno.