Vox denuncia que Barcelona oculta tras una «residencia de estudiantes» un piso para alojar a inmigrantes

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene como «Residencia para Estudiantes» un inmueble de la calle Camp número 75, en Sant Gervasi-La Bonanova, que el propio Gobierno municipal ha reconocido ahora como un «recurso residencial» dependiente del área de Derechos Sociales. Vox sostiene que el inmueble se está utilizando para alojar a inmigrantes con dinero público y denuncia que el Ayuntamiento está ocultando su verdadera finalidad.

La denuncia parte, según explica a El Debate el consejero de distrito de Vox Carlos Oliva, de los avisos recibidos durante casi un año por parte de vecinos de la zona. «Nos van avisando de que el perfil de los residentes no corresponde con el de estudiantes», asegura. A partir de ahí, la formación ha realizado sus propias pesquisas y ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que aclarase cuál es el uso del inmueble.

La respuesta municipal ha sido que se trata de un «recurso residencial» y que, para obtener más información, Vox debía dirigirse al área de Derechos Sociales. Para Oliva, esta contestación supone una confirmación implícita de que el inmueble no se está utilizando como la residencia de estudiantes que todavía figura en la web municipal.

«Una forma de escurrir el bulto y, a la vez, admitir que se están pasando por el arco del triunfo lo que ellos mismos anuncian», sostiene el concejal.

El dirigente de Vox considera especialmente relevante que el inmueble esté financiado con fondos públicos y que, según su denuncia, su utilización no se corresponda con el uso que el Ayuntamiento publicita. «Lo que se supone que es una residencia de estudiantes, en verdad es un alojamiento para inmigrantes ilegales con dinero público», afirma Oliva.

También sostiene que no sería un caso aislado. El concejal asegura que ya se encontraron con una situación similar en un centro de primera acogida de la calle Císter, que, según denuncia, aparece anunciado como un recurso para mujeres en riesgo de exclusión mientras su utilización real sería otra.

«El perfil de todo esto siempre es el mismo: marroquíes, africanos, sin papeles», afirma Oliva, que asegura que son los propios vecinos quienes les trasladan su preocupación.

El siguiente paso de Vox será llevar el asunto a la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Oliva reclama que el Gobierno municipal explique «el dinero que están empleando en esto» y por qué, según su denuncia, el uso del inmueble sería diferente al anunciado oficialmente.

La cuestión que queda sobre la mesa es, por tanto, concreta: por qué el Ayuntamiento continúa presentando públicamente como residencia de estudiantes un inmueble que ahora define como «recurso residencial» y cuál es exactamente el destino que está dando a ese espacio.

Para Vox, la discrepancia forma parte de un problema más amplio de transparencia sobre los recursos de acogida que el Ayuntamiento está poniendo en marcha en los barrios. El Gobierno municipal deberá explicar ahora qué uso tiene el inmueble de la calle Camp, quién gestiona el recurso y qué fondos públicos se destinan a él.