¿Quién paga el supermercado «asequible» de Collboni? La incógnita tras el modelo importado de Nueva York

La propuesta de Jaume Collboni para crear una red de comercios «asequibles» en Barcelona parte de una premisa difícil de discutir: conseguir que las familias puedan comprar productos básicos y frescos a menor precio. La cuestión que queda abierta es cómo se consigue esa reducción y, sobre todo, quién asume el coste cuando el precio que paga el consumidor está por debajo del coste que tendría que afrontar un comercio convencional.

El alcalde de Barcelona anunció el proyecto este fin de semana en Nueva York, después de reunirse con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La iniciativa barcelonesa está inspirada en el modelo que impulsa el nuevo alcalde neoyorquino, aunque presenta diferencias importantes. En Barcelona, la prueba piloto está prevista para 2027 en La Marina del Prat Vermell, un barrio en plena transformación urbanística donde se están construyendo unas 12.000 viviendas. La idea es aprovechar locales de titularidad municipal y que la gestión recaiga en una entidad del tercer sector o sin ánimo de lucro.

El Ayuntamiento sostiene que no pretende sustituir ni competir con el comercio privado. El argumento es que existen zonas nuevas o vulnerables donde todavía no hay suficiente oferta de productos de primera necesidad. El proyecto pretende además vincular la actividad comercial con programas de formación profesional e inserción laboral en oficios como frutería, pescadería, carnicería, charcutería, reposición o atención al público.

Pero el funcionamiento económico del modelo abre varias preguntas. «Si ponemos una botella de leche en la estantería y cuesta un euro y la vendemos a 80 céntimos, los 20 céntimos restantes no desaparecen. Alguien tiene que asumirlos», explica Edgar Nolla, profesor de Macroeconomía de la Universidad Abat Oliba CEU. A su juicio, la propuesta puede ser viable, pero depende de cómo se configure finalmente.

El primer elemento que puede permitir reducir los costes es precisamente el que diferencia a este establecimiento de un comercio convencional: el local. Si el Ayuntamiento proporciona un espacio de titularidad pública, el operador no afronta un alquiler equivalente al de un establecimiento privado. También puede existir una estructura de gestión diferente y, eventualmente, algún tipo de apoyo público.

Eso significa que una parte de la reducción del precio puede proceder de unos costes que el comercio convencional sí tiene que asumir. «Si utiliza un local público, ya te ahorras el alquiler», señala Nolla. Y si existe una subvención, añade, la diferencia tampoco desaparece: «Técnicamente ya lo estamos pagando».

El problema del tamaño

Hay, además, otro elemento que puede jugar en sentido contrario: la capacidad de compra. Un supermercado municipal aislado difícilmente dispone del mismo poder de negociación que las grandes cadenas de distribución. Mercadona, Lidl o Carrefour pueden negociar sus compras a una escala muy superior a la de un único establecimiento. Por eso Nolla cuestiona que un Ayuntamiento pueda adquirir determinados productos a un precio inferior al de grandes operadores privados simplemente por su capacidad de compra.

La diferencia, por tanto, tendría que proceder de otros factores: el coste del local, la estructura de personal, la ausencia de determinados márgenes comerciales o las ayudas públicas.

El modelo neoyorquino que ha servido de inspiración a Collboni parte precisamente de una intervención pública mayor. Mamdani ha anunciado que los cinco supermercados municipales previstos aplicarán un descuento del 30 % en una cesta de productos que incluye frutas, verduras, carne, pescado y otros productos básicos. El Ayuntamiento de Nueva York calcula que el ahorro medio podría alcanzar los 90 dólares mensuales por hogar.

Barcelona, sin embargo, todavía no ha presentado un esquema económico equivalente ni ha concretado qué porcentaje de descuento aplicaría, cuánto costará el programa al Ayuntamiento o cuál será exactamente el sistema de compras y gestión.

¿Competencia con el comercio de barrio?

La segunda gran cuestión afecta al comercio existente. La oposición municipal ha cuestionado que el Ayuntamiento entre a operar en el mercado de la alimentación. Junts sostiene que la Administración no debería «hacer de comerciante» y advierte de que la iniciativa puede terminar afectando a la red de mercados municipales. El PP, por su parte, cuestiona que el Ayuntamiento destine recursos públicos a establecimientos que pueden acabar compitiendo con comerciantes que afrontan alquileres, salarios, cotizaciones e impuestos.

El presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera, ha planteado precisamente esa contradicción: mientras el Ayuntamiento asegura que quiere proteger el comercio de proximidad, al mismo tiempo puede estar creando establecimientos que compitan con él utilizando recursos municipales.

Vox, a través de su presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha empleado un enfoque mucho más crítico y ha definido la iniciativa como «supermercados para pobres», vinculándola a su crítica general a las políticas del Gobierno municipal.

Más allá de las posiciones partidistas, el debate sobre la competencia tiene un componente económico concreto. Nolla explica que dos comercios que venden los mismos productos a los mismos clientes no parten necesariamente de las mismas condiciones si uno paga un alquiler de mercado y todos sus costes laborales y el otro dispone de un local municipal y apoyo público.

Eso no significa automáticamente que exista competencia desleal en términos jurídicos, pero sí puede producir, según el economista, una distorsión económica si ambos establecimientos terminan compitiendo directamente por el mismo consumidor.

De ahí que la ubicación sea determinante. No es lo mismo instalar un establecimiento en una zona donde apenas existe oferta alimentaria que abrirlo en una calle donde ya operan supermercados, fruterías, carnicerías o mercados.

Pimec: aprovechar lo que ya existe

La patronal Pimec Comercio plantea precisamente una tercera vía. La organización comparte el objetivo de facilitar el acceso a productos esenciales a precios asequibles, pero considera que antes de crear una red paralela deberían explorarse fórmulas para incorporar al comercio existente.

Su presidenta, Mònica Gregori, ha defendido que los comercios de proximidad, mercados municipales, autónomos, pymes y cooperativas ya forman una red que puede participar en la iniciativa. La patronal reclama que, si se utilizan recursos públicos, todos los operadores tengan unas condiciones de competencia equilibradas.

Pimec también pone el foco en un aspecto que puede quedar oculto detrás del precio final: el coste de la cadena alimentaria. Especialmente en los productos frescos, el precio incorpora producción, transporte, energía, personal y cargas administrativas, mientras que muchos pequeños establecimientos trabajan con márgenes reducidos.

Por eso la patronal reclama una diagnosis previa de las zonas donde se quiera intervenir, identificar qué comercios ya existen y estudiar fórmulas como alquileres asequibles, incentivos, apoyo al relevo generacional o reducción de barreras de entrada. También pide transparencia sobre las condiciones económicas y de gestión del proyecto.

El Ayuntamiento plantea utilizar patrimonio municipal y una gestión vinculada al tercer sector para llevar productos básicos a zonas con déficit comercial. Los comerciantes reclaman que se utilice esa misma capacidad pública para reforzar los establecimientos que ya existen. Y desde el punto de vista económico queda por comprobar si un establecimiento con un solo punto de venta puede conseguir precios de compra capaces de competir con las grandes cadenas.

El profesor Nolla considera que el proyecto puede ser factible, pero insiste en que habrá que conocer su diseño definitivo para determinar de dónde procederá realmente el ahorro.

La incógnita fundamental queda así resumida en una pregunta aparentemente sencilla: si una tienda pública vende más barato que una privada, ¿lo consigue porque es más eficiente o porque parte de sus costes los asume la Administración?

En La Marina del Prat Vermell se podrá comprobar una parte de la respuesta. El piloto permitirá conocer cuánto cuesta realmente poner en marcha el modelo, qué precios puede ofrecer y si consigue cubrir una necesidad que el comercio privado no está cubriendo. Pero para valorar el alcance de una futura red de establecimientos, habrá que conocer también cuánto dinero público requiere y qué impacto tiene sobre los comercios que ya operan en los barrios. Por ahora, Collboni ha anunciado la herramienta. El modelo económico que debe hacerla funcionar todavía está por concretar.