Conversación con Jordi Aragonès, de Aliança Catalana: «Soy un facha»

Historiador y político, Jordi Aragonès Martínez (Pineda de Mar, 1993) inició su militancia en Unió Democràtica antes de convertirse en cofundador y principal ideólogo de Aliança Catalana. Defensor de un nacionalismo identitario de derechas enfocado en el control migratorio y el liberalismo económico, actualmente encabeza proyecto municipal del partido en Barcelona.

Le tachan de facha, y él admite que ha aprendido a convivir con la etiqueta sin mayores complejos. En privado, confiesa que su trayectoria no responde al azar, sino a la evolución natural de una estirpe y un recorrido vital marcados por la estricta coherencia con sus propios principios.

Creció en el seno de una familia catalana de derechas. El apellido Aragonès pesa, y la curiosidad, cuando no el morbo, hace que le pregunten una y otra vez por su primo, el expresident, y por su abuelo, el exalcalde. Su respuesta es lapidaria: «Mi abuelo abría empresas; mi primo las cerraba». De esa tradición familiar, en la que han convivido sensibilidades de todos los colores, le viene también su cercanía al tradicionalismo carlista.

Mi primo, el expresident Pere Aragonés, cerraba empresas mientras mi abuelo las abría

El giro de su ideario no surgió en el ámbito familiar, sino en la escuela. De la mano, matiza, de determinados profesores, y no de la institución en su conjunto, de la cual guarda «muy buen recuerdo». Lo matricularon en un colegio catalanista, con algunos elementos docentes de corte más bien progresista, pero el rechazo a la moralina izquierdista y una rebelión adolescente bien encauzada provocaron el efecto contrario: acabó convertido en un conservador irredento y en un pésimo candidato para aprobar la Educación para la Ciudadanía de Zapatero. Con los años maduró su discurso y entró a militar en Unió Democràtica de Catalunya, donde la tradición y el orden aún tenían espacio. Más tarde impulsó la creación de Aliança Catalana.

Acepta la etiqueta de facha porque abandera la propiedad, el mérito, la tradición y el orden. Su realidad rompe cualquier estereotipo de la izquierda habitual. Muestra una sensibilidad cercana al colectivo LGTBI, algo que vive con total normalidad al convivir con su pareja; un hombre.

Lo que hoy altera a sus rivales son las perspectivas demoscópicas. Algunas encuestas le otorgan entre 5 y 6 concejales y algunas lo elevan hasta los 10 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, igualando la marca que llevó al socialista Jaume Collboni a la alcaldía. Con esos números sobre la mesa se plantea, por primera vez, la opción real de vertebrar un gobierno municipal de derechas.

¿Cuál es el pensamiento ideológico de Aliança Catalana? El eje vertebrador de este partido político, nacido en Ripoll y que sorprendió al conseguir dos escaños en el Parlamento de Cataluña, no es otro que la transformación del mapa político y sus consecuencias directas en la economía real. En la consecución de este objetivo, le es también imperativa la restitución de las Constituciones Catalanas. Durante más de dos décadas, el tejido productivo ha navegado por las aguas de la inestabilidad y la presión impositiva. La irrupción de Aliança Catalana abre una brecha inédita. En palabras del propio Jordi Aragonès, ideólogo de la formación e interlocutor clave para entender el fenómeno: «Se ha consolidado el mito de la Cataluña de los 10 millones, pero sin infraestructuras ni modelo económico productivo; hemos pasado a ser el balneario de Europa con salarios bajos e inseguridad».

Giro fiscal y energético

Esta lectura demográfica e industrial no pasa desapercibida en los círculos patronales. Por primera vez desde el fin de la era Pujol, el Parlamento contempla la posibilidad aritmética de sumar mayorías capaces de legislar en clave de centro-derecha, articulando consensos legislativos entre formaciones como Junts, el PP, VOX y Aliança Catalana. El diagnóstico de la patronal y los analistas resulta tajante. No se trata de articular pactos de gobierno rígidos, sino de lograr una sintonía de convicción para desmontar una arquitectura legal que consideran perjudicial para la inversión y el ahorro acumulado durante generaciones.

Las propuestas apuntan al corazón fiscal y regulatorio. La prioridad parlamentaria se centra en la posible eliminación de tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones, gravámenes percibidos por este espacio político como una penalización al esfuerzo y a la continuidad familiar del capital. Una mayoría legislativa de las cuatro fuerzas podría eliminarlos tan pronto como se constituya la próxima legislatura catalana. Se subraya la urgencia de redefinir el modelo energético. La amenaza del cierre de las centrales nucleares preocupa a la industria pesada y al sector manufacturero, que observan con inquietud una dependencia energética de esta misma fuente superior al 65%. Mientras tanto, los competidores europeos refuerzan su soberanía industrial. Cataluña posee el tejido idóneo para liderar sectores de alto valor añadido -como la industria de defensa dual, la tecnología aeroespacial o las pymes de alta precisión- siempre que se le proporcione un marco normativo predecible y competitivo.

El motor económico choca contra la crisis de la vivienda y la gestión del suelo. Las críticas hacia la legislación actual de alquileres e intervención del mercado son unánimes entre los inversores. La imposición de porcentajes fijos para vivienda social en nuevas promociones y la desprotección jurídica del propietario han desincentivado la construcción privada en la capital catalana, desplazando los proyectos fuera del área metropolitana y derivando en balances a pérdidas para los promotores.

El problema se define a través de una ecuación elemental. El constante incremento poblacional -con la llegada de decenas de miles de personas al año a Barcelona- tensiona una oferta prácticamente paralizada. La demonización del pequeño propietario o del fondo inversor omite que España y Catalunya han sido históricamente un país de ahorradores basados en el patrimonio inmobiliario. Castigar ese ahorro frena la movilidad social y destruye el tejido residencial.

Esta encrucijada socioeconómica se proyecta de lleno en el horizonte de las elecciones municipales. El terreno local se anticipa como una «fase caníbal» donde las viejas estructuras de partidos tradicionales se tambalean. La pérdida de hegemonía en diputaciones y consistorios genera un goteo de cargos territoriales que buscan cobijo en alternativas con mayor tirón demoscópico.

En este contexto de reorganización de candidaturas en municipios de más de 5.000 habitantes, aflora también el debate sobre las trabas burocráticas y normativas como la Ley de Paridad. Frente a la imposición de cuotas que a menudo obligan a rellenar listas de forma artificial o condicionada. Aragonès considera que debería reclamarse la restitución del criterio de meritocracia y capacidad personal como la única vía rigurosa y profesional para revitalizar la administración pública y el servicio al ciudadano.

Jordi Aragonés sostiene que el panorama tradicional del independentismo -Junts, ERC, CUP- ha fracasado por falta de pragmatismo y determinación. Defiende que Aliança Catalana supera los complejos históricos de la política catalana posteriores a la Guerra Civil, articulando una derecha abiertamente nacionalista, identitaria y conservadora. Consideran que la nación catalana y su lengua están en un riesgo real de extinción frente a dinámicas demográficas y de inmigración. En el diálogo destaca que no realizarán «ninguna batalla que no se pueda ganar». Cuestionan el papel que jugaron Junts y ERC en octubre de 2017, argumentando que si no se está dispuesto a asumir las consecuencias de proclamar una independencia, es mejor no dar pasos en falso.

Control migratorio y seguridad

Su enfoque pasa por fortalecer el tejido social, económico e institucional interno de Cataluña mientras se prepara el terreno para una eventual vía unilateral efectiva cuando existan garantías. Apuestan por la reindustrialización, el apoyo a las pymes catalanas, la seguridad jurídica privada frente a normativas de vivienda intervencionistas y una política energética pragmática que no ahogue a la industria. Consideran que la gestión actual de la seguridad y el problema de la vivienda son prioridades que han sido mal abordadas por la izquierda y el constitucionalismo. Defienden un aumento de recursos policiales y un enfoque sancionador y firme frente a la delincuencia. Finalmente, propugna moratorias y restricciones severas a los flujos migratorios, argumentando que la presión demográfica actual tensiona los servicios públicos, la cohesión social y la identidad lingüística catalana.