Las cárceles catalanas, al límite: más presos, falta de funcionarios y polémica por la semilibertad

Las prisiones catalanas tienen cada vez menos margen para absorber nuevos ingresos. El aumento de la población reclusa ha llevado al sistema penitenciario hasta el 95% de su capacidad y ha obligado a la Generalitat a proyectar nuevas plazas. Pero la falta de espacio coincide con otra preocupación de los trabajadores: el crecimiento de la población penitenciaria no ha ido acompañado de un refuerzo equivalente de las plantillas y el Govern está en el punto de mira por sus planes para ampliar el número de internos que cumplen condena en régimen abierto.

A 14 de octubre 2026, las cárceles catalanas albergan a 9.586 personas, entre condenados y presos preventivos. Son casi 1.900 más que a finales de 2022, cuando había 7.729 internos. El incremento ronda el 24% en menos de cuatro años, después de que la tendencia descendente que se había mantenido durante años se invirtiera a partir de 2023.

La evolución ha superado las previsiones del Departamento de Justicia. Según el propio departamento, los cálculos iniciales ofrecían cierto margen para absorber el aumento de reclusos, pero la realidad ha desbordado esas estimaciones y se espera que el número de internos siga creciendo. La Generalitat, sin embargo, rechaza que las prisiones hayan llegado ya a una situación de colapso.

Para aumentar la capacidad, el Govern prevé instalar cuatro módulos prefabricados. Dos se proyectan en el centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), y otros dos se levantarán en una prisión que todavía no se ha concretado. En el caso de Mas d'Enric, los proyectos se encuentran en fase de preparación, por lo que las nuevas plazas aún no están disponibles para aliviar la ocupación actual.

La presión no se limita al espacio físico. Los sindicatos penitenciarios advierten de que también faltan funcionarios para atender a una población reclusa que ha crecido mucho más deprisa que la plantilla. Según los datos aportados por el sector, el número de trabajadores dedicados a tareas de vigilancia ha aumentado un 12% en estos años, hasta alcanzar los 3.638. UGT considera insuficiente esta cifra y reclama más efectivos para garantizar el funcionamiento de los centros y atender las necesidades de seguridad y vigilancia.

La saturación ha situado, además, en el centro de la controversia la política de clasificación penitenciaria de la Generalitat, gobernada por Salvador Illa. El Sindicato Catalán de Prisiones, SICAP-FEPOL, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña por los nuevos criterios para proponer que determinados internos clasificados en tercer grado puedan acogerse al artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Esta disposición permite que cumplan la condena en su domicilio y no tengan que pernoctar en prisión, siempre bajo las medidas de control establecidas.

El sindicato sostiene que la Administración pretende ampliar el uso de esta modalidad para descongestionar los centros y denuncia que los nuevos criterios permiten estudiar su aplicación a internos con un riesgo de violencia medio o alto. También cuestiona que no se exija de forma general haber completado todos los objetivos del tratamiento ni que el pago de la responsabilidad civil a las víctimas sea siempre un elemento determinante para formular la propuesta.

La denuncia pone el foco en el objetivo de la Generalitat de superar el 25% de la población penitenciaria en régimen abierto. Según los cálculos del sindicato, alcanzar ese porcentaje supondría incorporar al menos a 288 internos más a esta modalidad, tomando como referencia los 9.597 presos registrados a finales de agosto. Actualmente, el porcentaje se sitúa en torno al 22%.

SICAP-FEPOL asegura haber recibido información sobre posibles presiones a los equipos técnicos para que aumenten las propuestas de tercer grado. En concreto, denuncia que en algunos centros se habrían planteado objetivos de hasta 20 propuestas, una práctica que, a su juicio, corre el riesgo de convertir la clasificación penitenciaria en una cuestión de cuotas, en lugar de mantener una evaluación individualizada de cada caso.

La organización ha pedido a la Fiscalía que investigue si existen instrucciones para alcanzar cifras predeterminadas y que examine especialmente los expedientes de internos con antecedentes violentos, quebrantamientos de condena, consumo activo de drogas u órdenes de alejamiento. También reclama explicaciones al Departamento de Justicia y a la dirección general de Asuntos Penitenciarios sobre los criterios que se están trasladando a los profesionales.

El sindicato defiende que la reinserción forma parte de la finalidad del sistema penitenciario, pero considera que debe apoyarse en tratamientos adecuados, seguimiento y recursos suficientes. Por eso, rechaza que la falta de plazas en régimen ordinario pueda justificar una aplicación más amplia de las modalidades que permiten cumplir condena fuera del centro durante la noche. La denuncia plantea, además, dudas sobre la intensidad de los controles cuando estos se basan en llamadas, videollamadas o comparecencias periódicas, en lugar de la permanencia nocturna en prisión.

Radiografía de los reclusos

El aumento de internos también está modificando la composición de la población penitenciaria. Según los datos del Departamento de Justicia, los hombres concentran el 97% del incremento registrado desde finales de 2022. En ese periodo han pasado de 7.237 a 9.066, con un aumento de 1.829 personas. De ellas, 1.696 son hombres adultos y 133 tienen menos de 25 años.

Dentro de ese crecimiento, la población masculina extranjera adulta registra el mayor aumento en cifras absolutas: 1.256 internos más, frente a 440 españoles. Entre los hombres menores de 25 años, los extranjeros representan el 73% del total, una proporción que, según los datos oficiales, se mantiene estable respecto a finales de 2022. El departamento también constata un aumento de las mujeres en prisión preventiva, cuyo peso ha pasado del 13,45% al 18,46% de la población femenina interna.

En cuanto a los delitos, los relacionados con el patrimonio, las drogas y los homicidios continúan concentrando una parte importante de la población penitenciaria masculina. Los datos de 2022 y 2026 muestran porcentajes relativamente estables en estas categorías, mientras que los internos por delitos de violencia machista han aumentado de 593 a 973, según las cifras recogidas por el Departamento de Justicia.