Once ayuntamientos catalanes, bajo la lupa de Convivencia Cívica por sus políticas lingüísticas

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha intensificado su ofensiva jurídica para reclamar una mayor presencia del castellano en la Administración local catalana. La entidad ha presentado once escritos ante otros tantos ayuntamientos para cuestionar disposiciones lingüísticas de planes y ordenanzas municipales y, en paralelo, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles por exigir el nivel C1 de catalán para acceder a nueve plazas de agente de la Policía Local.

La campaña combina dos recursos de reposición contra planes lingüísticos ya aprobados y nueve escritos de alegaciones contra acuerdos de aprobación inicial de diferentes normas municipales. CCC sostiene que las disposiciones cuestionadas no garantizan suficientemente el uso del castellano en la atención al ciudadano, la señalización, los formularios y las comunicaciones administrativas.

Los municipios afectados son Cardedeu, El Palau d’Anglesola, Botarell, Salt, Molins de Rei, Sant Vicenç de Montalt, Renau, Malla, Sant Climent Sescebes, Santa Perpètua de Mogoda y Tordera. La asociación anuncia que acudirá a los tribunales si los ayuntamientos no atienden sus reclamaciones.

El presidente de CCC, Ángel Escolano, defiende que la cooficialidad debe tener una aplicación efectiva en los servicios públicos locales. La entidad pretende que las garantías lingüísticas se incorporen expresamente a las normas municipales, en lugar de quedar sujetas a declaraciones genéricas sobre el cumplimiento de la legislación.

De la señalización municipal a los trámites digitales

Los escritos abordan ámbitos muy distintos de la actividad municipal. En Cardedeu (Barcelona), CCC recurre el Plan local de lengua 2026-2030 porque considera insuficiente que se haya sustituido la expresión «lengua de uso preferente» por «lengua de uso normal» si se mantiene la previsión de que las comunicaciones municipales, internas y externas, se realicen en catalán.

En El Palau d’Anglesola (Lérida), la entidad reclama cambios en el plan de impulso al catalán para garantizar que los ciudadanos puedan recibir atención en la lengua oficial que elijan. También cuestiona determinadas preferencias lingüísticas en la contratación y pide revisar objetivos relacionados con actividades culturales, infantiles y juveniles.

En otros municipios, las alegaciones se centran en cuestiones más cotidianas. En Salt (Gerona), CCC reclama que las obligaciones lingüísticas de la ordenanza de actividades y servicios respeten la presencia del castellano en rótulos, carteles y documentación comercial. En Molins de Rei (Barcelona) pide que la señalización de la zona de bajas emisiones incluya información en castellano y catalán sobre restricciones, horarios, vehículos autorizados y excepciones.

La asociación extiende sus reclamaciones a los avisos de las playas de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), incluidos los relativos a la calidad del agua, las prohibiciones de baño y los servicios de socorrismo. En Renau (Tarragona), solicita que los trámites de la Administración digital puedan completarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, desde los formularios y mensajes de error hasta las notificaciones y la asistencia automatizada.

La inteligencia artificial también aparece en la campaña. CCC pide comprobar que las herramientas digitales utilizadas por los ayuntamientos permitan interactuar en castellano y catalán y respeten la elección lingüística del usuario.

Las alegaciones alcanzan asimismo a las ordenanzas de civismo y convivencia de Malla (Barcelona), los reglamentos de equipamientos de Sant Climent Sescebes (Gerona), las autorizaciones de terrazas de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y el Consejo de Adolescentes y Jóvenes de Tordera (Barcelona). En estos casos, la entidad reclama garantías para el uso del castellano en la información municipal, las solicitudes, las intervenciones orales y escritas y la documentación de los órganos de participación.

CCC fundamenta sus actuaciones en diversas resoluciones judiciales sobre cooficialidad y derechos lingüísticos, entre ellas la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. La asociación sostiene que los ciudadanos deben poder ejercer su opción lingüística sin cargas adicionales y reclama que ese principio se concrete en las normas y procedimientos municipales.

El requisito C1 para ser policía, en los tribunales

La actuación judicial más destacada se dirige contra el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). CCC ha presentado una demanda contencioso-administrativa para impugnar parcialmente las bases de una convocatoria de nueve plazas de agente de la Policía Local, aprobadas mediante resolución de Alcaldía el 30 de julio de 2026.

El recurso cuestiona que las bases establezcan una prueba de catalán de nivel C1 obligatoria y eliminatoria, así como el régimen de exenciones previsto para los aspirantes que ya acrediten conocimientos de esta lengua.

La entidad considera que el requisito eleva sin justificación suficiente el nivel lingüístico exigido para acceder a las plazas. Su argumentación se apoya en el Decreto 233/2002, que, según la interpretación recogida en la demanda, reconoce la exención de la prueba a quienes acrediten el nivel intermedio B, equivalente al actual B2.

CCC también señala una contradicción en las bases: el certificado C1 se exige como condición eliminatoria y, al mismo tiempo, se valora con 0,50 puntos como conocimiento superior al requerido.

La asociación solicita que se anule la exigencia controvertida, se adapten las bases al nivel que considera procedente y se reconozcan las exenciones correspondientes. Además, pide publicar la corrección y abrir un nuevo plazo de veinte días hábiles para presentar solicitudes, conservando las ya registradas. Subsidiariamente, reclama que se reconozca expresamente la exención a quienes acrediten el B2 o una titulación equivalente o superior.

La demanda no cuestiona la convocatoria en su totalidad, sino las condiciones lingüísticas que la entidad considera restrictivas para el acceso al empleo público.

Amenaza de nuevas acciones judiciales

Con estas actuaciones, CCC busca trasladar el debate sobre la política lingüística catalana desde los planes generales de promoción del catalán hasta su aplicación en servicios municipales concretos. La asociación sostiene que la presencia de ambas lenguas oficiales debe quedar garantizada en la relación entre los ciudadanos y las administraciones locales.

La entidad advierte de que, si los recursos y las alegaciones no prosperan, emprenderá las correspondientes acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. También anuncia que seguirá la evolución de los expedientes para comprobar si los textos definitivos incorporan las garantías que reclama.

Por ahora, la presentación de los escritos y de la demanda no implica que los ayuntamientos hayan vulnerado la legalidad ni anticipa el resultado de los procedimientos. La controversia deberá resolverse a partir del contenido de las normas impugnadas y de los argumentos que examinen, en su caso, los tribunales.