Bruselas abre una investigación sobre la regularización masiva de Sánchez

La Comisión Europea ha aceptado la petición de Junts para investigar la regularización masiva que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo. En concreto, analizará si la decisión contraviene la normativa europea, especialmente después del endurecimiento de las normas de asilo aprobadas el pasado mes de junio.

«El Gobierno deberá rendir cuentas ante Bruselas», destaca el partido catalán en una nota de prensa, que califica de «parche» la regularización extraordinaria y acusan al Gobierno de no tener ningún plan para integrar a las personas que ya viven en España.

Los catalanes recuerdan que en julio de 2026 ya expusieron ante la Comisión que el Real Decreto de regularización incumplía, a su parecer, diversas normas de la normativa comunitaria, y ahora les han respondido que el escrito se ha registrado como reclamación, que sus servicios lo examinarán y que les informarán de las conclusiones y las medidas que se adopten.

En este sentido, no hay que olvidar que el pasado mes de junio el Parlamento Europeo dio el visto bueno a una propuesta para endurecer las normas de asilo en la Unión Europea. Y que, incluso, una mayoría de países comunitarios achacaron a la regularización de Sánchez la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio.

No obstante, Junts no cuestiona que el Gobierno pueda regularizar, pero sí protestan por cómo lo hicieron porque consideran que no avisaron a Europa; porque el texto aprobado anula las expulsiones en bloque; porque el asilo se convierte en un «atajo», y porque creen que se ignora la lengua del territorio.

Fueron varios los países que mostraron abiertamente su temor a que al menos parte de los inmigrantes que entraron en Ceuta pudieran acceder a la Península Ibérica, como así se ha demostrado en diversas operaciones policiales contra las mafias que trasladan a inmigrantes, y de ahí cruzaran la frontera española hacia otros países comunitarios.

En su reclamación a Bruselas, Junts también constata que el Tribunal Supremo, en julio de este año, rechazó suspender cautelarmente el Real Decreto, como pedían la Comunidad Valenciana y Aragón, y decidió no consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), «pese a precisar que no lo haría 'en este momento procesal».

Está previsto que la Comisión Europea haga una primera valoración en los dos próximos meses y decida, en el plazo máximo de un año, si requiere explicaciones a España o archiva la queja; si necesitara más tiempo, deberá informar por escrito del estado de la situación.

Si Europa decide actuar, enviará a España un carta para emplazarla a dar explicaciones y, en caso de que no les convenzan, le tramitará un dictamen motivado con un plazo para corregir la situación, y si no lo hace, la Comisión puede demandar el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.