Imagen de Sandra Gómez durante una intervención en el Parlamento Europeo.

Imagen de Sandra Gómez durante una intervención en el Parlamento Europeo.Laurie Dieffembacq / Europa Press

El juez pide la imputación de una eurodiputada del PSOE en la causa por una piscina ilegal de 1,2 millones euros

El magistrado eleva la exposición razonada al Tribunal Supremo ante el aforamiento del que goza Sandra Gómez

El magistrado Jarabo Calatayud ha elevado la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo para que proceda, si se considera, la imputación de la eurodiputada del PSOE Sandra Gómez por la piscina ilegal de 1,2 millones de euros.

En el documento judicial, al que ha tenido acceso El Debate, el juez instructor afirma disponer de «indicios sólidos y cualificados» para que se investigue el papel de la que fuera concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia durante la obra ilegal.

Según el magistrado, existen «indicios que cuestionan el principio de inocencia: se ha construido en terreno de otro municipio, sin licencia, y en suelo clasificado (al menos desde esa perspectiva formal, y sin perjuicio de las matizaciones dichas), rustico, y de protección, con lo cual la causa en principio, debe continuar a su siguiente fase».

En este caso, el magistrado Jarabo Calatayud iguala el papel de Sandra Gómez al de Ribó, concretando que su inclusión en la causa se debe a «la atribución de la omisión o pasividad en la contemplación de la infracción atribuida».

Seis investigados al Supremo

La causa parte del complejo deportivo que el Ayuntamiento de Alboraya, gobernado por el PSOE, construyó entre 2022 y 2023 en suelo de huerta protegida de la ciudad de Valencia, sin que el Consistorio capitalino, con Joan Ribó al frente, se opusiera ni durante las obras ni una vez finalizadas.

Por ello en la causa están imputado el alcalde socialista de Alboraya, Miguel Chavarría, así como su concejala de Urbanismo, Ana Bru, y dos arquitectos municipales de la localidad; por la parte de Valencia el investigado es Joan Ribó por su condición de alcalde.

Todas las miradas estaban depositadas sobre la figura de Sandra Gómez, a la que el juez Jarabo Calatayud no la podía imputar pese a haber sido señalada en las diversas diligencias instruidas. Al ser eurodiputada goza de aforamiento y el único órgano judicial que la puede investigar es el Tribunal Supremo.

La Asociación para el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, que ejerce la acusación popular bajo la representación legal del abogado Víctor Soriano, había solicitad la imputación de la eurodiputada socialista. Ahora el juez ha atendido a la petición.

Ahora, el magistrado pide al Supremo que asuma la instrucción al completo en el caso de considerar que sobre la eurodiputada socialista se evidencian los indicios «sólidos y cualificados» que se advierten sobre su papel en la piscina de 1,2 millones de euros.

En el caso de que el TS acepte la petición del juez valenciano, el máximo órgano judicial deberá valorar si traslada al completo la investigación, ya que el juez expone una unidad de actuación entre los investigados.

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