Imagen de archivo de Joan Ribó junto con Sandra Gómez
El juez prorroga la causa contra Joan Ribó y apunta a la eurodiputada socialista Sandra Gómez por la piscina de 1,2 millones de euros
El magistrado Jarabo Calatayud acuerda la prórroga de la instrucción y hace constar que el Ayuntamiento de Alboraya no ha entregado una documentación requerida desde el mes de abril
Seis meses más de instrucción en la causa de la piscina de 1,2 millones de euros construida de forma ilegal por parte del Ayuntamiento de Alboraya en suelo protegido de la ciudad de Valencia. En la causa están imputados el exalcalde de la capital del Turia Joan Ribó y el primer edil de Alboraya, Miguel Chavarria y hasta el propio juez Jarabo Calatayud hace constar ya, aunque no es de forma efectiva, que la eurodiputada socialista Sandra Gómez está «investigada».
El juez Emilio Jarabo ha firmado la ampliación de seis meses más para mantener la investigación sobre la construcción ilegal de la piscina de Alboraya en terreno, y además protegido, de la ciudad de Valencia. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia Plaza número 19 lleva ya investigando un año si ambos ayuntamientos actuaron conforme a Derecho.
Por ahora en la causa constan como imputados el exalcalde Joan Ribó y por parte del Alboaya el alcalde Miguel Chavarría, la concejal de Urbanismo Ana Bru, la arquitecta municipal Silvia Requeni y el arquitecto del complejo Emilio Conejero. Pero el listado podría ampliarse
El juez señala en la documentación oficial como «investigada» a Sandra Gómez, aunque esta anotación en la documentación a la que ha tenido acceso El Debate, no es efectiva porque para que se investigue a la eurodiputada socialista y exvicealcaldesa de Valencia el magistrado debe elevar inicialmente la causa al Tribunal Supremo y ya será este órgano el que solicite el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo para imputarla.
Así, el magistrado informa a las partes y a la Fiscalía que la instrucción se prorroga «por un plazo de seis meses desde el 18 de junio hasta el 18 de diciembre de 2026, sin perjuicio, de las prórrogas posteriores».
Alboraya aún no ha enviado un informe requerido desde el mes de abril
Especialmente el juez hace constar en dicha prórroga que el Ayuntamiento de Alboraya no ha cumplido con el requerimiento de información realizado por el Juzgado a través de una providencia con fecha 14 de abril. Al respecto la Letrada de la Administración de Justicia ha emitido también una «diligencia de constancia» por la que se «hace consta el estado pendiente del informe solicitad al Ayuntamiento de Alboraya desde el mes de ayer».
Ante esta ausencia de colaboración con la Justicia, la LAJ señala que con fecha 10 de junio «se contactó telefónicamente con el Consistorio e indicaron que lo reclamaban al departamento correspondiente, sin que se haya recibido nada aún» en el plazo de 24 horas.
A ello hay que sumarle, según ha podido saber El Debate, que el alcalde de Alboraya ha mostrado su interés por presentarse como candidato a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, lo que provocaría una situación un tanto peliaguda al poder darse que un cabeza de cartel pueda sentarse en el banquillo de los acusados e incluso ser juzgado y condenado. Sobre Miguel Chavarría, si llega a juicio la imputación tal cual de delitos, podría enfrentarse a una solicitud de prisión de cerca de ocho años.
