El alcalde socialista que se puede enfrentar a una solicitud de hasta ocho años de cárcel por una piscina municipal

Las piscinas son esenciales en verano, pero como lugar de diversión y esparcimiento y no como motivo para que un juzgado investigue a dos ayuntamientos. Año 2023: el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Alboraya construye una piscina con un presupuesto de 1,2 millones de euros. La inversión municipal puede parecer elevada, pero lo ciertamente llamativo es que la cuna de la horchata no hizo las obras en su término municipal, sino en un terreno que ya es término municipal de la limítrofe ciudad de Valencia. Resultado: imputados el alcalde socialista de Alboraya, Miguel Chavarría, su primera teniente alcalde Ana Bru y el exalcalde de Valencia Joan Ribó. El peor escenario penal recae sobre los representantes del consistorio alborayense.

El Debate se ha puesto en contacto con Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED), ante la próxima declaración como imputado de Joan Ribó. Será el próximo martes, 22 de julio, jornada en la que en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia también acudirá el arquitecto Emilio Conejero y la edil Bru. Se espera que sean «las últimas diligencias» por parte del juez Alberto Jarabo antes de dar por finalizada la fase de instrucción y proceder, o no, al procesamiento de los investigados.

En su momento ya declaró como testigo el que fuera concejal socialista de Hacienda en Valencia en la anterior legislatura Borja Sanjuán, quien descargó sobre Sandra Gómez los temas urbanísticos en la capital del Turia, lo que podría dejar a la exvicealcaldesa y ahora eurodiputada «al borde de la imputación», según explica a este periódico Soriano, que el juez tendría que elevar ante el Tribunal Supremo por su aforamiento.

La parte que afecta al Ayuntamiento de Valencia es la que falta por concretar, mientras que la de Alboraya parece más asentada. Miguel Chavarría, que es alcalde del municipio desde 2011, consta como imputado después de que su Consistorio construyera en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Valencia una piscina pública de 1,2 millones de euros sin, según la acusación popular, "pedir el correspondiente permiso al Consistorio de la capital y sin respetar que el suelo es no urbanizable, agrícola y calificado como huerta protegida».

El primer edil socialista es, a tenor de los delitos que se investigan, el que peor horizonte procesional se le presenta en el caso. Su procesamiento parece «claro», siempre de acuerdo con las mismas fuentes. El delito que rige la causa es contra la ordenación del territorio, aunque «Chavarría se enfrentaría al de malversación», según la versión de Soriano.

«En este sentido entendemos que Chavarría será acusado de delito contra la ordenación del territorio y malversación con penas de prisión y multa e inhabilitación para cargo público. Estamos hablando que en caso de llegar a juicio se enfrentaría a una solicitud de entre 6 y 8 años de cárcel», expone Soriano a El Debate.

Además, el alcalde de Alboraya, en su declaración ante el juez, aceptó la posibilidad de tener que demoler la piscina de 1,2 millones de euros pero insistió en que el terreno sobre el que se realizó la obra estaría pendiente «de un cambio de lindes» entre Valencia y Alboraya. «La posterior legalización te puede evitar tener que demolerla, pero no anula la comisión del delito», expone el abogado Víctor Soriano.

La fase de instrucción no ha finalizado, aunque aparentemente encara su recta final, estimando el letrado que «la resolución perfectamente podría ser para después de verano». En ese momento se conocerá la decisión final sobre si el caso llega o no a una sala para ser juzgado, qué personas están investigadas y qué delitos concretos se les acusan. Las piscinas a veces traen problemas, tanto personales como judiciales.