La nueva ley de vivienda protege a los okupas

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional ante una vivienda okupadaEuropa Press

Un grupo de magrebíes okupa una casa ante la playa pero «sus dueños les van a pagar para que se vayan»

En menos de una semana, dos okupaciones por parte de personas «del mismo origen y de idéntica edad». Así es la realidad que han vivido los vecinos de la playa de la Goleta de la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. Hace unas jornadas unos magrebíes okuparon la casa de Pilar, unos días después han allanado otra vivienda en la misma zona. El resultado, por decisión de los propietarios, muy diferente.

El Debate accedió a la historia de Pilar, una docente valenciana que se ha quedado sin casa de vacaciones porque un grupo de magrebíes han okupado su adosado, y ahora a una nueva situación que se ha dado en viviendas próximas en la zona de la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna.

Según ha podido saber este periódico, en una vivienda cercana ha accedido «un grupo de jóvenes del mismo origen y de idéntica edad» que los que okuparon la casa de Pilar, sin que los vecinos hayan podido confirmar si son las mismas personas. Pero los propietarios de este segundo inmueble okupado han optado por una decisión diferente: «sus dueños les van a pagar para que se vayan».

Al parecer, y según fuentes conocedoras de la situación, los propietarios del inmueble habrían decidido ofrecerse a los okupas y negociar el pago de una cantidad de dinero para que abandonen su casa lo más pronto posible.

Esta situación es bastante habitual entre los afectados por okupaciones. El hecho de ofrecer un pago de varios miles de euros supone que la persona que ha allanado la vivienda salga sin ser denunciado y con cierto botín económico para proseguir con esta actitud completamente delictiva.

Más fiestas en el adosado de Pilar

Al conocer esta nueva okupación en la zona, El Debate ha consultado a Pilar si existe alguna novedad con respecto a su adosado okupado. «Los vecinos me cuentan que todo sigue igual. Me avisan a diario que si hacen fiestas casi todos los días, que a veces están más tranquilos», comenta la propietaria que se ha quedado sin vivienda.

Pilar, por el momento, continúa confiando en la Justicia, aunque según relata a este periódico, «la Guardia Civil aún no ha remitido el atestado al juez», por lo que el proceso está ciertamente encallado hasta nueva orden.

Pilar, que no tiene dónde veranear después de 20 años, descarta que su familia vaya a seguir el camino emprendido por sus vecinos: «Si todos pagáramos para que nos desokupen la casa, al final nadie se iría. Primero que no tengo porque pagar a nadie para que deje mi adosado segundo que el hecho de pagar me haría sentirme como extorsionada», zanja.

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