Okupa una casa, se instala una alarma y presenta el tique para empadronarse y hacerse con el piso

Una mujer española ha intentado empadronarse en una vivienda que ocupa ilegalmente en Alicante, aportando como prueba una factura de internet a su nombre y un contrato de alarma instalado en el domicilio. Vive allí con su pareja, un ciudadano magrebí en situación irregular en España. Ninguno de los dos es propietario ni arrendatario del inmueble, pero han solicitado cita en el padrón municipal con la intención de inscribirse como residentes oficiales.

La maniobra no es trivial: empadronarse, incluso en una vivienda allanada, es el primer paso para acceder a ayudas sociales, servicios públicos… e incluso para iniciar trámites de regularización por arraigo, como en el caso del acompañante extranjero.

Este caso, al que ha tenido acceso El Debate, evidencia cómo la política de vivienda del Gobierno de España está siendo utilizada por okupas para legitimar su presencia en viviendas ajenas. La ley no exige al solicitante de empadronamiento que acredite la propiedad del inmueble ni un contrato legal de alquiler. Basta con demostrar que reside en él, algo que puede hacerse con facturas recientes de suministros o, como en este caso, con el contrato de un sistema de alarma. «Porque ahora se oyen muchas cosas», justificó la mujer ante los servicios municipales.

La mujer presentó una factura de internet y el contrato de una alarma como indicios de que reside en la vivienda. Estos documentos pueden ser suficientes para que un Ayuntamiento autorice el empadronamiento. La situación adquiere aún mayor gravedad en el caso de su pareja, en situación irregular, ya que empadronarse puede abrir la puerta a procesos de regularización administrativa en el futuro.

La legislación española permite, bajo ciertas condiciones, que una persona sin papeles pueda solicitar la residencia legal por arraigo, un proceso en el que resulta imprescindible demostrar al menos tres años de permanencia continuada en el país. El padrón es uno de los documentos clave para acreditar ese tiempo. Es decir, aunque el acceso al empadronamiento se haya producido tras el allanamiento de una vivienda, puede convertirse en la base documental para solicitar la legalización de la situación migratoria. Todo ello sin haber pagado ni un céntimo por la vivienda ocupada.

El balance de la oficina 'anti okupas'

Este intento de empadronamiento coincide con el pobre balance que arrastra la oficina antiokupación del Ayuntamiento de Alicante. Inaugurada en noviembre de 2024 por el alcalde Luis Barcala tras la exigencia de Vox, fue presentada como un recurso pionero para asesorar a propietarios víctimas de ocupaciones ilegales. El servicio cuenta con cuatro agentes de la Policía Local y un auxiliar, prestando atención las 24 horas del día y los 365 días del año.

Sin embargo, según datos oficiales facilitados por el propio Consistorio, en ocho meses solo se han registrado ocho atenciones. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha sido contundente en su crítica: «Las cifras desmienten la necesidad de un chiringuito que fue pactado por el PP y Vox para agitar el miedo a la okupación de viviendas. Este proyecto ha resultado un absoluto fracaso dado que no fue creado para hacer frente a una necesidad».

Barceló acusa al alcalde de crear una alarma social sin base estadística real y recuerda que «ni siquiera el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante tiene datos concretos sobre cuántas propiedades públicas se encuentran en situación de okupación». También ha denunciado que la Generalitat Valenciana, bajo gobierno del PP, está replicando esta estrategia de «propagación del miedo» mediante la organización de cursos específicos para formar a policías locales contra la okupación.

Una práctica con consecuencias graves

Aunque la ley contempla el derecho al empadronamiento sin necesidad de ser propietario ni inquilino, la práctica se está utilizando para consolidar ocupaciones ilegales. Para las administraciones, empadronar a quien acredita residir en un inmueble responde a una obligación legal, orientada a garantizar derechos básicos como el acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales. Sin embargo, en el plano judicial y patrimonial, la situación es explosiva: los ocupantes pueden reforzar su presencia en un inmueble que no les pertenece mientras los dueños legítimos ni siquiera tienen acceso a saber quién figura en el padrón de su vivienda por motivos de «protección de datos».

Este blindaje administrativo provoca situaciones insólitas: un propietario ve usurpado su piso, desconoce quién lo habita y no recibe apoyo de la Administración para recuperar el control de su propiedad. Mientras tanto, el okupa, amparado por la inscripción en el padrón, puede no solo acceder a prestaciones, sino incluso comenzar a construir una situación legal de permanencia en el país, como en el caso de este ciudadano magrebí sin papeles.

El fenómeno crece, pese a la negación

Mientras la izquierda insiste en que la okupación no es un problema real, casos como este muestran que la estrategia de tomar posesión de inmuebles, instalar suministros o alarmas y empadronarse se está repitiendo en múltiples ciudades. En Alicante, aunque solo ocho personas han acudido a la oficina antiokupación, los casos reales de propietarios bloqueados y viviendas usurpadas van en aumento.

El debate sigue abierto, pero la realidad es evidente: la ley, tal y como está redactada hoy, permite que una persona se empadrone en una casa que ha ocupado por la fuerza. En paralelo, el propietario pierde el control de su domicilio y ni siquiera sabe oficialmente quién vive en él. Lo que en teoría es un trámite para garantizar derechos básicos se ha convertido en un arma eficaz en manos de quienes toman propiedades que no les pertenecen. Y, en casos como el del acompañante sin papeles, también en un atajo hacia la legalización.