Imagen de archivo de una casa okupada
Plataformas y particulares ponen a la venta chalés y pisos okupados desde 750.000 a 11.000 euros: «No se pueden visitar»
«Oportunidad sólo para inversores. El activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo». Una frase que hace años desataría las alarmas en una plataforma inmobiliaria y que ahora es de lo más común a la hora de buscar una vivienda para comprar. Y es que el 2,6 % de los inmuebles en venta en España, unos 20.500 aproximadamente, reconocen estar okupados en sus anuncios de venta.
En ciudades como Valencia esta proporción alcanza aproximadamente el 3,4 % del total de oferta en venta, situándose en torno a 243 viviendas durante el cuarto trimestre de 2024. En la provincia de Alicante, se contabilizan 176 viviendas okupadas a la venta en ese período, y sumando ambas provincias se puede estimar que en la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 419 pisos okupados anunciados, indicando una incidencia relevante en el mercado regional.
La principal motivación que explican los inmobiliarios es el descuento sustancial respecto al precio de mercado. En muchos casos, estas viviendas se comercializan con rebajas que oscilan entre el 30 % y el 50 %, y en algunas localidades se registran hasta descuentos de entre el 60 % y el 74 %. Por lo que un chalet o una casa de grandes dimensiones que sin okupantes podría estar valorada en más de 700.000 euros en ciudades como Valencia, pueden ver su precio reducido y ser malvendidas por apenas 10.000 euros.
Por ejemplo, un piso en Algemesí, una localidad de la provincia de Valencia, de 128 metros cuadrados, con dos dormitorios y dos baños, que además cuenta con trastero y ascensor como extras, está puesto a la venta en uno de los principales perfiles inmobiliarios por tan solo 54.300 euros, muy por debajo del precio de mercado actual.
Ejemplos de algunas viviendas okupadas en venta por precios muy por debajo de su valor en portales inmobiliarios
Otros casos muy llamativos son de algunos inmuebles pequeños en localidades valencianas como Llíria o Torrente, de una o dos habitaciones que no superan los 50 metros cuadrados y sin ascensores, pero que a pesar de estas condiciones siguen estando a la venta por un precio muy inferior al real, rondan entre los 10.000 y los 15.000 euros. Por estos precios en la ciudad de Valencia a día de hoy apenas pueden encontrarse trasteros o plazas de garaje, mucho menos una vivienda en condiciones habitables.
Lentitud del proceso de desahucio
En este contexto, algunos particulares optan por vender su vivienda okupada ante la lentitud burocrática que implica iniciar un juicio para recuperar la posesión. El proceso de desahucio puede tardar desde varios meses hasta más de un año o incluso dos, lo que lleva a muchos propietarios a preferir la venta inmediata con okupas dentro antes que asumir costes legales y frustraciones prolongadas. Esta opción, aunque implica perder parte del valor, les permite obtener liquidez de forma rápida y evitar un proceso judicial que consideran excesivamente lento.
Además de la venta del inmueble con okupas dentro, los propietarios están abriéndose a otras vías para deshacerse del problema de una forma más rápida debido a la lentitud del proceso judicial. En algunos casos, como el que contó El Debate en unos chalets de Tavernes de Valldigna, en Valencia, los propietarios negocian con los okupas para pagarles y que así se marchen voluntariamente de la vivienda.
Y es que la lentitud burocrática y de los procesos judiciales es uno de los principales puntos a resolver en materia de okupación en España. Julián Tío Barraca, director de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), advierte de esta problemática a El Debate: «Creo que se tendría que agilizar el desahucio de quien okupe una vivienda, ese es uno de los temas en los que habría que trabajar». Asimismo, alerta de que los Ayuntamientos a menudo se sienten desbordados frente a este fenómeno. «Estamos viendo que los Ayuntamientos muchas veces se sienten impotentes a la hora de poder afrontar un tema de okupación, que, además, suelen ir aparejados a las zonas donde están graves problemas de convivencia y ya no solo de convivencia, sino de delitos. Lo que hace que la propia administración en muchos casos se encuentre con las manos un poco atadas».
Aunque las leyes han mejorado, Tío recalca que el problema radica principalmente en la lentitud judicial. «Las leyes han ido ajustándose y seguro que se podrían afinar más con el paso del tiempo. Pero lo que estamos viendo es que el gran problema o uno de los grandes problemas sería el tema más judicial», afirma a este periódico.
Cambio de compradores
Este nuevo fenómeno de venta está cambiando también el perfil del comprador, ya no son solo inversores especializados quienes adquieren estas viviendas, cada vez más particulares con cierto conocimiento legal o inversores más pequeños están dispuestos a aceptar los riesgos a cambio de precios muy bajos y la posibilidad de negociar con los ocupas o incluso subrogarse en procesos judiciales ya iniciado. Estos compradores valoran la rentabilidad potencial: reforman y venden o alquilan, obteniendo márgenes del 20 a 25 % sobre la inversión tras recuperar la posesión.
En definitiva, la venta de pisos con okupas incluidos se perfila como un rasgo cada vez más visible del mercado inmobiliario español y valenciano. Lo que comenzó como un fenómeno marginal se está consolidando, especialmente en zonas con problemas administrativos o judiciales, y donde el propietario ve en la venta la única alternativa viable ante la lentitud institucional.
