Oleada de intentos de okupación: los vecinos frenan tres casos en menos de una semana en el mismo pueblo

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en una preocupación creciente en todo el país, especialmente en los meses de verano, cuando muchas casas permanecen vacías durante más tiempo. Aunque algunos intentos han sido frustrados gracias a la rápida actuación vecinal, otros casos demuestran lo difícil que puede resultar recuperar una vivienda una vez que los okupas logran instalarse. En este contexto, la colaboración ciudadana se está revelando como una herramienta fundamental para frenar este tipo de delitos antes de que se consoliden.

En las últimas semanas, El Debate ha informado de varios casos que ilustran bien esta realidad. En localidades como Almazora o Burriana, ha sido precisamente la intervención inmediata de los vecinos la que ha evitado que los okupas tomaran posesión definitiva de inmuebles ajenos. En Almazora, por ejemplo, una patrulla policial logró intervenir a tiempo después de que un residente alertara sobre movimientos sospechosos en una vivienda deshabitada.

El caso más reciente ha sido el de Burriana. La localidad castellonense ha registrado tres intentos de okupación ilegal en menos de siete días, dos de ellos en menos de 24 horas este pasado fin de semana. La sucesión de casos ha encendido las alarmas tanto entre los vecinos como entre las autoridades locales, que alertan del aumento de este tipo de intrusiones.

El primero de los intentos se produjo el sábado por la noche, en torno a las once, cuando varios vecinos de la calle Menéndez Pelayo alertaron a la Policía Local al observar a una familia forzando la entrada de una vivienda. Los agentes, que acudieron con rapidez al lugar, sorprendieron a dos personas en el interior del inmueble. Se trataba de un matrimonio de nacionalidad marroquí, que fue desalojado en el acto. La puerta fue cerrada y precintada para garantizar la protección de la propiedad, mientras se localizaba al dueño, quien aseguró no tener conocimiento de la intrusión. Los agentes le recomendaron adoptar medidas de seguridad adicionales para evitar nuevas ocupaciones, como tapiar el acceso.

Tan solo unas horas después, el domingo por la tarde, se producía un nuevo intento en el antiguo IES Jaume I, actualmente fuera de uso. Un ciudadano dio la voz de alarma tras observar a dos individuos accediendo a la zona vallada del recinto. A la llegada de los agentes, los intrusos fueron localizados en el interior de la antigua vivienda del conserje, donde presuntamente pretendían asentarse. Uno de ellos, de nacionalidad argelina, y el otro, marroquí, contaban con antecedentes. De hecho, este último tenía en vigor una orden de expulsión del país. Ambos fueron desalojados y el inmueble fue nuevamente cerrado para impedir futuras incursiones.

Estos dos episodios se suman a otro intento frustrado el pasado miércoles en la calle Burgà, en pleno centro de la localidad. En este caso, varios vecinos observaron cómo dos personas colocaban una cadena con candado en la puerta de una vivienda. Al percatarse de la maniobra sospechosa, alertaron a la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar. Aunque los individuos ya habían abandonado la zona, los agentes localizaron a la propietaria, que desconocía completamente la situación. Tras inspeccionar la vivienda y asegurarse de que no hubiera daños ni ocupantes, se procedió a retirar la cadena y restituir la propiedad a su dueña.

La Policía Local ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, cuya actuación inmediata ha sido clave para evitar que estas ocupaciones se consolidaran. De hecho, en otras localidades de la provincia, gracias a avisos tempranos, también se han logrado frustrar intentos similares en las últimas semanas. Desde el cuerpo policial se insiste en que la mejor herramienta para frenar estos delitos es la intervención rápida, y se anima a la población a alertar ante cualquier movimiento sospechoso, recordando que las llamadas al 092 o al 112 pueden marcar la diferencia.

Sin embargo, no todos los casos terminan con un desalojo inmediato. También hay situaciones en las que los okupas logran establecerse y, una vez dentro, la recuperación del inmueble se convierte en un proceso largo y complicado. Así ocurrió en el caso que ha sacado a la luz El Debate recientemente, en el que una persona se empadronó en una vivienda ajena, instaló su propia alarma y llegó a presentar incluso un tique de supermercado como «prueba de residencia». O en el caso de una casa frente al mar en la costa castellonense, donde un grupo de magrebíes ocupó el inmueble y sus propietarios, al verse impotentes para desalojarlos, acabaron ofreciéndoles dinero para que se marcharan.

Estos ejemplos reflejan una situación cada vez más común en la Comunidad Valenciana, donde los intentos de ocupación no solo aumentan, sino que se sofistican. En este escenario, la alerta temprana por parte de los vecinos y la intervención rápida de las autoridades se perfilan como las mejores herramientas para evitar que estas situaciones se enquisten. Y es precisamente esa colaboración ciudadana la que ha vuelto a demostrar su eficacia en Burriana, donde la Policía Local ha logrado frustrar los tres intentos en apenas una semana.