El clima de inseguridad y la lentitud judicial que generan las okupaciones: «Los Ayuntamientos se sienten impotentes»

Dos okupaciones en menos de una semana por un grupo de magrebíes en la playa de Tavernes de Valldigna, la Policía expulsa a un okupa de una vivienda en plena zona cero de la dana en Picanya y una vecina frena otro intento de okupación al alertar a la Guardia Civil en la localidad de Almazora, que acumula ocho intentos de allanamiento en los últimos dos meses. Y estos son solo algunos ejemplos más recientes de okupación ilegal en viviendas de la Comunidad Valenciana, una problemática que va en aumento y que, más allá de las cifras, genera un creciente clima de inseguridad y frustración entre los ciudadanos.

Y es que el aumento de casos de okupación y inquiokupación está generando una creciente preocupación en la región, y más en esta época estival en la que muchas familias dejan su casa para ir de vacaciones. Así lo confirma a El Debate Julián Tío Barraca, directecror de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), una figura de referencia en el ámbito del consumo desde hace décadas. Con una larga trayectoria en el asesoramiento y representación institucional, Tío conoce de primera mano la evolución del problema, y advierte que el fenómeno está lejos de ser anecdótico.

«Lo que se nos traslada es la preocupación que tienen con el tema de la okupación, sobre todo de forma más reciente con la inquiokupación», asegura Tío. Aunque reconoce que el número de casos podría no parecer alarmante a simple vista, destaca que el impacto real no se mide solo en cifras: «Está claro que es un problema grave, quizá no por el número de casos en sí, que parece que también van aumentando. Sino a nivel público, al problema de la preocupación que puede generar esa situación».

Para el representante de AVACU, lo que está creciendo es el sentimiento de inseguridad. «Yo creo que son uno de los temas que más están aumentando en el sentir, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía, el miedo a salir de casa», explica. Y lo que más alarma es que ya no se trata de inmuebles vacíos o abandonados: «Los últimos casos que estamos viendo ya no son aquellos casos de fincas abandonadas, sino que hay gente que igual se ha ido al hospital a una intervención o han salido de casa unas horas y se la han okupado».

Agilizar los procesos judiciales

Ante este escenario, Tío señala que una de las principales necesidades es acelerar de los procesos judiciales. «Creo que se tendría que agilizar el desahucio de quien okupe una vivienda, ese es uno de los temas en los que habría que trabajar». También destaca que muchas veces los propios consistorios se ven desbordados y sin capacidad de reacción ante estas situaciones: «Estamos viendo que los Ayuntamientos muchas veces se sienten impotentes a la hora de poder afrontar un tema de okupación, que, además, suelen ir aparejados a las zonas donde están graves problemas de convivencia y ya no solo de convivencia, sino de delitos. Lo que hace que la propia administración en muchos casos se encuentre con las manos un poco atadas».

Las leyes, en su opinión, han mejorado con el tiempo, pero no son el único factor que influye en el problema. «Las leyes han ido ajustándose y seguro que se podrían afinar más con el paso del tiempo. Pero lo que estamos viendo es que el gran problema o uno de los grandes problemas, que es donde quizá habría que invertir más, sería en el tema más judicial», explica. «En ocasiones nos encontramos con que la lentitud judicial hace que se demoren mucho estas situaciones. Entonces, tanto la propia Administración de Justicia como el Ayuntamiento en sí tendrían que poner medios e intentar agilizar todo este tipo de procesos».

Los Ayuntamientos están con las manos atadasJulián Tío BarracaPresidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)

Tío insiste en la importancia de dotar a la Administración municipal de más recursos para que los procedimientos sean rápidos y eficaces. «Si ya nos encontramos frente a un caso de okupación, por lo menos que se resuelva lo antes posible, sobre todo para que no genere mayor daño al propietario». Y añade: «Yo creo que por ahí irían un poco más los tiros. No tanto por modificar, porque ya existen algunas normas que se ponen a los okupas, pero hecha la ley, hecha la trampa. Yo plantearía más por agilizar esos procesos».

El problema, no obstante, también está relacionado con la situación del mercado inmobiliario en España. «Además de preocuparnos con qué está pasando con la vivienda en España, al precio que está, que está empezando a adquirir tanto a nivel de alquiler como de compra, y ver que, de alguna manera, sobre todo a los consumidores vulnerables, habría que ayudar para conseguir que estas situaciones se den de la mejor manera posible para que no se terminen en que okupas».

Herramientas ante la okupación

Desde AVACU, una de las principales herramientas con las que han trabajado es la prevención. Informar y asesorar a los propietarios para evitar ser víctimas de ocupaciones ha sido, durante mucho tiempo, una línea de actuación habitual. «En estos casos siempre podemos actuar de forma previa, aconsejando cómo pueden los usuarios actuar para intentar evitar los casos que hasta ahora se estaban dando de okupación», comenta.

Entre las recomendaciones, destaca la importancia de que la vivienda parezca habitada. Por ejemplo, recoger el correo del buzón, evitar carteles de 'Se alquila' o 'Se vende', o mantener alguna presencia en el domicilio. Los consejos iban muy encaminados a intentar mantener la casa habitada, sin embargo, ese enfoque empieza a quedarse corto ante la rapidez con la que actúan algunos okupas: «Eso era hasta ahora, pero estamos viendo que los últimos casos son con una inmediatez, es decir, hay gente que han dejado su casa igual un día o tan solo unas horas y de repente la han okupado».

La evolución del fenómeno plantea nuevos retos que, según Julián Tío, solo podrán resolverse con una combinación de mayor agilidad judicial, refuerzo de recursos públicos y políticas de vivienda que eviten que la vulnerabilidad social derive en conflictos de convivencia como los que cada vez se repiten más en barrios de toda la Comunidad Valenciana.