Pillan a unos okupas 'in fraganti' y una vecina logra que les desalojen de la casa que habían allanado

En pleno verano, cuando muchas familias se marchan de vacaciones con la ilusión de desconectar unos días, también aflora el temor creciente de que alguien okupe su vivienda durante su ausencia. Es una preocupación real y cada vez más común en muchas localidades de España. Este miedo se ha materializado recientemente en Almazora, en la provincia de Castellón, donde hace apenas dos días se produjo un nuevo intento de okupación frustrado gracias a la rápida intervención de una vecina y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Según ha explicado la alcaldesa de la localidad, María Tormo, a través de sus redes sociales, la colaboración ciudadana fue clave en este caso. Una vecina dio el aviso al detectar movimientos sospechosos en un inmueble, lo que permitió a la Policía Local y a la Guardia Civil intervenir con rapidez. Gracias a su actuación, los okupas abandonaron voluntariamente la vivienda sin necesidad de mayores incidentes.

Los efectivos estuvieron desplegados más de dos horas para conseguir que se fueran, recibiendo amenazas, hasta que lograron disuadir a los okupas para que se marchasen. La regidora ha aprovechado la ocasión para agradecer públicamente la implicación vecinal y la labor de los agentes, y ha anunciado que el consistorio trabaja ya en la implantación de un sistema antiokupa que refuerce la protección frente a este tipo de situaciones.

«Como alcaldesa, quiero agradecer la rápida actuación de nuestras fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana. Juntos seguimos haciendo de Almassora un lugar más seguro», ha explicado Tormo.

Este último episodio no es un caso aislado en Almazora. Según datos de las intervenciones efectuadas por la Policía Local detallados por la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, solo en los dos últimos meses los agentes han frenado ocho intentos de okupación ilegal en viviendas, tres de ellas en la última semana. Hace unos días, la alcaldesa y la concejala mantuvieron un encuentro telemático con el responsable de Relaciones Institucionales de la Sareb para coordinar esfuerzos frente al problema de la okupación ilegal. El objetivo de la reunión fue establecer vías de colaboración que permitan detectar posibles casos y activar mecanismos que ayuden a combatir esta situación en el municipio.

Uno de los casos más llamativos ocurrió hace apenas cuatro meses, cuando la Policía Local tuvo que intervenir para desalojar una vivienda que había sido okupada mientras su propietario se encontraba ingresado en el hospital. Fue la comunidad de vecinos la que, al notar la presencia de personas ajenas en el inmueble, alertó a la familia del afectado. La denuncia por allanamiento de morada permitió iniciar el procedimiento y recuperar la propiedad.

Otro caso significativo se produjo en febrero en la zona de la playa. Durante un fin de semana, se registraron hasta tres intentos de okupación simultáneos en una misma urbanización. La rápida respuesta de los agentes de la Policía Local, activados tras el aviso de una residente, permitió evitar que los intrusos se asentaran. En esa operación se logró además identificar y detener a uno de los individuos implicados, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura.

Sin embargo, más allá de estos episodios aislados, varios barrios del municipio sufren una situación más grave y sostenida. En la Avenida Castellón, por ejemplo, nueve de las 16 viviendas de un edificio están okupadas, según contó hace unos meses El Debate. Los vecinos, que han denunciado la situación en múltiples ocasiones, aseguran vivir entre amenazas, robos, tráfico de drogas e incluso prostitución. Algunos afirman que los okupas portan armas y han llegado a agredir a propietarios legítimos del edificio. La propiedad de estos pisos corresponde a la Sareb, y según el testimonio de antiguos residentes, la convivencia se rompió hace unos dos años, cuando comenzaron a instalarse nuevos ocupantes de forma ilegal. Desde entonces, lo que era un bloque residencial sin incidentes ha derivado en un foco de conflictividad permanente.

Otro barrio especialmente golpeado por esta problemática es el de Botánico Calduch, una zona que durante años fue tranquila y familiar, pero que hoy muchos vecinos describen con resignación como un lugar invivible. Calles como Juan de Austria se han convertido, según sus propios residentes, en espacios dominados por el miedo, el tráfico de drogas y la inseguridad, hasta el punto de ser apodadas por algunos como «el Bronx». En la zona se ha cerrado el parque infantil por las noches y, a escasos metros, hay un colegio de educación primaria, lo que intensifica la preocupación de las familias que ven cómo el entorno en el que crían a sus hijos se deteriora a pasos agigantados.

Este tipo de situaciones no son exclusivas de Almazora ni de Castellón. La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un fenómeno recurrente en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana y del resto del país, especialmente durante los meses de verano. Según avanzó este fin de semana El Debate, en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna, un grupo de magrebíes okupó la casa de Pilar, una docente valenciana que se ha quedado sin su segunda residencia tras más de 20 años de veraneo en esa zona.

Lo más inquietante es que, pocos días después, otra vivienda cercana también fue allanada, presuntamente por un grupo de jóvenes del mismo perfil. Sin embargo, en ese segundo caso, los propietarios optaron por una estrategia muy distinta: pagar a los okupas para que se marcharan. Una decisión polémica, pero cada vez más extendida entre los afectados, que prefieren evitar largos procesos judiciales o verse forzados a convivir con los intrusos.

Con cada nuevo caso, se agrava la sensación de inseguridad y la desconfianza durante el periodo vacacional. Las autoridades locales, como en Almazora, comienzan a tomar medidas preventivas, pero mientras tanto, muchos propietarios viven con el temor constante de que, al volver de sus vacaciones, su casa ya no les pertenezca.