Dos de cada diez viviendas públicas de la Generalitat Valenciana están okupadas: «Los desalojamos y vuelven a allanar las casas»

La okupación es un tema candente y real en el día a día de cualquier municipio. Los vecinos saben quién vive de forma ilegal en las casas más próximas, bien porque saben que no son sus propietarios o porque han sido conscientes del allanamiento. Le ha ocurrido a Pilar en Tavernes de la Valldigna esta misma semana, pero también a la Generalitat Valenciana. Dos de cada diez viviendas públicas están okupadas, lo que impide que estas casas puedan ser otorgadas a la gente que más lo necesita. Además, los okupas son capaces de regresar a la vivienda de la que han sido desalojados.

El Debate ha accedido en exclusiva al testimonio de Pilar, una docente valenciana que tiene marido y tres hijos. Este año les toca quedarse en la ciudad de Valencia porque su adosado de veraneo ha sido okupado por un grupo de magrebíes. Ella denunciaba la «indefensión de los propietarios», pero esa vulnerabilidad no es únicamente con el propietario privado, que se queda sin vivienda, sin el hogar que paga o ha pagado religiosamente, sino también ocurre con la administración pública.

La Generalitat Valenciana tiene a día de hoy viviendas públicas que están okupadas desde hace más de dos años

La Generalitat Valenciana tiene a día de hoy viviendas públicas que están okupadas desde hace más de dos años. Hay casos que se remontan a allanamientos en los años del anterior gobierno, con PSOE y Compromís en el gobierno regional.

El okupa, a grandes rasgos, suele ser una persona que conocer o se defiende en las ambigüedades y la laxitud en esta materia del sistema judicial en España. Los magrebíes que tienen tomado el adosado de Pilar dicen llevar tres meses residiendo en la casa, cuando el fin de semana previo la docente y su familia estaban allí tranquilamente. Pero para okupar una vivienda pública también hay 'trucos'.

La familia okupa reincidente

Principios de junio, el Sindicat de Barri Carolines de Alicante convoca una concentración para impedir el desalojo de la vivienda. Allí reside una pareja joven desde agosto de 2023. Han tenido un bebé y ahora ella está embarazada otra vez, pero cuando se inició el procedimiento de desalojo no había ningún menor en la casa.

Fuentes a El Debate de la Vicepresidencia primera y Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana recalcan que la pareja de okupas señala erróneamente que el titular de la vivienda está fallecido.

Esta vivienda en cuestión ha sido okupada en diversas ocasiones, rompiendo tanto el tabique que se levantó hasta en tres ocasiones para cerrar la casa.

La pareja sabe que están okupando ilegalmente una vivienda, casa que debería estar destinada a cubrir necesidades habitacionales de quien lo solicita de forma regular. Por consiguiente, la okupación de una vivienda pública impide que la Generalitat Valenciana pueda otorgar a quien justifique una mayor necesidad tras la debida comprobación de las circunstancias de las personas solicitantes, que no necesariamente han de ser los residentes en ese instante.

En este caso en concreto para el que protestó el citado sindicato vecinal, la pareja no cumple con los requisitos indicado para que se le otorgue la opción de la subrogación, tampoco disponen de informe de vulnerabilidad o de Urgencia por parte de los servicios sociales municipales y no están inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda. A ello hay que sumarle que tanto él como ella disponen de soluciones habitacionales en el entorno familiar más próximo.

1.800 viviendas públicas okupadas

Según ha podido saber El Debate, más de 1.800 de los 15.000 pisos públicos de la Generalitat Valenciana están okupados, impidiéndose así que casi dos mil familias puedan acceder a una vivienda que necesitan por urgencia habitacional.

En muchos casos son viviendas que por mucho que el mecanismo judicial se ponga en marcha, se encuentran con la reiteración de una okupación que sí provoca la quiebra de la igualdad social.