Los carteles mexicanos se abren paso en nuevos negocios con la complicidad de ministros y funcionarios

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es probablemente la mayor feria del libro del mundo. No hay una editorial relevante en lengua española o portuguesa, ni tampoco una importante editorial anglosajona, que no promocione allí sus libros. Este año participaron 2.800 editoriales de 64 países.

A diferencia de las ferias europeas, por ejemplo la de Fráncfort, no es solo un lugar donde se venden y compran derechos de autor, sino ante todo un gran mercado de libros y un encuentro de escritores consagrados y emergentes, poetas, sabios, filósofos, intelectuales, periodistas y artistas. Durante una semana hablan, discuten y debaten en paneles y conferencias.

Una multitud de miles de personas se agolpa desde la mañana hasta la noche en dos niveles del enorme pabellón ferial, entre interminables filas de puestos y salas de conferencias.

Nunca, en ningún lugar, había visto a tantos jóvenes abriéndose paso entre los puestos con brazos llenos de libros, bajo el brazo o en mochilas, apiñándose en las salas de conferencias para escuchar a literatos e intelectuales disertar sobre todo. A lo largo de la semana, alrededor de un millón de personas pasaron por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Este crisol cultural devuelve la fe en la cultura y en el homo legere, en el ser humano que quiere saber. La FIL parece contradecir la cultura pop global del estímulo inmediato, del tuit, el meme, la imagen, el clip o el anuncio, con los que millones de personas, absortas en sus teléfonos móviles en casa, en el metro, el tren, el parque o la calle, se bombardean sin descanso. La FIL dice: la ilustrada republique des lettres no ha muerto y es hoy más que nunca una república democrática de millones de ciudadanos ilustrados. Y México, con sus 130 millones de habitantes, es uno de sus bastiones.

Pero la FIL es un escaparate engañoso. Si un turista o un visitante distraído de esta fiesta de la literatura y el arte en Guadalajara —que parece disfrutar una joven sociedad democrática— se adentra en la trastienda y asiste a una de las decenas de conferencias, charlas y debates diarios, y escucha lo que escritores, intelectuales, pensadores, constitucionalistas, politólogos, políticos, periodistas y ensayistas dicen sobre el México actual, se le borrará la sonrisa.

Asistí a seis conferencias con algunos de los más lúcidos cerebros de la vida pública y las plumas más brillantes de la literatura mexicana. Los diagnósticos sombríos que compartían con el público perturbaban este impresionante espectáculo de cultura y libertad. Toda esta fiesta oculta la lúgubre realidad de un país que pierde las últimas instituciones de una democracia frágil y del Estado de derecho, y que se desliza hacia el pantano de la autocracia y la ilegalidad.

La mayoría de los grandes cárteles en México se ha fragmentado en otros más pequeños. Han sobrevivido Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; a su alrededor operan entre seis y siete grupos regionales más pequeños y unos 250 grupos criminales menores. Pero los narcos solo han salido beneficiados. Se asociaron con la última institución uniformada no corrompida —la Marina— y diversificaron su cartera: junto a la marihuana, la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo, incorporaron gasolina, petróleo, extorsiones, minas, plantaciones y restaurantes.

Y, sobre todo, se convirtieron en aliados no oficiales del partido gobernante. «Nunca más balas, más abrazos», «los narcotraficantes también son pueblo», declaró el mentor de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum como Chávez y Maduro

El siglo XX mostró que las dictaduras no quiebran a las sociedades para siempre, no son eternas, y que tras tiempos oscuros llega la libertad. Así ocurrió en Europa Central y Oriental tras décadas de comunismo; así ocurrió en Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador, Nicaragua o Bolivia, donde las juntas militares cayeron bajo su propio peso o cedieron ante el Estado de derecho y la democracia.

También en México, en el año 2000, tras 72 años de dominio absoluto del partido único PRI, se instauró una democracia liberal. Era débil y frágil, pero se mantuvo durante 18 años.

Sin embargo, no arraigó con la suficiente fuerza. Hoy está cayendo, no bajo los golpes de una revolución, un golpe de Estado o un levantamiento, sino destruida paso a paso desde hace siete años de manera «pacífica» por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, y su sucesora Claudia Sheinbaum, ambos elegidos en elecciones libres y limpias.

Ambos anuncian nuevos tiempos y la felicidad del pueblo. Todo lo que dicen y hacen es en su nombre. Los sermones laicos matutinos diarios de dos o tres horas del presidente Obrador, y desde el año pasado de la presidenta Sheinbaum, se llaman: «Las mañaneras del pueblo».

Recuerdo al presidente venezolano Hugo Chávez en un mitin en Caracas. No pronunciaba discursos: hablaba durante horas, reprendía a los enemigos del pueblo y se ganaba al público, conversaba, recitaba, cantaba. La gente, mecida y medio embriagada por el whisky repartido en bares ambulantes, estaba hechizada. De repente gritó: «¡Al diablo! ¡Ya no soy yo! ¡Soy el pueblo!». Las «mañaneras» resultan ser la misma partitura.

La elección de los jueces

Hace unos meses el Gobierno destruyó definitivamente la independencia del Poder Judicial. La reforma de la justicia —presentada por AMLO y Sheinbaum como democrática y en interés del pueblo—, que consiste en que los ciudadanos elijan por voto a jueces de todos los niveles, fue impuesta en el Parlamento por el partido gobernante MORENA. La mayoría constitucional cualificada de dos tercios se la otorgó en 2024 una controvertida resolución del tribunal electoral: MORENA y sus aliados obtuvieron el 53 % de los votos, pero el tribunal les concedió el 73 % de los escaños.

De un plumazo se despidió a 700 jueces profesionales experimentados y se nombró a nuevos jueces designados por el partido

De un plumazo se despidió a 700 jueces profesionales experimentados y se nombró a nuevos jueces designados por el partido, incompetentes y en ocasiones abogados defensores de criminales notorios.

El Tribunal Supremo quedó ocupado en un 80 % por jueces leales al Gobierno, se eliminaron salas especializadas y un tribunal disciplinario especial puede castigar a jueces «díscolos» sin derecho a apelación.

Antes, el Gobierno se había apoderado del Instituto Nacional Electoral independiente, garante durante 25 años de elecciones limpias, equitativas y transparentes. Eliminó el Instituto independiente de Transparencia de la Información Pública y el organismo regulador de telecomunicaciones que velaba por la independencia y el pluralismo de los medios.

Desde hace años los medios independientes son hostigados, y periodistas, ensayistas, historiadores, politólogos y autoridades públicas que critican a los gobiernos de AMLO y Sheinbaum son estigmatizados como enemigos del pueblo y fascistas. Bajo amenaza de inspecciones fiscales o judiciales y de retirada de publicidad, el Gobierno fuerza purgas de periodistas críticos o la contratación «compensatoria» de aduladores.

Los más incómodos son señalados con nombre y apellido como enemigos en las charlas presidenciales. Durante los seis años de gobierno de Obrador atacó a Enrique Krauze, uno de los historiadores e intelectuales mexicanos más destacados, 472 veces, en ocasiones animando al público a averiguar dónde vivía.

El presidente y el partido gobernante MORENA concentran un poder enorme. La mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento les permite aprobar cualquier ley.

La última pieza es la reforma de la ley electoral

«Se trata de un cambio radical del sistema, la instauración del monopolio absoluto de MORENA, que copia fielmente el antiguo régimen del PRI», afirmaban destacados constitucionalistas, ensayistas e historiadores contemporáneos en seminarios celebrados en noviembre durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Sus diagnósticos —que México avanza hacia una nueva tiranía populista— se repetían como un estribillo:

«No hay duda de que estamos ante un cambio de régimen. Se están destruyendo las instituciones de control», decía Azul Aguiar, profesora de Ciencias Políticas en las universidades de Florencia y Guadalajara.

«Las limitaciones jurídico-institucionales al Poder Ejecutivo, ya de por sí débiles, desaparecen una tras otra», añadía Ana Laura Magaloni, profesora de Derecho de la UNAM. «La democracia y la igualdad ante la ley no llegaron a permear a toda la sociedad, se limitaron a la élite; no eran una democracia para todos. Por eso a la sociedad le da igual el sistema judicial y lo que el poder haga con él».

«No sabemos cómo llamar a este nuevo animal, pero el nuevo régimen es un monstruo de dos cabezas: una despótica y otra criminal. Se avecina una larga noche», sostiene Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y profesor de estudios políticos en la Universidad Tecnológica de Monterrey.

«El populismo jurídico, guiado por criterios de utilidad política y no por principios legales, está sustituyendo al Estado de derecho», explicaba Jesús Garza Onofre, profesor de Derecho en el ITAM.

«La Constitución establece que México es una república federal basada en la separación de poderes. Desde 2024 ya no tenemos ni república, ni federal, ni democrática, ni separación de poderes. Todavía no es una dictadura abierta. Es una dictadura en gestación. El andamiaje está listo. Ahora las autoridades quieren instaurarla», decía Héctor Aguilar Camín, escritor e historiador, autor del libro La dictadura germina. Diario de la destrucción de la democracia mexicana, durante la conferencia «Réquiem por la democracia» en Guadalajara.

«La sociedad no cree que la democracia le traiga una vida mejor. No cree que los hijos vivirán mejor que los padres. Considera que un régimen autoritario es preferible. Por eso compra la demagogia populista y acepta los abusos de poder», afirmaba Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios sobre las Transformaciones Democráticas.