Cataluña tramita una polémica ley de transportes para expulsar de Barcelona a empresas como Uber o Cabify

Tras el anuncio del alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, de cerrar los más de 10.000 apartamentos turísticos de Barcelona, ahora le llega el turno a los VTC. El parlamento catalán inició esta semana la tramitación de la nueva ley de transporte de pasajeros hasta nueve plazas.

La ley verá la luz porque contará, sin duda, con el apoyo del PSC y sus socios de investidura de ERC y la ultra izquierda de Comunes-Sumar, y su objetivo es que el taxi actúe en forma de monopolio en la zona metropolitana de Barcelona.

La futura ley prevé impedir que los VTC actúen como en otras ciudades de todo el mundo y solo podrán ser solicitados para servicios especiales, con un tiempo de pre-contratación determinado. El servicio tal como ahora funciona, con la petición vía aplicación, dejará de ser operativo y sólo se podrá reservar para desplazamientos especiales convirtiéndose en un servicio residual.

4.000 afectados

Según datos de la patronal del sector esta restricción drástica del servicio afectará a 4.000 trabajadores y supondrá la retirada del 60% de los 1.000 vehículos VTC que actualmente circulan por las calles de Barcelona.

La reforma de la ley actual, que data de 2003, lleva parada más de cinco años porque la inestabilidad política y la falta de mayorías en Cataluña han impedido su tramitación parlamentaria. Esta nueva ley es un éxito del sindicato Élite Taxi y blinda el ejercicio monopolístico del taxi en Barcelona a cambio de, aparentemente, incrementar el control sobre los mismos. Una de las medidas que apunta la ley es el de un mínimo conocimiento de catalán para poder ejercer de taxista.

Se calcula que la ley no entrará en vigor hasta el segundo semestre de 2026, y tras su aprobación se librará una dura batalla legal entre las empresas operadoras de los VTC y el gobierno catalán. Las empresas de VTC se aferran a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de 2023, que dictaminó que las limitaciones de los VTC no se pueden basar en la protección del sector del taxi, si no en otros aspectos como los de orden ambiental.