Illa prepara una ley que obligará a los taxistas a acreditar su nivel de catalán para poder trabajar

El gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por el socialista Salvador Illa, está ultimando el texto de la llamada ‘ley del taxi’, que regulará el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Se trata de un proyecto de ley que lleva trabajándose desde hace años, también con los anteriores ejecutivos, y que ahora está entrando en su fase final.

Según recoge La Vanguardia, este martes el gobierno catalán presentará el texto a las principales agrupaciones de taxistas, y próximamente lo hará con otros actores afectados, como los VTC. De hecho, las restricciones a los VTC son uno de los elementos más destacados del texto, motivo por el que uno de sus impulsores más fervientes es el principal lobby taxista, Élite Taxi.

Sin embargo, otro de los elementos que recoge la propuesta del gobierno de Illa es de cariz lingüístico. En concreto, según la autodenominada «ONG del catalán», Plataforma per la Llengua, la propuesta del texto «haría extensivo el requisito lingüístico a todos los conductores de manera retroactiva: afectaría a todos los trabajadores del sector en activo», y no solo a aquellos que quieran conseguir la credencial profesional en el futuro.

Además, este requisito lingüístico afectará a todos los profesionales del sector, sean taxistas o conductores de VTC, señalan en un comunicado. En concreto, la proposición de ley que trabaja el gobierno catalán prevé exigir un B1 de catalán a todos los taxistas, pero Plataforma per la Llengua ya ha anunciado que presionarán a través de enmiendas en el Parlament para que este nivel sea superior, y se exija un B2, el nivel intermedio.

Élite Taxi, además, ya escribió a los grupos parlamentarios del PSC, ERC, Junts, los Comunes y la CUP para tramitar la propuesta como una proposición de ley, para acelerar el proceso y ahorrar hasta medio año de trámites. «Cataluña os necesita unidos», decían los taxistas, confiando en que la nueva ley del taxi entre en vigor a principios de 2026.