Una madre denuncia que abandonaron a su hijo, discapacitado y autista, en Tarrasa: «El modelo no funciona»

Claudia es madre de Pablo, un adolescente de 16 años con autismo. Quiere denunciar la negligencia del sistema educativo en Cataluña que ha marcado sus vidas y, por supuesto, la de su hijo. La gota que ha colmado el vaso sucedió el pasado 25 de septiembre. Pablo viajaba en un autobús escolar que debía llevarle de vuelta a su casa, pero no fue así. En el trayecto sufrió una crisis de ansiedad y decidieron bajarlo del vehículo en lugar de activar el protocolo de emergencia.

Dejaron a Pablo en la Avenida 22 de Julio de Tarrasa, la localidad en la que se encuentra el centro de educación especial del chico, en pleno polígono industrial, durante una crisis. El menor, desorientado y sin recursos, tuvo que caminar 25 minutos hasta reconocer un monumento y llegar por su cuenta al colegio.

«Me lo dejaron tirado como si tuviera menos valor que un perro», explica Claudia a El Debate. Asegura que su hijo no tolera bien las esperas prolongadas, una característica común en este trastorno del espectro autista (TEA). Ese día, el autobús se demoró excesivamente, y eso, recuerda la madre, «es fatal» para los niños con autismo.

Pero a eso hay que añadir un incumplimiento de la normativa, porque solo había una monitora para 17 chicos, cuando la ratio legal es de dos monitores por cada 15. Y, a partir de ahí, la situación escaló. «Hubo mucha espera, y Pablo petó. La chica le tocó, y fue un caos», explica Claudia.

Y, en lugar de seguir el protocolo, es decir, detener el vehículo, acompañar al menor y alertar a emergencias, la monitora abrió la puerta y lo dejó solo en la calle, continuando la ruta hacia Rubí con el resto de alumnos. Tampoco el conductor hizo nada para evitarlo.

Claudia, que se encontraba en Rubí, recibió una llamada de la monitora, quien gritaba y colgó abruptamente tras confirmar que había «bajado» al niño. «Estaba superada, sin formación, pero en vez de llamar al 112, contactó al colegio y les dijo que Pablo se había 'escapado' para justificarse», detalla la madre. La policía local de Tarrasa intervino tras la alerta del centro, pero tardó en localizarlo.

Pablo, sin dinero ni conocimiento para usar transporte público, se orientó gracias a un paseo escolar del curso anterior: reconoció el monumento a la mujer, muy conocido en Tarrasa, y un supermercado cercano, lo que le permitió llegar al colegio por sus propios medios.

Claudia lamenta que «nadie me ha pedido disculpas. Ni el colegio, ni el Consejo Comarcal, ni los servicios territoriales de Educación». Al contrario, el centro emitió un comunicado lavándose las manos: «no tienen responsabilidad alguna», afirma la madre, quien recuerda que la ley atribuye al colegio el 50% de la gestión del transporte en educación especial.

Además, le han retirado el servicio de autobús sin explicación, obligándola a recorrer diariamente 30 minutos de ida y vuelta entre municipios, por lo que ha «perdido» tres semanas de vida normal. «Tengo otra hija en Rubí, y ahora recojo a Pablo a las 14:00. Nadie me ofrece apoyo», lamenta.

De hecho, ha recibido una carta del Consejo Comarcal del Vallés Occidental, en el que explica que «a partir del 26 de septiembre de 2025 y en aplicación del artículo 2 del Decreto 161/1996, por el que se regula el servicio escolar de transporte para facilitar el desplazamiento del alumnado en la educación obligatoria, la prestación es hará mediante la modalidad de ayuda individual de desplazamiento».

Claudia también nos ha hecho llegar el mensaje que le envió la madre de una chica que iba en el autobús escolar. Ella explica que su hija advirtió que Pablo «ya entró muy nervioso al transporte y que estuvieron bastante rato esperando a ponerse en marcha». A eso hay que añadir que un compañero le insultó, «como ha venido sucediendo todas las mañanas en la parada» del autobús.

Esta madre asegura que «lo que no puedo entender y me cuesta muchísimo encontrar justificación, es la forma en la que me explicó mi hija que bajó del autobús y mucho menos que se fueran del lugar dejando solo a Pablo». Y deja claro que no es justificable que tanto la monitora, como el conductor, «no parasen y se preocupasen por su bienestar, obviando completamente los peligros que hubieran podido suceder». Es decir, que abrieran la puerta y se fueran de allí «abandonándolo».

Y deja claro en este mensaje: «no, Pablo no se escapó. Le abrieron la puerta y se marcharon. Y mi hija llorando preocupada por Pablo porque se había quedado solo». Por todo ello, esta madre muestra su preocupación por la gestión que la monitora hizo de la situación y asegura que no tiene confianza en ella.

Cúmulo de negligencias

Este no es un caso aislado, sino la culminación de años de negligencia, asegura Claudia. Pablo ingresó en secundaria en un colegio ordinario sin la correspondiente evaluación de necesidades educativas especiales (NEE), lo que provocó una crisis de ansiedad grave hasta el punto de que tuvo alguna ideación suicida en 3º de ESO.

Pasó a educación a domicilio y, finalmente, a un centro de educación especial, pero sin un plan individualizado adaptado a su autismo. «Tiene ocho informes médicos de la sanidad pública en Rubí que confirman su diagnóstico, pero el Equipo de Atención Psicopedagógica (EAP) no hizo la evaluación. Y ahora lo etiquetan como que tiene un 'trastorno de conducta', que es una enfermedad mental, cuando es comorbilidad del autismo mal gestionado», denuncia Claudia.

La familia ha interpuesto una denuncia por la vía penal por abandono de menor. Paralelamente, tramitan una demanda contencioso-administrativa contra el Departamento de Educación de la Generalitat por la omisión del EAP, aunqeu todo este proceso le ha costado «más de 10.000 euros». «Las familias no pueden permitírselo, por eso no denuncian. Es un desgaste emocional y económico brutal», confiesa Claudia.

«En mi caso, Pablo ya está perdido educativamente. Si hubiera tenido su NEE reconocida, estaría en un módulo formativo adaptado, no aquí». El impacto en Pablo es devastador: se siente «abandonado» y aislado de sus compañeros, a quienes, según él, les han dicho que es «un monstruo» por la crisis. Esta semana permanece en casa con baja psiquiátrica, verbalizando ideas suicidas: «Me dice que se tiraría por el balcón si no lo escuchan».

Claudia pide más recursos: «La inclusión del Decreto 150/2017 es nefasto, sin formación ni personal. En Cataluña, no cumplen nada: ratios, protocolos... ¿Y pretenden extenderlo a toda España?», se pregunta. Mientras la justicia sigue su camino, Claudia asegura que ha decidido dar un paso al frente para que «no le pase a otro niño. Nos hacen sentir culpables a las familias, cuando la responsabilidad es del transporte y el colegio».