Marcela Topor y Carles Puigdemont
Cataluña
La Diputación de Barcelona presidida por el PSC alarga el generoso contrato de la mujer de Puigdemont
La institución, bajo control independentista, extiende el convenio con la consultora de Marcela Topor, pese a las críticas por su vinculación familiar al exlíder fugado
La Diputación de Barcelona ha renovado el contrato de servicios profesionales con la empresa propiedad de Marcela Topor, esposa del expresidente catalán Carles Puigdemont, prorrogándolo hasta el 31 de julio de 2026. Esta decisión, adoptada en los últimos días, mantiene la colaboración iniciada previamente en materia de comunicación institucional y digital, financiada con fondos públicos de la corporación provincial.
El anuncio llega en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión de recursos en entidades controladas por el independentismo.El convenio cubre asesoramiento en estrategias de comunicación online para la Diputación, con un enfoque en la presencia digital de sus programas y campañas. Marcela Topor, registrada como autónoma a través de su consultora, ha prestado estos servicios desde hace tiempo, y la extensión hasta mediados de año responde a la necesidad de continuidad en las acciones previstas. Fuentes de la institución confirman que el contrato se ajusta a los procedimientos administrativos habituales, sin modificaciones en las condiciones económicas previamente establecidas.
Marcela Topor mantiene un perfil bajo, centrado en actividades profesionales relacionadas con la comunicación, mientras su esposo reside en Bélgica tras el procés independentista. Esta renovación se produce en un momento de tensiones políticas en Cataluña, donde la oposición denuncia el uso de dinero público en contratos con personas cercanas a figuras clave del secesionismo. La Diputació, liderada por fuerzas afines a Junts y ERC, defiende la transparencia y el mérito en la adjudicación.
La noticia ha reavivado críticas desde sectores conservadores sobre la asignación de fondos públicos en la Cataluña independentista, recordando la importancia de la fiscalización en administraciones provinciales. No se han producido declaraciones oficiales de la Diputació al respecto, pero el contrato forma parte de la operativa rutinaria de servicios externalizados. Esta situación subraya la necesidad de rigor en el gasto público para garantizar la confianza de todos los catalanes en sus instituciones.
