Barcelona tarda cinco meses en quitar las esteladas del monumento a Colón colgadas durante la Diada

Cinco meses. Es lo que ha tardado el Ayuntamiento de Barcelona en retirar las banderas esteladas que colocaron en el monumento a Colón los manifestantes independentistas durante la concentración de la Diada, el pasado 11 de septiembre. Aunque la situación ya la habían denunciado formaciones como Vox, el gobierno municipal no ha actuado hasta esta semana, gracias a la intervención de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano (IC).

«Nuestro ilustre navegante no merecía esta ofensa partidista», celebran desde IC en X, con dos fotos del antes y el después. Fuentes de la asociación confirman a El Debate que han esperado todo este tiempo para ver si el consistorio las retiraba de forma voluntaria, cosa que no ocurrió en septiembre, octubre, noviembre, diciembre ni enero.

Ante la inacción municipal ante unas banderas que se colocaron trepando a la estatua de Colón, a notable altura –y con el consiguiente riesgo de «deteriorar el monumento», señalan desde IC–, la entidad decidió actuar. Hace una semana realizaron una denuncia telefónica al Teléfono del Civismo, y entonces la respuesta sí fue rápida: «El resultado ha sido estupendo, las retiraron a los dos días», explican.

Con todo, es una gota de agua en un océano. Así lo considera el presidente de IC, Rafael Arenas, que considera que «en Cataluña hay mucha tarea que hacer en relación a los símbolos». Para Arenas, tanto los nacionalistas como los socialistas coinciden en la estrategia de «imponer los símbolos que nos separan y esconder o eliminar los que representan lo común, como la bandera española, por ejemplo».

«La política simbólica es importante», señala el jurista, que destaca que «Impulso Ciudadano es consciente y hace lo que está en su mano; pero es importante que otros actores asuman también la importancia de exigir la neutralidad de las administraciones y la presencia de la bandera española en aquellos lugares en los que debe figurar».

Un informe para Europa

Arenas realiza estas declaraciones a El Debate en una semana intensa para IC. Hace unos días, la asociación remitió a la Comisión Europea una extensa contribución para el informe sobre la Situación del Estado de Derecho en España. En su documento, IC alerta de presiones políticas sobre medios de comunicación y expresa preocupación por el funcionamiento de organismos reguladores, los sistemas de contratación de publicidad institucional y el proceso de nombramiento en algunos órganos del ámbito judicial y fiscal, que pueden cuestionar la independencia judicial.

Uno de los temas sobre los que IC centra sus críticas de este escrito son las dificultades que existen en Cataluña para aplicar el 25% de español en la educación, un mínimo reconocido por los tribunales pero que no está garantizado. Según lamentan, las familias que piden respetar el 25% encuentran numerosos obstáculos por parte, también, de la Generalitat.