Barcelona subvencionará a las comunidades de propietarios que prohíban los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona subvencionará a las comunidades de propietarios que decidan prohibir los pisos turísticos en su finca, incluyéndolo en sus estatutos. Lo hará a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), que este jueves ha anunciado una serie de ayudas destinadas a las comunidades «que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los ya existentes para limitar el uso turístico en su finca».

Así consta en un comunicado enviado por el consistorio, en el que prevén que el Ayuntamiento invierta 100.000 euros en estas subvenciones. Se trata de una iniciativa que forma parte de las cesiones a ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos del alcalde, el socialista Jaume Collboni, y que se enmarca en un convenio firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida (CAFBL) y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona (CPUB).

En concreto, el Ayuntamiento ofrece a las comunidades financiar hasta el 50% del coste de redactar unos nuevos estatutos –hasta 2.500 euros, incluyendo la notaría, el registro y los honorarios profesionales– o de modificarlos, en cuyo caso la subvención máxima es de 1.500 euros. Estas ayudas se podrán pedir a partir de este viernes, 27 de febrero, y suponen el 56% de la inversión municipal, 56.000 euros.

Otros 36.000 euros irán destinados a subvenciones directas a los profesionales que asesoren a alguna comunidad de vecinos para redactar o renovar sus estatutos en esta línea, aunque solo podrán recibirlas en caso de que la modificación se lleve a cabo. Por último, los 8.000 euros restantes se dividen en dos subvenciones directas de 4.000 euros a las dos entidades implicadas, el CAFBL y la CPUB.

Presión política

Según el cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, el objetivo de estas subvenciones es que las comunidades «se doten de normas de regulación y convivencia para prohibir la instalación de viviendas de uso turístico en sus fincas». Según Valls, la medida debería facilitar «que un mayor número de pisos se destine al alquiler residencial».

El Ayuntamiento llevará a cabo próximamente una campaña de comunicación para difundir estas subvenciones, que se inscriben en la batalla contra los pisos turísticos que lleva tiempo poniendo en práctica el gobierno de Collboni, que prevé que para 2028 se eliminen totalmente las licencias para este tipo de oferta residencial.

Hace unos días, desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) volvieron a criticar las medidas del alcalde, haciéndose eco de un informe de PwC que concluye que los pisos turísticos apenas representan el 1,2% del parque de vivienda de la ciudad, pero aportan 1.928 millones de euros al PIB y generan más de 40.000 puestos de trabajo, entre empleo directo, indirecto e inducido.

El informe se presentó en un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, en el que también intervino el presidente de Apartur, Enrique Alcántara: «Una Barcelona sin apartamentos turísticos sería menos accesible, menos competitiva, más pobre y con el mismo problema de la vivienda que tenemos hoy en día», dijo.