Demandan al alcalde de Gironella (Barcelona) por retirar una cruz histórica: «No ha consultado a los vecinos»

La retirada de la cruz cristiana del Pont Vell de Gironella (Barcelona), la icónica vía medieval que cruza el Llobregat y conecta la localidad con las viejas colonias industriales, ha causado un gran revuelo en las comarcas del Berguedá, Solsonés y el Bages.

La decisión fue adoptada de forma unilateral por el equipo de gobierno del alcalde separatista David Font –del partido Més per Gironella, un derivado de Junts–. La retirada de este monumento excede el ámbito religioso y deja al descubierto sus implicaciones directas con la realidad social de la Cataluña industrial de la posguerra.

La Fundación Española de Abogados Cristianos (AC) ha sido la primera en reaccionar y ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Gironella, la segunda localidad en número de habitantes de la comarca del Berguedá, que cuenta con una histórica tradición industrial.

La organización de abogados acusa al alcalde independentista de retirar la cruz ilegalmente, saltándose el procedimiento de protección de bienes históricos. «Ha sido una retirada ilegal por la vía de hecho», asegura a El Debate el abogado Sergio Alonso, autor del recurso. «La retirada de la cruz es ilegítima», agrega

La decisión ha cogido por sorpresa a todos. «La gente del pueblo se lo ha encontrado como un hecho consumado. Nadie les ha consultado y, desde luego, no es la mejor manera de proceder», opina Josep Casals, un ciudadano del Berguedá que frecuenta la iglesia de Santa Eulalia.

Conmemora la Santa Misión

La Cruz del Pont Vell fue levantada en 1942 y conmemora el conjunto de actos de la Santa Misión, según reza la inscripción en la base del monumento, celebrados entre el 11 y el 22 de marzo de 1942. Estas misiones populares comenzaron a celebrarse en España a comienzos del siglo XX, fueron habituales durante el franquismo y tenían un propósito estrictamente evangelizador.

«Era pura formación. Y de mucho nivel, tanto religioso, humano como intelectual», tercia Rosalía Sabata Doménech, una abogada de 84 años que trabajó durante muchos años de secretaria judicial en los juzgados de Manresa y Berga. Rosalía va más allá y añade: «Creo que estos políticos locales tienen un mal concepto de lo que es una misión. Yo había ido a muchas, en los obispados de Vic y Solsona, y puedo decir que la juventud las esperaba porque ofrecían conferencias para hombres y mujeres, para matrimonios. Recomendaban lecturas y era motivo de socialización».

La organización de juristas cristianos recuerda en un comunicado que esta cruz se encuentra «inventariada y catalogada como patrimonio cultural de la Diputación de Barcelona y forma parte del patrimonio cultural de Gironella».

El recurso sostiene que tanto la legislación de la Generalitat como la del Estado «obliga a conservar en buen estado este tipo de bienes y limita expresamente las facultades de disposición de las corporaciones locales, obligando explícitamente a su conservación y mantenimiento en el espacio público».

La demanda invoca jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo, que ya ha dado la razón a los abogados cristianos en la protección de este tipo de monumentos en otras localidades españolas, como por ejemplo en Betxí (Castellón). Los abogados cristianos han conseguido además victorias judiciales contundentes en Dueñas (Palencia) y Ribalta de Castellón.

Los juristas españoles dejan claro que la cruz de Gironella carece de cualquier tipo de inscripción, simbología o exaltación franquista. «No constituye una cruz franquista, ni un monumento a los caídos, sino un monumento de carácter exclusivamente religioso y cuya protección viene amparada por la legislación sobre patrimonio cultural», según reza el comunicado.

La estrategia del alcalde

La estrategia del alcalde independentista ha consistido en escudarse en unas obras de remodelación urbanística del entorno del Pont Vell para proceder al desmantelamiento intempestivo y arbitrario de un monumento que en Gironella es todo un símbolo popular. Para AC, el Consistorio actúa así porque adolece de argumentos para vincularlo a la Ley de Memoria histórica o a la Guerra Civil.

La organización de abogados no se fía del alcalde Font. Al frente de una Corporación gobernada por una amplia mayoría absoluta y sin oposición, el primer edil tomó la decisión de retirar la cruz sin informar al obispo de Solsona, Francisco Simón Conesa, a la Diputación de Barcelona y a la Generalitat.

«No se nos convocó formalmente para hablar del tema y dar nuestra opinión», apunta mossèn Lluís Tollar, el joven rector de la parroquia de Santa Eulàlia. «Quiero dejar claro que no quiero que se retiren las cruces ni los símbolos religiosos cristianos», agrega.

Además, según consta en el recurso, el Ayuntamiento ha manifestado públicamente su intención de examinar si la cruz tiene alguna vinculación con la dictadura para decidir su futuro. Para Abogados Cristianos, «estas declaraciones generan un riesgo cierto de que el monumento pueda ser eliminado bajo un pretexto incompatible con su verdadero origen histórico y religioso».

«No han respetado nada. Y los que lo han sacado no saben nada de lo que ocurrió», asegura Teodoro Lozano, un jienense emigrado a Gironella en los años cuarenta y que, a sus 103 años, conserva una lucidez envidiable. «Creyentes y no creyentes están en contra», afirma Salvador Teixidor, 85 años, compañero de fatigas de Teodoro en los telares de la colonia téxtil de Cal Bassacs durante veinte años.

La organización de juristas españoles ha solicitado al juez «la adopción de medidas cautelarísimas para evitar que el monumento pueda ser destruido, alterado o deteriorado en tanto se resuelve el procedimiento judicial». Pide al juzgado «la restitución inmediata de la cruz a su emplazamiento original». Y si las obras lo impiden, solicita que se acuerde su inmovilización y depósito en un lugar seguro, bajo la supervisión del Departamento de Cultura de la Generalitat, obviando el control municipal.

A juicio de los abogados cristianos, este episodio es un paso más en la erosión del derecho fundamental de la libertad religiosa en Cataluña, uno más en las comarcas del interior, que se suma al acto de cobardía del alcalde separatista de Vic, Albert Castells, que cedió al chantaje de los radicales para impedir la presencia de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en las fiestas patronales de Sant Miquel dels Sants.

La historia de la cruz

Para entender el alcance religioso y social de la Cruz del Pont Vell de Gironella es necesario remontarse a la España de los dos primeros gobiernos del general Franco. En 1942, la localidad de Gironella se encontraba, como hoy, bajo la jurisdicción eclesiástica del obispado de Solsona, cuyo titular era, en aquel momento, Valentí Comellas Santamaría, el obispo autóctono del Berguedá nombrado en 1932 por Pío XI para restituir la diócesis a raíz de su supresión por el concordato de 1851.

La vida laboral, social y económica de Gironella giraba en torno a las cuatro colonias textiles creadas durante la revolución industrial del último tercio del siglo XIX: Viladomiu Nou, Viladomiu Vell, Cal Bassacs y Cal Metre. Durante los primeros compases del siglo XX se habían convertido en el epicentro del movimiento anarcosindicalista de la cuenca minera y textil de la comarca del Berguedá y habían sobrevivido a la incautación de la Generalitat y a la colectivización de la CNT y la UGT en los años de la Guerra Civil.

Pero el estallido del conflicto bélico causó estragos en la segunda localidad del Berguedá. Más allá del saqueo de las iglesias y capillas de las cuatro colonias textiles, la violencia revolucionaria desencadenada por la FAI acabó con la vida de 33 personas, según ha documentado el historiador Xavier Tornafoch Yuste, profesor de la Universidad de Vic. Gironella se convirtió en una de las localidades de las comarcas del interior de Cataluña con mayor número de asesinatos en el frente de retaguardia republicano en proporción a su número de habitantes.

Acabado el conflicto bélico, el régimen del general Franco restituyó la propiedad a los empresarios de las colonias. Se abría un periodo nuevo de estrecha colaboración entre la burguesía industrial de las cuencas del Llobregat y del Ter y la nueva administración del Estado.

En estos años inmediatos al fin de la Guerra Civil las diócesis españolas reactivaron las misiones populares de evangelización y recristianización en todo el territorio nacional. La Santa Misión de Gironella de marzo de 1942 hay que enmarcarla en este contexto del primer franquismo, con Antonio Federico Correa Veglison de gobernador civil de Barcelona.

Un acto eclesial

La Santa misión de marzo de 1942 fue un acto estrictamente eclesial, promovido por el obispado de Solsona. «Fue la primera gran manifestación religiosa de carácter popular en Gironella después de la Guerra», señala Ramón Vila, de 90 años, un fabricante cuya empresa es conocida coloquialmente en el Berguedá como Cal Carreter. «Yo ví como instalaban la cruz conmemorativa de las jornadas», recuerda Vila. «Iba a la escuela y solo tenía ocho años», explica a este periódico.

Fueron once días intensos de predicación y ejercicios piadosos a cargo de misioneros y sacerdotes, algunos autóctonos, y otros llegados de otras diócesis, que tuvieron un gran impacto entre la población de fuerte tradición obrera de Gironella y las comarcas centrales de Cataluña.

La fragilidad económica de aquellos años de la posguerra fue también el escenario perfecto que explica el éxito de las misiones populares en España. El auge de las colonias textiles de las cuencas del Ter y el Llobregat se sustentaba en la alianza entre la burguesía industrial catalana y el régimen del general Franco.

El acuerdo dio lugar a un mercado blindado, sin competencia exterior. No era novedad para los empresarios. Con Franco, recuperaban un mercado seguro, idéntico al que Pascual Mádoz concedió a la industria textil catalana durante el Bienio Progresista, casi un siglo antes, según documenta el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Paredes.

La paz social estaba garantizada. Y el éxito económico de las élites catalanas también. En este particular marco histórico, las misiones de Gironella tuvieron una impronta eminentemente social. Respaldados por la doctrina social de la Iglesia derivada de las encíclicas Rerum Novarum (León XIII, 1891) y Quadragesimo Anno (Pío XI, 1931), los sacerdotes y misioneros del obispado de Solsona se dirigieron a la población hablando de la dignidad de los trabajadores de las industrias textil y minera de la cuenca del Llobregat.

En un momento en que el primer franquismo prohibía la sindicación libre y las reivindicaciones de signo laboral, los obreros de las colonias de Gironella escucharon por primera vez el mensaje eclesial de la dignidad humana, el orden social y el perfeccionamiento de la ley evangélica. Siempre dentro de una vertiente claramente espiritual, libre de coacciones y al margen de orientaciones políticas. Tres años más tarde, en 1945, el fallecimiento del prelado Valentí Comellas, daría paso a la llegada a la sede solsonense del obispo más joven de España: Vicente Enrique Tarancón, con 38 años.

El desmantelamiento unilateral de la cruz del Pont Vell desborda los límites de lo religioso y se convierte en un conflicto político, salpicado por ideologías de tinte independentista. Para muchos ciudadanos, la actuación del alcalde separatista de Gironella no deja de ser una traición histórica. «Desconocemos el motivo de la retirada de la cruz: desapego, traición, odio, dejadez, abandono», explica a El Debate el letrado Sergio Alonso. «No vamos a permitir que se borre nuestra historia ni nuestras raíces mediante actuaciones arbitrarias», tercia la presidenta de la Fundación cristiana, Polonia Castellanos.

En todo caso, resulta curiosa la vinculación de las élites del separatismo catalán con los herederos legítimos de aquella burguesía catalana que en los albores del franquismo pactó con el régimen la seguridad y el impulso de sus intereses industriales. «Defender el patrimonio cristiano es también defender la historia y la identidad de España», concluye Castellanos.