Imagen de un agente de la Guardia Urbana de Barceona
Suspenden 24 días a un agente de Barcelona por atender en castellano a una mujer que le exigía hablar catalán
La entidad denunciante asegura que los trabajadores municipales «tienen la obligación de dirigirse prioritariamente en catalán a los ciudadanos»
A pesar de que ambas lenguas son cooficiales en Cataluña, el Ayuntamiento de Collboni (PSC) ha dado la razón a la vecina
El Ayuntamiento de Barcelona, del PSC, ha procedido a la suspensión de funciones y retribuciones de un agente de la Guardia Urbana durante 24 días tras ser denunciado por la asociación independentista Plataforma per la Llengua por responder en castellano a una mujer que le exigió hablar en catalán.
La organización separatista insiste en que los trabajadores municipales «tienen la obligación de dirigirse prioritariamente en catalán a los ciudadanos» a pesar de que ambas lenguas son cooficiales en Cataluña. Sin embargo, el consistorio de Collboni ha respaldado la postura y ha decidido castigar al agente denunciado.
El policía municipal llamó «fascista» y «totalitaria» a la ciudadana por querer obligarle a usar la lengua catalana, quien grabó la conversación en un vídeo que la entidad ha incluido en la denuncia.
La vecina quería acceder a una zona cortada
Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025 por la noche, en la Rambla Prim, que se encuentra en una zona de Barcelona en la que los conflictos y vandalismos nocturnos son habituales.
El agente (ahora suspendido) había, previamente, pedido la documentación a la vecina cuando se disponía a acceder a una zona cortada por la policía municipal.
Ella exigió explicaciones por la identificación y, al ser contestada en español, empezaron sus exigencias al urbano para que lo hiciera en catalán.
La actuación policial se saldó además con una sanción para la mujer, a la que los agentes atribuyeron una actitud de desconsideración e insultos hacia los policías. Plataforma per la Llengua, que se hizo cargo de su defensa legal, niega esta versión de los hechos y asegura que la ciudadana únicamente ejerció sus «derechos lingüísticos». Tras rechazar el Ayuntamiento las alegaciones presentadas contra la multa, el asunto acabó en los tribunales por la vía contencioso-administrativa.
