Un juez obliga a retirar uno de los símbolos de fanatismo separatista más antiguos de Cataluña

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Gerona ha ordenado al Ayuntamiento de Hostalric (Gerona) que retire el lazo amarillo gigante de plástico que lleva instalado en la ladera del Castillo de Hostalric desde 2016, lo que lo convierte en uno de los símbolos independentistas colocados en el espacio público al calor del procés más antiguos de Cataluña.

Según el auto, al que ha tenido acceso El Debate, el juez requiere al gobierno municipal de Hostalric –encabezado por Nil Papiol, de Sumem per Hostalric– que «en el plazo de tres días» proceda a la retirada del lazo amarillo. Se trata de una sentencia particularmente contundente –que se puede recurrir en un plazo de 15 días– y en la que el magistrado considera que el respeto a la libertad de expresión «no ampara la ocupación permanente e indefinida de dominio público sin autorización administrativa y con vulneración del principio de neutralidad de las administraciones públicas».

En su defensa, el Ayuntamiento había intentado alegar que el lazo no estaba ligado al nacionalismo ni al procés independentista, sino que había sido instalado el 27 de abril de 2016 «por iniciativa de un grupo de vecinos» con motivo del 20º aniversario del Día Internacional de la Concienciación sobre los Efectos del Ruido, y que su objeto era quejarse de la contaminación acústica que sufre Hostalric por la cercanía de la autopista, el aeródromo y las vías de tren.

El juez, no obstante, rechaza este intento de desviar la atención, y ha parado los pies al consistorio, recordando que desde el referéndum ilegal de octubre de 2017 los lazos amarillos adquirieron «una significación política mayoritaria y predominante vinculada a la reivindicación independentista».

El magistrado recuerda también que varios juzgados catalanes han emitido sentencias en los últimos años obligando a los ayuntamientos a retirar simbología de este tipo por vulnerar «el deber de neutralidad ideológica» que se requiere a las instituciones públicas. «La polisemia del símbolo a nivel mundial no excluye su significación política predominante en un contexto territorial, temporal y físico concreto», concluye el juez.

Triunfo sobre el «totalitarismo»

El caso contra el lazo amarillo de Hostalric nació a raíz de un recurso interpuesto por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano. Su presidente, José Domingo, celebra la decisión del juez y señala que la retirada del lazo «es un síntoma del triunfo de la neutralidad institucional y de la calidad democrática respecto a la connivencia de algunas administraciones públicas con los nacionalistas más radicalizados».

En declaraciones a El Debate, Domingo lamenta que los separatistas a menudo han considerado «equivocadamente» que tenían derecho a usar el espacio público en su beneficio, y se alegra de que los tribunales hayan «corregido» estas «prácticas totalitarias». «Lo triste –apunta– es que lo hayan tenido que hacerlo a instancia de las asociaciones y de los ciudadanos y no por acciones de las autoridades públicas».

Domingo asegura que desde Impulso Ciudadano se mantendrán alerta este lunes, momento en que finaliza el plazo dado por el juez, para comprobar que el Ayuntamiento haya ejecutado la retirada.

Una larga historia

La polémica en torno al lazo gigante de Hostalric lleva tiempo arrastrándose. Por un lado, está la aparente contradicción entre el ecologismo que profesa el alcalde y la contaminación que supone tener un trozo de plástico gigante en la loma de un espacio natural durante casi una década.

El lazo, además, ha sido objetivo frecuente de la acción de grupos españolistas que han actuado para retirarlo. La organización Unión de Brigadas cifraba en X en más de 50 las veces que se ha retirado, pero siempre ha vuelto a ser colocado. En 2023, el exalcalde de Hostalric fue a juicio junto con tres exregidores y el secretario municipal por prevaricar al imponer una multa excesiva a una mujer que había retirado símbolos nacionalistas del municipio sólo para «escarmentarla», según la Fiscalía.

La Audiencia de Gerona absolvió al alcalde y a los tres regidores, pero condenó a nueve años de inhabilitación al secretario interventor. Este recurrió la sentencia, y en julio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le aplicó la Ley de Amnistía.