Lérida debatirá en el próximo pleno municipal la prohibición del burka, a propuesta del PSC

La prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de Lérida no ha logrado el respaldo necesario en la comisión informativa municipal, con los votos en contra de ERC, el PP y el Comú de Lérida, y la abstención de Junts y Vox. Pese al tropiezo, el gobierno socialista que dirige el alcalde Fèlix Larrosa ha confirmado que llevará igualmente la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia al pleno previsto para el próximo 25 de septiembre, en una maniobra que evidencia su determinación por sacar adelante una medida que, paradójicamente, choca de frente con la posición oficial de su propio partido a nivel estatal y catalán.

El texto, que sustituye a la normativa vigente desde 2007, incluye en su artículo 12 la prohibición de «llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos». Aunque el articulado evita nombrar expresamente el burka o el niqab, no hay margen para la ambigüedad sobre su verdadero objetivo. La norma contempla excepciones puntuales para lugares de culto y actos de tradición social, pero Larrosa ha querido zanjar cualquier resquicio de duda al respecto: «Ir por la calle Major no es una tradición religiosa», ha declarado el regidor, dejando claro que la vida cotidiana en el espacio público queda al margen de cualquier excusa cultural o confesional.

Multas de hasta 750 euros y un plan «socioeducativo»

El régimen sancionador previsto califica el incumplimiento como infracción leve, con multas que oscilarán entre los 400 y los 750 euros, aplicables tras un primer aviso informativo. El alcalde ha insistido en que la ordenanza está «contrastada técnica y jurídicamente» por los servicios jurídicos de la Paeria, y ha anunciado que la medida irá acompañada de un plan socioeducativo destinado, según sus palabras, a evitar el aislamiento de las mujeres afectadas por la prohibición. En esta línea, Larrosa ha lanzado una de las frases más contundentes del debate: «Hay mujeres recluidas en casa por motivos familiares y no hay ningún precepto en el Corán que diga que tienen que ir tapadas», un argumento que sitúa la medida en clave de defensa de la libertad femenina frente a posibles imposiciones dentro de determinados entornos familiares o comunitarios.

La nueva ordenanza no se limita al velo integral. El catálogo de sanciones se endurece también para otras conductas incívicas: las infracciones graves —entre 751 y 1.500 euros— y muy graves —de 1.501 a 3.000 euros— conviven con ejemplos ya debatidos en la comisión, como orinar en la vía pública (de 501 a 600 euros), el ruido nocturno (601 a 750 euros), el botellón (400 a 500 euros) o solicitar servicios de prostitución en la calle, que podrá acarrear multas de entre 1.000 y 1.500 euros.

La ciudad ya fue pionera en España en 2010, cuando el entonces alcalde Àngel Ros —también del PSC— aprobó una prohibición similar del velo integral. Aquella norma contó en su momento con respaldo municipal, pero el Tribunal Supremo la anuló tres años después al considerar que la regulación de un derecho fundamental como la libertad religiosa correspondía al legislador estatal y no a los ayuntamientos. Ese antecedente jurídico sobrevuela ahora la nueva iniciativa, que el equipo de gobierno defiende como una actualización necesaria de una normativa «desfasada» ante los retos de convivencia actuales.

Mientras Larrosa impulsa el veto en Lérida, el PSOE votó en contra en el Congreso de una proposición de ley de Vox que reclamaba exactamente la misma prohibición a escala estatal, y en el Parlament de Catalunya los socialistas también han rechazado mociones que pedían limitar el uso de estas prendas, amparándose en la libertad religiosa. La divergencia entre el pragmatismo municipal y el discurso oficial del partido vuelve a poner de relieve cómo, cuando la gestión cotidiana del espacio público obliga a tomar decisiones concretas, ciertos principios ideológicos ceden ante la realidad que viven los vecinos.

Desde Junts, la portavoz municipal Violant Cervera explicó que la abstención de su grupo responde a que «hemos recibido tarde la justificación de la aceptación de algunas de nuestras enmiendas y todavía estamos negociando otras, por lo que consideramos que todavía no es el momento de fijar una posición definitiva». Cervera reclamó una ordenanza «clara con los derechos y los deberes de los ciudadanos» y «aplicable y viable», y confirmó que su formación seguirá negociando con el gobierno municipal antes del pleno decisivo. El PSC, por su parte, ha dejado claro que continuará las conversaciones con todos los grupos en los próximos días, con la vista puesta en lograr una mayoría que, tras el tropiezo en comisión, no tiene todavía garantizada.