Momento de un parto por cesárea

Profesionales sanitarios atendiendo un partoAriadna Creus i Àngel García

Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano prevé incluir la «violencia obstétrica» como un delito de género

La propuesta ha generado rechazo entre los profesionales de la salud que temen no poder ejercer la profesión sin riesgo a ser denunciados como «maltratadores machistas»

Los intentos para ser cada día más feminista están llegando a límites antes no vistos. Los tres socios de Gobierno en la Comunidad Valenciana –PSOE, Compromís y Unides Podem– registraron el pasado 17 de noviembre una enmienda para que se considere la «violencia obstétrica» como delito machista
Los del 'Pacte del Botànic' quieren incluir ésta a través de un artículo dentro de la Ley de Violencia sobre la Mujer, previsto para debatirse y aprobarse en las Cortes Valencianas en diciembre. 
La propuesta ha sentado como un jarro de agua fría a los médicos y sanitarios de obstetricia quienes señalan que esta idea es «un despropósito» ya que, de aprobarse, ejercer la profesión «será imposible». Indican que con ella se abriría la veda a poder ser denunciados por lo penal simplemente por cumplir con sus funciones, como hacer una cesárea de urgencia sin consentimiento previo
Y es que se define como violencia obstétrica a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas. Entre la lista de actos calificados como «violentos, no apropiados o no consensuados» se encuentran las episiotomías sin consentimiento u obligar a parir en una determinada posición así como, a nivel psicológico, dar a la usuaria un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo o humillante.
Pero los profesionales ginecológicos señalan que todas esas definiciones son muy ambiguas y que esta inclusión en la Ley de Violencia sobre la Mujer pondría en peligro la integridad de los profesionales. «Nos criminaliza», lamentan, puesto que pasarían a considerarse «maltratadores machistas» en caso de ser denunciados. 

Dimisiones

El malestar por esta iniciativa ya se ha cobrado sus primeras víctimas en forma de dimisiones. La responsable de la comisión de Violencia de Género del Hospital La Fe, Ana Monzó, presentó ayer lunes su cese como presidenta del órgano alegando el sinsentido de que por el hecho de desarrollar su profesión se le vaya a considerar una «maltratadora machista» cuando su trabajo en la comisión es defender los derechos de la mujer. 
En la misma línea se ha pronunciado Reyes Balanzá, jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecologia del departamento de Salud Valencia-Dr. Peset, quien también ha presentado su dimisión en el cargo.
Comentarios
tracking